El 15 de diciembre de 2015 finalizaron las excavaciones en el polígono 1 de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. A pesar de que se removieron 24 mil metros cúbicos de escombros, con una profundidad de 15 metros, no se encontraron restos óseos. Ese mismo año, durante la campaña a la Alcaldía de Medellín, el candidato Federico Gutiérrez firmó un documento con la Mesa Voces de Paz en el que se comprometía a continuar con la excavación de los dos polígonos restantes que había delimitado la Fiscalía. Como alcalde, Gutiérrez no continuó con este proceso, a pesar que la saliente Alcaldía dejó 800 millones de pesos para continuarlo, y ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de ordenar la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en dos zonas de La Escombrera, ubicadas en el interior de la empresa Construcciones El Cóndor S.A.

En el Auto AI 010 de 2020, la JEP decretó una medida cautelar para proteger, durante cuatro meses, los sitios denominados “Polígono nuevo”, sugerido por la Fiscalía, y la “zona de bajos cambios en la cobertura del suelo”, sugerido por el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP, y le ordenó a la Alcaldía de Medellín y a la Policía que cerraran los polígonos para su conservación. También le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP que elaborara un plan de intervención, búsqueda y prospección que permita el desarrollo de las diligencias, para lo cual dieron un mes.

En estos nuevos polígonos se removerían 41.500 metros cuadrados de tierra, algo así como el tamaño de cuatro canchas de fútbol. Pero intervenir La Escombrera no es un asunto nuevo y la experiencia del proceso de 2015 debería tenerse en cuenta en una futura intervención, dicen algunas fuentes consultadas por la Agencia de Prensa IPC.

Una herida abierta en la ciudad

Jorge Mejía fue Consejero de paz y reconciliación de la Alcaldía de Medellín en 2015 y uno de los integrantes del Comité de Posconflicto, del cual participaban, entre otros, Lucía González, directora del Museo Casa de la Memoria, y Luz Patricia Correa, directora de la Unidad de Víctimas de la ciudad. Mejía y Correa primero convencieron al entonces alcalde Aníbal Gaviria para que aceptara la intervención del primer polígono, para el cual destinaron mil millones de pesos. Luego le siguieron reuniones con Fiscalía, Ministerio del Interior y Cooperación Internacional.

Mejía dice ahora que ese proceso no fue una tarea sencilla, porque la competencia del caso era de la Fiscalía y no de la Alcaldía, además porque el ente investigador solo tenía una fuente: Juan Carlos Villa, alias Móvil Ocho, exmiembro del Bloque Cacique Nutibara de las AUC. Con su versión se definieron los tres polígonos.

En su momento fue una de las críticas que hicieron organizaciones como Équitas, Movice y la Corporación Jurídica Libertad (CJL). Ahora dice la Fiscalía que el exparamilitar, entre octubre y noviembre de 2018, identificó varios puntos sobre imágenes satelitales en donde inhumaron cuerpos, los cuales “no pudo precisar con exactitud el día que realizó la visita campo en el año 2014, debido a los cambios notorios que había sufrido el sector por causa de las intervenciones llevadas a cabo por La Escombrera y la cantera por sus labores de explotación en los últimos años”, aseguró el topógrafo Albeiro Marín. Partiendo de este nuevo testimonio de Móvil Ocho, se propuso un nuevo polígono que toma parte del denominado Polígono 2.

Adriana Arboleda, integrante de la CJL y vocera del Movice en Antioquia, dice que el denominado “Nuevo Polígono” “sí se acerca un poco en el sentido de que era el sitio más utilizado, según Móvil Ocho. Ese sitio es el que estaba más cerca de la laguna, que es donde insisten que tenían la base paramilitar”.

Mientras las organizaciones sociales y de víctimas celebran la decisión de la JEP de intervenir los dos polígonos, por otro lado, cuestionan la solicitud de la JEP de recopilar ADN de los familiares de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín, pues esta tarea la adelantaron Medicina Legal y Fiscalía en el 2015. Una de ellas fue la jornada del 30 de octubre de ese año, convocada por la Fiscalía, en coordinación con CJL y la Obra Social Madre Laura.

Luz Elena Galeano, líder de Mujeres Caminando por la Verdad, dice que es importante que ordenen la toma de muestras, pues hay víctimas a quienes no se las han tomado, pero “nosotros decimos que en Mujeres Caminando por la Verdad ya tomaron las muestras, es decirle a Medicina Legal que revise esas muestras en el banco de sangre; que, si hay muestras deterioradas, hay que tomarlas de nuevo”.

Adriana Arboleda considera que “hay un error, que ahora no hay que hacer nuevas muestras sino mirar el estado de las muestras que ya se tomaron”, pues hay familias a las que ya les tomaron hasta tres muestras. En la actualidad, la JEP tiene una base de datos con 459 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13. Esperan cotejar las pruebas de ADN con 59 cuerpos recuperados del Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia que antes estaban en el Cementerio Universal.

Arboleda dice que aún no se sabe si esas 59 víctimas eran de la Comuna 13 y si los traumas obedecen a hechos del conflicto, y agrega que enviarán una comunicación a la JEP porque “por el momento no hay que hacer más tomas de muestras de sangre para el ADN. La JEP toma la decisión por solicitud de Medicina Legal, y no tiene sentido que ellos pidan la toma de muestras si ya lo habían hecho”.

La experiencia de Medellín

En la Sistematización del proceso de prospección, búsqueda, identificación e inhumación de víctimas de desaparición forzada y de reconstrucción de memoria y atención psicosocial a sus familiares, en La Escombrera, Comuna 13 de Medellín, coordinada por Adriana González, profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, se describe que ese proceso tuvo varios componentes, como la prospección arqueológica y búsqueda de desaparecidos, el acompañamiento psicosocial y la reconstrucción de memoria.

Al lado del Polígono 1 se instaló un contenedor, a donde asistían los familiares de las víctimas. Según el documento, ese campamento fue “uno de los grandes aciertos de este proyecto. Se debe fortalecer de cara a ser una de las estrategias bandera del mismo, a futuro, ya que en el momento que el grupo Mujeres Caminando por la Verdad concibe la realización de la dignidad como fundamento importante en el goce de sus derechos, es aquí donde el campamento juega un papel importante, no solo como herramienta de veeduría, participación, acompañamiento psicosocial y construcción de memoria, sino como un lugar que en palabras de las mujeres ‘ayuda a dignificar a las víctimas’”.

“Esperamos que nosotras, incluso las organizaciones que nos han acompañado, podamos estar articulados en la búsqueda de nuestros seres queridos. Para nosotros fue dignificante estar allá, ver que con transparencia hacen las cosas bien”, sugiere Luz Elena Galeano.

Jorge Mejía dice que las fuentes han sido un inconveniente para saber en qué lugar se debe buscar en La Escombrera. “Es como buscar una aguja en un pajar”, agrega. Pide que se contraste el ADN que ya se recopiló con los restos del Cementerio Universal y otros del departamento, y que se investigue a las empresas que han explotado esa zona de la ciudad.

“Me refiero a identificar las empresas que explotaban comercialmente ese territorio, identificar los conductores de las volquetas que llegaban a primera hora del día y que se iban en la noche porque presumiblemente se podría encontrar información. Imposible que esas empresas, operarios y trabajadores no hubiesen visto nada. Ahí le ha faltado a la Fiscalía”, dice Mejía. 

Luz Patricia Correa dice que uno de los logros de ese proceso, a pesar de que no se encontraran restos humanos, fue la articulación con las instituciones y la coordinación del Comité de Posconflicto de esa Alcaldía que se dividió en componentes, un aspecto que destaca la Universidad de Antioquia en el documento de sistematización. Por otro lado, Correa dice que una de las experiencias más difíciles fue la concertación con las organizaciones sociales. A pesar de ello, asegura que la participación de estas también debe ser fuerte en una nueva intervención. En sus palabras, “un aprendizaje es que eso tiene una logística. Tuvimos que pagar las cuentas de servicios de EPM, porque por la noche se entraba la gente. Tuvimos que poner energía en el campamento”.

Pero también se pregunta quién va a pagar esa diligencia. Entre otras razones, porque el auto de la JEP no lo dice y en el 2015 la Alcaldía de Medellín asumió la responsabilidad de todos los gastos, incluyendo maquinaria, alimentación y transporte de la Fiscalía, así como el transporte y alimentación de los familiares de las víctimas que visitaban el campamento.

Jorge Mejía cree que es el Gobierno Nacional quien debe asumir ahora el costo de la intervención en La Escombrera: “esa decisión de la JEP debe ser asumida por parte del Estado, no necesariamente la Alcaldía de Medellín. El Gobierno Nacional debería asumir su cuota de responsabilidad, porque él fue protagonista en ese ejercicio que dio lugar a las desapariciones, como lo fue la Operación Orión.”

Lea también: Lo que hicieron y dejaron de hacer en la Comuna 13

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