Veinte días, entre el 28 de septiembre y el 17 de octubre, duró el segundo episodio de contingencia atmosférica en el Valle de Aburrá y la calidad del aire osciló entre bueno y moderado, según el Siata. Distinto fue el primer episodio a principio de año, cuando hubo pico y placa ambiental y se desarrollaron las primeras audiencias sobre la calidad del aire en el Tribunal Administrativo de Antioquia como parte de la acción popular que interpuso un grupo de ciudadanos de la región.
Si bien este segundo episodio no fue de alarma en comparación con otros en la última década en Medellín y sus municipios vecinos, los problemas ambientales están lejos de resolverse. La audiencia pública sobre la calidad del aire en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que convocó el representante a la cámara Ómar Restrepo el 23 de octubre, volvió sobre los problemas ambientales ocasionados por ladrilleras, carboneras, industrias y vehículos. Una especie de discurso que colectivos ambientalistas y académicos vienen repitiendo desde hace años en la ciudad sin que las administraciones municipales y corporaciones ambientales tomen medidas de fondo.
La calidad del aire afecta a todos los habitantes de la región, pero hoy están enfrentados un grupo de organizaciones y colectivos de ciudadanos con la institucionalidad, porque las medidas nunca llegan. En la audiencia insistieron en problemas, preguntas e irregularidades que perviven.
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De Bello a Itagüí
Alexander Álvarez es uno de los integrantes del comité de afectados por la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) Aguas Claras en Bello, que EPM instaló en su municipio y que entró en operación en 2018. “Desde entonces la comunidad ha tenido que padecer olores nauseabundos, asociados a materia fecal y cañería. A la fecha los olores continúan. Según EPM la planta no tiene problemas”, dice.
El PTAR Aguas Claras costó 1.6 billones de pesos, según EPM. Entre esta PTAR y la Planta San Fernando, agregan, “estamos recolectando y tratando más del 84% de las aguas residuales del Valle de Aburrá, evitando que lleguen al río más de 140 toneladas diarias de materia orgánica, contribuyendo a elevar el nivel de oxígeno disuelto en el río a un promedio de 5 mg/l (cinco miligramos por litro), característica de los ríos descontaminados.”
Incluso, el 19 de octubre se cumplieron los cuatro meses que el Juzgado Cuarto de Ejecución Civil Municipal le otorgó a EPM para que elaborara y ejecutara un plan para eliminar los olores a los que se refiere Alexander Álvarez. Según EPM, ya cumplieron 35 de las 36 acciones técnicas para controlar los olores y la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI) aseguró que ya los habían mitigado, disminuyendo, sobre todo, el lodo causante.
A pesar de lo anterior, agregó Álvarez, los olores persisten: “las acciones implementadas por Aguas Nacionales, filial de EPM, no han dado resultado. EPM dice que tenemos que convivir con los olores. Eso nos deja en dos escenarios: soportar los olores o desplazarnos”.
En el otro extremo de la región, en Itagüí, otro de los problemas es la contaminación asociada a las ladrilleras. Dice Edwin Bermúdez, integrante de la Corporación Cipas, que en ese municipio hay alrededor de 20 ladrilleras o alfareras y que la contaminación no solo es del aire sino de la explotación del suelo. “La realidad para muchas familias en Itagüí no son las fuentes móviles [como los vehículos] sino las fijas como las ladrilleras. No estamos hablando del cierre de estas industrias sino de soluciones a la problemática.”
Cristian Zapata, otro líder ambiental de Girardota, llama la atención sobre el Decreto 948 de 1995 en el cual se define un “área fuente” como aquella urbana, suburbana o rural que, por tener fuentes fijas de emisión, como las fábricas, es considerada un área generadora de sustancias contaminantes.
Mediante el Acuerdo Metropolitano #8 de 2011, el Área Metropolitana, dice Zapata, “clasificó como área fuente toda la cuenca del Valle de Aburrá. La norma dice que deben ser áreas identificadas y acá fijó toda la zona. El acuerdo 16 de 2017 declaró como área fuente de PM2.5 a todo el Valle de Aburrá. ¿Por qué hablamos de todo el Valle cuando podemos sectorizar donde se está emitiendo?”
Ante esto él se pregunta por qué mediante la resolución 430 del 5 de marzo de 2012, el Área Metropolitana le dio licencia ambiental en Girardota a la carbonera Enka de Colombia S.A., si antes había declarado como área fuente a todo el Valle de Aburrá. “Es claramente irregular porque en la licencia se eximió a que la empresa pagara tasa por generación de energía. ¿Por qué si declaramos área fuente luego concedí licencia a una carbonera en la zona de mayor densificación industrial?”, se pregunta. En consecuencia, señala, en 2014 las emisiones de PM2.5 aumentó en un 201% en ese municipio.
La acción popular
Mientras las denuncias continúan, los colectivos por el aire del Valle de Aburrá confían en que el Tribunal Administrativo de Antioquia les dé la razón. En marzo de este año este tribunal recopiló pruebas testimoniales a instituciones y profesionales que conocen la problemática de la contaminación atmosférica.
En la acción popular se solicita que se le ordene al Área Metropolitana que tome medidas estructurales para controlar y disminuir la contaminación, que suspenda permisos y resoluciones para el aprovechamiento de árboles hasta que no se tomen medidas, que se definan los lugares en donde, por compensación, se sembrarán, que se apliquen las guías de la OMS sobre los niveles máximos permisibles de material particulado como PM2.5 y PM10, los más dañinos para la salud, que se obligue al Área Metropolitana y a la Alcaldía de Medellín para que desarrollen un estudio sobre el impacto ambiental de la contaminación sobre la flora, la fauna, el suelo y el subsuelo, además de que haya un estudio de capacidad de carga del aire en el Valle de Aburrá.
Sin embargo, ese proceso tomaría años y, mientras tanto, en Medellín y los municipios vecinos siguen muriendo personas a causa de la contaminación, casi seis mil cada año.
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