Al final de la audiencia que la JEP hizo en Medellín el 8 y 9 de octubre de 2019, Alirio Uribe Muñoz dijo que quería dejar constancia de las “acciones irregulares que hubo en el afán por cumplir los tiempos del megaproyecto Hidroituango. Que la Fiscalía no cumplió su función en el cañón del río Cauca.”
Cerca de un año después, este abogado asegura que con la solicitud inicial de medidas cautelares para 16 lugares en el país, entre ellas la inundada por el proyecto hidroeléctrico en el Occidente y Norte de Antioquia, quieren mostrar la violencia asociada a ese megaproyecto, como los desplazamientos, asesinatos y masacres, “visibilizar la complicidad empresarial con la guerra sucia, esa captura del Estado que allí se expresa en la captura misma de la empresa hacia la Universidad de Antioquia, hacia la Fiscalía, para dar vía libre a su megaproyecto”.
En esta entrevista con la Agencia de Prensa IPC, Alirio Uribe Muñoz se refiere a las irregularidades en la búsqueda de personas desaparecidas y en el traslado de los cementerios irregulares del sector La Fortuna (Buriticá), la vereda Orobajo (Sabanalarga) y el corregimiento Barbacoas (Peque).
Esta entrevista hace parte de la investigación Los desaparecidos que negó Hidroituango.
IPC. ¿Cómo llega el Colectivo José Alvear Restrepo a los desaparecidos en el cañón del río Cauca?
A.U. Nosotros como colectivo de abogados acompañamos a Ríos Vivos en general por la situación humanitaria de esta organización. Tenemos unas escuelas de formación para gente que está peleando contra megaproyectos. Hacemos un proceso de formación. El requisito para pertenecer a esa escuela es que vivan en el territorio y que estén peleando contra una petrolera, una hidroeléctrica, un proyecto minero, de carbón, de oro.
Tenemos una escuela de facilitadores que se hace a nivel nacional. Es una especie de beca para que la gente haga una ruta de accesibilidad a sus derechos. En la escuela acompañamos unas cosas desde lo jurídico, para que la gente se empodere, que entienda que los impactos a las comunidades son los mismos en África y Asia.
Por esa ruta llegamos a Ríos Vivos y a conocer la situación. Luego viene la crisis de la represa y todo el tema de lo que pasó: la tragedia, los desplazamientos, asesinatos de líderes. En ese contexto acompañamos a Ríos Vivos, cuando vienen las medidas cautelares.
Para la audiencia de la JEP, hablamos con las organizaciones afiliadas a Ríos Vivos, se hicieron reuniones preparatorias en Bogotá y Medellín, en las que explicamos qué es la JEP, qué es una medida cautelar, también se hizo un trabajo interesante que fue una cartografía de fosas, de acuerdo con sus testimonios. Se hizo de manera virtual, con mapas de las épocas y georreferenciación.
IPC. ¿Qué se encontraron en la cartografía de fosas?
A.U. Es un proceso que no se ha concluido. La gente hizo la reconstrucción de lo que fue la convivencia en el río y el manejo que hicieron de los restos que bajaban por el río.
Se acercan a la desaparición forzada por varias vías: tener familiares desaparecidos o asesinados o porque algunos miembros de familiares de las comunidades ingresaron a grupos armados, de forma voluntaria o forzada, y no se sabe qué pasó con ellos; lo otro es que barequeaban en el río, sembraban en las riberas, y por ahí veían bajar los cadáveres. Por vía de cultura, cuando estaban en un remanso del río, donde se acercaba un cadáver, en algunos casos los empujaban a la corriente para que siguieran bajando y en otros los recogían y los sepultaban.
Ríos Vivos no es un organismo de DDHH, ni un movimiento que abogue por buscar a los desaparecidos. Este tema se les apareció con la coyuntura de la inundación.
Ellos generaron muchos casos, pero la cartografía se ha hecho con cinco o seis personas luego de las medidas cautelares, y se identificaron 13 o 14 casos, pero por la covid-19 ese proceso se suspendió. Hubo otra cartografía que hizo Équitas con información que solicitó al Grube de la Fiscalía.
IPC. ¿Cuáles fueron las irregularidades en la búsqueda de personas desaparecidas en la zona del proyecto Hidroituango?
A.U. Para hacer el llenado se tenía que verificar primero qué se iba a hacer con los enterramientos y fosas que había en la zona. La gente tenía claro que en muchas playas del río se habían hecho enterramientos, pero también tenían claro que se hicieron enterramientos en cementerios comunitarios, como en Orobajo, donde había dos cementerios. Cuando el cementerio estaba tan cerca de las orillas, enterraban allí las personas que recogían.
¿Por qué la gente no reportaba los cuerpos? Porque los cascos urbanos estaban muy lejos, y cuando lo anunciaban, los obligaban a llevar el cadáver hasta el pueblo. Por eso lo enterraban y ya. Algunos hicieron rescates de cuerpos. Eso sucedió durante muchos años. No pasaba todos los días.
Había una tensión sobre qué pasaría con los desaparecidos en el cañón que iba a ser inundado. Ahí es cuando aparece EPM con Integral y Socya.
Me imagino, no lo puedo probar, a la empresa diciendo que tiene que inundar en equis fecha, porque el proyecto ya venía retrasado.
La empresa, me imagino que le dice a la Fiscalía que saque los muertos para poder inundar. Ellos le dicen que están locos, que eso es dispendioso, técnico, con forenses. Entonces es cuando una empresa asume la justicia por su propia mano y empieza a utilizar las empresas que hacen ese trabajo de responsabilidad en la zona, que conocen los líderes, la gente y empiezan a hacer un mapeo de fosas y hacen prospecciones. Eso lo tendría que hacer las autoridades judiciales, además porque las personas que sacaban del río tenían una muerte violenta; también se usaba el río para matar gente, como tirar personas heridas para que se ahogaran. Había sitios de enterramiento que algunos identificaron y otros que nunca se ubicaron, que no se exhumaron, como son los que salieron en la cartografía que se está haciendo. Todo eso es irregular, porque utilizaron pico y pala para sacar lo que pudieran, y luego decir que ya no hay nada.
Ahí es cuando dicen que hicieron recorridos y sacaron cuerpos. La Fiscalía no tiene la capacidad de hacer todas las prospecciones, eso tomaría años. Ellos resuelven hacer lo que pueden con la Fiscalía. Por eso ellos pasaron un informe de 195 exhumaciones.
Por otro lado, se inventan la figura de traslado administrativo. Que es algo normal: si mi papá está enterrado en Cúcuta y mi mamá en Bogotá, hago los papeles para traerlos para Bogotá. La pregunta es por qué se hicieron traslados administrativos, como lo dice la Universidad de Antioquia, si no podían entregar los cuerpos. A mucha gente lo que le pasó es que le desaparecieron a su familiar que no estaba desaparecido, es decir, los restos. Imagine si yo entierro a mi mamá en Orobajo y un día me entero que se llevaron los muertos de allí, inundan y no sé qué pasó con mi familiar.
Les dieron esa connotación de traslado administrativo a restos que no se sabía quiénes eran, y en esos podía haber víctimas de violencia, que pudieron ser enterrados por los habitantes de la zona. Hablo de los cementerios comunitarios. Puede haber una situación de incompetencia. Al final muchos de los restos que tiene la Universidad de Antioquia potencialmente pueden pertenecer a personas desaparecidas. ¿Cómo una Universidad pública se presta para esto por plata? Entonces terminan desapareciendo los desaparecidos.
IPC. El 15 de noviembre de 2017 la Fiscalía le respondió a EPM la solicitud de traslado administrativo de los cementerios que “en vista que se trata de hechos ajenos al conflicto armado no es nuestra competencia autorizar ni intervenir en este procedimiento” y advirtieron que esa respuesta no obedecía a una orden judicial…
A.U. Eso es un seguro que EPM se compró para tener algún escrito. Es como cuando se van a comprar tierras despojadas y le preguntan a la oficina de registro si se tiene conocimiento de que las tierras son expropiadas y les contestan que no tienen conocimiento, y van y compran lo que saben que es robado.
Yo creo que era una jugada de los abogados y de la empresa, insisto, para matizar algo que se sabía era irregular y que podía traerles consecuencias judiciales.
IPC. ¿Cómo debió ser el proceso regular para la búsqueda de personas desaparecidas?
A.U. Un proceso regular era hacer una cartografía, buscar las fosas, hacer un mapeo, pedirles a las autoridades judiciales para que intervinieran en esos sitios. Eso en cuanto a fosas y enterramientos de personas no identificadas.
En el caso del traslado administrativo era buscar a los familiares y haber tenido un consentimiento previo e informado. Una autorización donde preguntan para dónde llevan a sus familiares. Y no como ahora cuando la gente pregunta dónde están sus familiares.
Por otro lado, decirles a los líderes o autoridades comunitarias para que autoricen desocupar los cementerios no es regular. Además de que se debió hacer la prueba a todos los restos.
