Daniela Sánchez Romero y Juan Camilo Gallego Castro
“En 1998 o 1999 el Cementerio Universal estaba saturado, no había tumbas”, dice Gustavo Adolfo Caballero, quien fuera director de Decypol (Departamento de Estudios Criminológicos e Identificación) y responsable del cementerio entre 1994 y 2001. “Como la mayoría eran NN que venían de Medicina Legal, les dijimos que haríamos la exhumación y cremación, uno a uno, de los restos. Los embalamos y enterramos. Fueron alrededor de 2.000 restos óseos”.
Entre estos había cuerpos no identificados (CNI) y cuerpos identificados. No está claro cuántos corresponden a personas no identificadas, cremadas en el horno crematorio de este cementerio de Medellín. No lo saben Caballero ni Rafael Barrientos, uno de los sepultureros que más conoce ese lugar, la subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín dice que apenas se entera de esta situación y el Ministerio del Interior afirma que fueron 14.
Lo que sí es claro es que con esta cremación, decenas de familias no podrían encontrar e identificar a sus seres queridos, a pesar de que la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y Medicina Legal quieran hacerlo.
Este tema cobra relevancia, pues la JEP ordenó el cerramiento de varias zonas del cementerio en donde hay víctimas de desaparición forzada, sobre todo de la Operación Orión en la Comuna 13.
Un cementerio “Universal” para Medellín
En 1933 el Concejo de Medellín, por medio de una convocatoria pública, hizo un concurso para el diseño del cementerio. Había una condición: debía ser “universal”. Según el historiador Luis Alfonso Rendón Correa, se buscaba la solución a la segregación y discriminación de la mayoría de la población de la ciudad, “por el hecho de ser pobres, profesar un culto diferente de la religión católica, ser suicida y toda suerte de comportamiento que en ese entonces fuere socialmente mal visto”.
El concurso lo ganó el maestro Pedro Nel Gómez, en un momento en el que la ciudad necesitaba un tercer cementerio, por varias razones: el crecimiento demográfico, acabar con la tradicional diferencia entre cementerio de ricos (San Pedro) y pobres (San Lorenzo) y contar con un lugar con condiciones higiénicas y sanitarias para inhumar cadáveres.
En la actualidad, el Cementerio Universal es el único público de la ciudad y, paradójicamente, por su carácter “universal”, es el único en el cual entierran los cuerpos no identificados y el de cuerpos identificados no reclamados (CINR) por sus familiares que llegan de Medellín, municipios de Antioquia, incluso de departamentos como Chocó y Córdoba.
Diego Herrera, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, dice que “más allá de que es un cementerio público para pobres de solemnidad, sabemos que allí también se puede encontrar parte de la verdad que están reclamando los familiares de víctimas de desaparición forzada”. Agrega Patricia Latorre, coordinadora del Componente de Dignificación de esa subsecretaría, que el 40% de los cuerpos del cementerio están sin identificar y un 20% más corresponde a cuerpos identificados no reclamados por sus familiares, con base en información de Medicina Legal.
“La desaparición forzada es uno de los delitos más atroces y carente de humanidad que el conflicto armado nos ha dejado en Colombia. El que las familias no sepan qué pasó, dónde y en qué condiciones están los seres queridos, es una condena a la búsqueda permanente y a encontrar la paz”, dice Luz Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC).
“Fueron alrededor de 2.000 restos óseos”
Desde 2015, el Ministerio del Interior inició un proceso de fortalecimiento y diagnóstico de 573 cementerios de todo el país. Según Hugo Guerra, coordinador del Grupo de Articulación para la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado, su propósito era promover buenas prácticas de conservación y custodia de cuerpos o restos humanos de personas no identificadas.
Este plan inició justo en el mismo año en el que se expidió el Decreto 3030 de 2015 que reglamenta la Ley 1408 de 2010, con el fin de implementar medidas que contribuyan a localizar, identificar, inhumar y homenajear a las víctimas de desaparición forzada.
“Nuestro papel no es desenterrar personas o restos humanos, pero sí era tratar de identificar las zonas donde el Ministerio tuviera incidencia para mejorar la administración, para que esos restos humanos no se perdieran”, dice Hugo. Uno de esos cementerios fue el Universal de Medellín.
En el documento Diagnóstico Jardín Cementerio Universal, MinInterior hace una radiografía de todo el camposanto: su historia, infraestructura, zonificación, los cuerpos que llegan a este lugar y varias irregularidades que encontraron; dentro de estas, la cremación de 14 cuerpos no identificados en la década de los noventa y que correspondían a los meses de agosto a octubre de 1982.
“Hubo una ceremonia con el arzobispo. El administrador era Gustavo Caballero. En esa ceremonia se ordenó cremar los restos que estaban en fosas comunes. Eso se hizo con Coosercun. Cremaron más de 2.000 personas”, dice el sepulturero Rafael Barrientos. Él recuerda que fueron alrededor de dos meses cremando, “eso fue a lo bruto”, y que los enterraron uno por uno.
Dice también que parte de las cenizas las ubicaron en la bodega que utilizaban como almacenamiento. “Los que se cremaron era porque llevaban muchos años. Algunos fueron restos de antes de yo trabajar en el cementerio”, agrega.
Gustavo Adolfo Caballero, quien tenía a cargo el cementerio como director de Decypol entre 1994 y 2001, afirma que ordenó cremar alrededor de 2.000 restos óseos. Lo hizo porque, según él, entre 1998 y 1999, el cementerio estaba saturado y no había lugar para enterrar a más personas. La Agencia de Prensa del IPC no pudo confirmar el periodo en el cual fueron cremados los cuerpos; la Alcaldía de Medellín, una vez organice y clasifique la información del Cementerio Universal, confirmará la dimensión de esta decisión sobre posibles víctimas del conflicto armado.
“Eran cuerpos enterrados diez años atrás. El municipio no dejaba evidencia del doliente, no había información”, cuenta Caballero. Entonces, dice, hicieron una convocatoria general para pedirle a las familias que fueran a identificar a sus seres queridos y a sacar sus restos antes de cremarlos. Esta duró tres meses y consistió en poner avisos tipo vallas al interior del cementerio, llamar a emisoras e informar a las Juntas de Acción Comunal.
“Como la mayoría eran NN que venían de Medicina Legal, les dijimos que haríamos la exhumación y cremación, uno a uno, de los restos. Los embalamos y enterramos en un sector del cementerio. Fueron alrededor de 2.000 restos óseos”, explica Caballero.
Según su testimonio, estas cenizas fueron enterradas en tierra, “sobre el borde circular paralelo a los dos mausoleos”, envueltas en tres bolsas plásticas negras. Cada bolsa estaba marcada con los datos que existían de la persona y el número de la necropsia, “en ese momento los NN no tenían ninguna importancia, no contaban con ninguna estadística”, agrega.
Y es que hasta 2003, el horno crematorio estaba bajo la administración y el mando del Cementerio Universal. A partir de ese año fue entregado en comodato a la cooperativa Coosercun, creada por ex funcionarios del cementerio afectados por la Ley 617 de 2000.
Según Numael Cifuentes, Coordinador de la Oficina de Identificación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y citado por Mininterior en su informe, fueron varias las personas cremadas y de las cuales se desconoce su ubicación final. Afirma, además, que no es posible obtener más información detallada porque Decypol ya no existe.
Dice el informe que, en las licencias de inhumación revisadas, encontraron cuerpos que fueron cremados por orden de Decypol y que tenían la anotación ‘cremación en Decypol’ ubicada en la parte inferior de la licencia. “Este tipo de acciones dificulta el hallazgo de estas personas porque no se sabe dónde quedaron sus cenizas ni hay datos específicos para hacerles una identificación a ellos”, concluye.
Además, señala que hasta marzo de 2015 y según los archivos del cementerio, en el Universal había 986 CNI y 203 CINR. De esa cantidad, 823 CNI y 194 CINR se encontraban en una ubicación de fácil recuperación, ya sea en bóvedas o sepulturas. Sin embargo, en otro apartado del documento, señalan que son 990 CNI y no se especifica la fuente. Igualmente, los archivos del cementerio registran que, desde 1980 hasta marzo de 2015, ingresaron 2.818 CNI al Cementerio Universal.
Solo hasta el 2010 fue creada la Ley 1408 de 2010, conocida como la Ley de homenaje a las víctimas de desaparición forzada. Esta dice que no se pueden destruir o incinerar cuerpos no identificados, o sea, que no se pueden realizar cremaciones totales o parciales de un cuerpo no identificado. Por eso, Gustavo Caballero asegura que tenía toda la autonomía para tomar este tipo de decisiones, pues en su momento esta Ley no existía y él debía resolver el problema del hacinamiento del Cementerio Universal.
Incluso, Caballero impulsó el Acuerdo 22 de 2001, “por medio del cual se crean cuartos refrigerados para cadáveres no reclamados en el Cementerio Universal”, y que fue firmado por el alcalde del momento, Luis Pérez Gutiérrez. Este proyecto pretendía crear cuartos de refrigeración con capacidad para 30 cuerpos. Nunca se ejecutó.
Según las personas consultadas para este artículo, la falta de legislación permitió que los administradores tomaran ese tipo de decisiones. Diego Herrera, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, asegura que “la administración del cementerio, sin ley de cementerio, era una cosa muy por fuera del control de la ciudad y de las administraciones municipales. Era difícil en un momento de esos tener la trazabilidad de los cuerpos, quién entra, quién sale. Cada administrador era autónomo”.
Según la Guía Normativa para el Fortalecimiento de la Gestión de los Cementerios en Colombia del Ministerio del Interior, publicada en 2018, los CNI y los CINR deben tener unos lineamientos específicos: inhumarse de manera individual para garantizar su ubicación, custodia y recuperación; inhumar o exhumar sólo por orden judicial competente y se prohíbe su cremación e inhumación en osarios o fosas comunes.
De los 2.000 cuerpos cremados en el Cementerio Universal, Caballero dice que dejó registro de este hecho; Mininterior asegura que solo pudo confirmar este procedimiento en 14 CNI. Entre estos estarían personas desaparecidas que hoy buscan las familias y la UBPD, responsable de buscar 82.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado; 25.000 de ellas estarían en cementerios del país como el Universal.
De acuerdo con Gustavo Salazar, magistrado de la JEP, “en el Cementerio Universal podría haber desaparecidos de la Comuna 13, esa es la razón por la que intervenimos. Eso implica buscar las tumbas, la documentación. Estamos priorizando los puntos de interés forense. Esos puntos, en principio, solo corresponden a personas no identificadas. Solo se exhuman los cuerpos no identificados de quienes tengan marcas violentas.” La JEP espera encontrar allí algunas de las 459 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13.
A pesar de que los CNI y CINR se encuentran inhumados en las 30 zonas del cementerio, la JEP solo impuso medida cautelar a las zonas 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 29 del Cementerio Universal, en donde, según la entidad, hay por lo menos 140 CNI, entre los que habría víctimas de desaparición forzada.
Otras irregularidades
«Nosotros hemos podido identificar que, primero, hubo cremaciones sin ningún criterio y no hay reporte de ellas, no quedó constancia alguna de a quiénes correspondía esos cuerpos; segundo, no existe un archivo cualificado en el cementerio de todos los cuerpos que han sido llevados allá. No hay forma de saber con certeza cuántos cuerpos hay en el cementerio; y tercero, las fosas comunes que hay en el Universal no corresponden con la información que está en los documentos”, señala Adriana Arboleda, líder del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Antioquia.
En esto coincide el informe diagnóstico de Mininterior. Hubo varios incendios que acabaron con archivos y libros que llevaban el registro de los cuerpos que ingresaban al camposanto. También señala el sepulturero Rafael Barrientos que en tres ocasiones se modificaron las codificaciones de las tumbas, un hecho del que no se dejó registro claro y que hoy impide que se encuentren los cuerpos inhumados.
A pesar de que este sepulturero realizó planos de las tumbas con las diferentes codificaciones, hubo algunas ocasiones en que estos planos no correspondían con la búsqueda. “En dos ocasiones me pasó que indiqué un sitio, confiado, y no encontramos los cuerpos. Uno en zona 20 y otro en zona 27. A lo mejor, algo sucedió mientras fui trasladado entre 2005 y 2007”, dice Barrientos.
Otra de las irregularidades tiene que ver con la pérdida de cuerpos. Cuenta la investigadora Arboleda que un día buscaron una persona desaparecida en una fosa común del Cementerio Universal, pero cuando abrieron la fosa se dieron cuenta, por los rasgos e información suministrada, que esos restos no eran de la persona que buscaban.
Según Mininterior, “el cementerio durante varios años no llevaba registro de las exhumaciones, esto todavía genera dificultades” para saber si los cuerpos fueron entregados a las familias o “están en otros espacios como las fosas comunes, bodega o laboratorio de Antropología Forense”.
Por otro lado, el Cementerio Universal firmó un convenio con la Universidad de Antioquia, en el cual el camposanto entregó restos óseos con fines académicos y científicos. El “problema” está en que esta universidad recibió cuerpos que no tenían “documentación completa”, que permitiera confirmar que se trataba de cuerpos identificados.
Además de las mencionadas irregularidades, Rafael Barrientos recuerda que en la Zona 16, donde había una fosa común, hubo una intervención con una retroexcavadora por orden del administrador José Gilberto López, quien quería nivelar toda la zona. Esto modificó todo el terreno, lo que hoy impide identificar los sitios de inhumación. “¿Qué va a pasar mañana que alguien reclame su familiar en la fosa 3315 o 3293?”, pregunta Barrientos.
A esta lista se le suman los entierros irregulares que hacían grupos delincuenciales, actos de brujería y vandalismo, así como el comercio ilegal de restos óseos.
Remediar los errores
Diego Herrera insiste en que el Cementerio Universal “ha sufrido transformaciones en la marcación de las tumbas, de las bóvedas. Hemos tratado de saber cómo era, porque esas decisiones administrativas no tenían en consideración un escenario judicial como el de ahora”. Agrega que han intentado recuperar información sobre la ubicación de los cuerpos no identificados, pues desde que asumió el cargo sabe de los problemas en la gestión documental y de información y la organización del archivo; iniciaron un trabajo de memoria oral con las personas que han tenido relación con el cementerio y se han articulado con la JEP y la UBPD. “Cuando llegaron los autos de la JEP ya veníamos caminando en esa dirección. Nosotros decimos que estamos en la perspectiva de ayudar a esclarecer”, insiste.
Por otro lado, el 23 de octubre pasado la UBPD publicó un comunicado en el que anunció un convenio con el Movice para avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas y la protección de los cuerpos no identificados en el Cementerio Universal. Dice el documento que “el Movice realizará la sistematización de la información sobre el cementerio El Universal de Medellín, donde fueron inhumadas 1.030 personas no identificadas entre los años 1989 y 1995”.
En el Cementerio Universal hay parte de la verdad sobre las víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado. La JEP y la UBPD determinarán qué sucedió con los, inicialmente, 14 cuerpos de personas no identificadas que fueron cremadas y si podrán responderle a los familiares de las víctima
