En Colombia hay 749 Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) y en nueve años de implementación de la Ley de Víctimas solo han terminado 14 planes, es decir el 1.8%.
Según Elena Ambrosi, procuradora delegada para la paz y los derechos humanos, el presidente Iván Duque espera terminar su gobierno con la reparación de 140 SRC, pero para cumplir esa meta necesitaría 16 años más. Esta es una de las conclusiones que expuso en el diálogo Reparación colectiva en Colombia. Una mirada desde Antioquia, que organizó el Instituto Popular de Capacitación (IPC), y en el cual participaron congresistas, instituciones como la JEP, la Comisión de la Verdad, Procuraduría y Unidad de Víctimas; organizaciones defensoras de Derechos Humanos y la Red de Sujetos de Reparación Colectiva de Antioquia.
Mientras en el Senado falta un último debate para prorrogar la Ley de Víctimas, atendiendo la decisión de la Corte Constitucional que le exigió legislar al respecto, el senador Antonio Sanguino asegura que la apuesta de la bancada propaz del Congreso es ampliar la vigencia por diez años más, hasta 2031, o por quince más, como lo propone el representante John Jairo Hoyos, y no hacer modificaciones que le darían la oportunidad al partido Centro Democrático de incluir cambios que afectarían la reparación de las víctimas del país, pues “en la Comisión Primera del Senado quisieron meterle un «mico» a la Ley de Víctimas para beneficiar a los testaferros del despojo de tierras en el país”, señala Sanguino.
De los 749 Sujetos de Reparación Colectiva, 481 son étnicos, 215 no étnicos y 53 pertenecen a organizaciones y grupos. Las fases o ruta de reparación están conformadas por identificación, alistamiento, caracterización del daño, diagnóstico del daño, diseño y formulación, implementación e implementado. De acuerdo con esto, y hasta el 31 de agosto, en el país había 50 SRC en etapa de diseño y formulación, y 156 en implementación, es decir, que el 77% de los sujetos aún no ha empezado la ruta de reparación.
En Antioquia, por su parte, hay 65 SRC y solo dos ya terminaron sus planes, mientras que 22 están en fase de implementación. La pregunta, entonces, es por qué el avance es tan lento en casi una década y si una década más, si se prorroga la Ley por diez años, es suficiente para reparar a todos los SRC.
Las dificultades de la reparación
Marcos Oyaga, investigador de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), dice que es claro que la afectación colectiva se ha dado de manera más fuerte y desproporcionada en contra de las comunidades indígenas y que el 66% está en las etapas iniciales de reparación, es decir, de identificación y alistamiento.
Son varias las dificultades identificadas por ellos en el acompañamiento a los SRC en la Costa Caribe, en donde hay 58 sujetos no étnicos. De estos, 34 están en implementación, con un porcentaje de ejecución por debajo del 50%. Uno de los casos es el SRC del corregimiento Libertad, en San Onofre, Sucre, en donde están en implementación desde 2013 y solo han avanzado el 35%.
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Para Oyaga, son excesivos los tiempos de implementación de los planes y le restan potencial reparador a las medidas, con esto se pierde la conexión entre las primeras y las últimas medidas de reparación, lo que le quita confianza y legitimidad al proceso.
“Otro de los problemas es la articulación institucional y articulación nación-territorio. La Unidad ha tenido capacidad muy baja de coordinar y de garantizar que las otras entidades con responsabilidad en la reparación colectiva cumplan”, dice.
También señala que hay tres problemas relacionados con los operadores logísticos: “uno, los tiempos de operación logística no corresponden con los tiempos de las comunidades; dos, muchas veces los productos y servicios de los operadores no corresponden con la realidad del territorio y terminan generando acción con daño; y tercero, los tiempos disponibles para esa operación logística es muy limitado”. Por ejemplo, en 2017 solo hubo operación logística entre octubre y diciembre; en 2018 inició entre marzo y abril, y en 2019 inició entre abril y mayo.
Según Lucely Londoño, quien lideró la Red de Sujetos de Reparación Colectiva en Antioquia, uno de los hallazgos de la caracterización realizada en el marco de la implementación del plan del IPC, en este departamento “17 de los 20 SRC que participaron de la Red perciben que en el proceso de reparación colectiva se han presentado acciones con daño. Es decir, en el 88% de los casos.” Uno de los casos más recurrentes es la demora en la entrega de información relacionada con su proceso o la negativa a implementar algunas medidas aprobadas en el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC).
El IPC también identificó la desarticulación institucional y la desarticulación de la Unidad de Víctimas con el Acuerdo de Paz, pues la Unidad “no ha mostrado voluntad política para articular sus programas con la institucionalidad del SIVJRNR”, conformado por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
Codhes e IPC coinciden en que la presencia de la Unidad no es permanente en los territorios, que no hay un proceso que fortalezca de manera efectiva a las organizaciones y los territorios, hay demoras en la entrega de información sobre la ruta de reparación, que los operadores no conocen los territorios ni están comprometidos con la reparación y que no existe un enfoque de género, de diversidad sexual, étnica o territorial, “y cuando lo hay es una formalidad que no se aplica”.
En este punto coincide July Andrea Gutiérrez, del Colectivo Casa Diversa, para quien la Unidad de Víctimas “no tiene enfoque de diversidad de género para la población LGBT. Además su acompañamiento solo es técnico y financiero”. Por otro lado, Dora Cano, del SRC de Nueva Colonia en Turbo, dice que se enfrentan a una barrera de oferta institucional, pues como SRC están sometidos a lo que la Unidad les pueda brindar, desde la Resolución 3413 de 2018. “Eso les quita individualidad a los SRC”, dice.
¿Qué hacer con la reparación colectiva?
El senador Iván Cepeda asegura que se le ha prestado más atención a la reparación individual y se ha descuidado la colectiva. La reparación de los SRC ha sido lenta y el panorama político no ofrece una oportunidad de que esto cambie.
Mientras el representante Omar Restrepo dice que sí es posible modificar la Ley, los senadores Roy Barreras y Antonio Sanguino son más escépticos. Sanguino asegura que “lo ideal sería ajustar la Ley de Víctimas pero la realidad política del Congreso y el país nos llevó a decidir que la batalla era la prórroga de la Ley”. Así las cosas, ¿en una década más la Unidad de Víctimas podrá implementar los planes de reparación del 98.2% de SRC restantes?
EL Instituto Popular de Capacitación-IPC plantea que para que se dé una reparación colectiva efectiva en Colombia, debe replantearse el enfoque reparador con el que se ha venido implementando la Ley, dado que se está hablando de sujetos políticos de derechos. También propone adecuar la arquitectura institucional que permita garantizar el restablecimiento de derechos y, sobre todo, debe avanzar en aquellas medidas que se han contemplado para disminuir la impunidad, verdad y garantías de no repetición, lo cual implica que las entidades del SNARIV deben cumplir su rol en la reparación.
