Las noticias sobre el Bajo Cauca, en Antioquia, tienen algo en común en el último tiempo: el conflicto armado que nunca se fue y las víctimas que sigue cobrando.
“Grupo armado desplazó a más de 140 familias en Bajo Cauca antioqueño”, como sucedió el 3 de febrero cuando huyeron habitantes de la vereda Río Man, en Cáceres; “Tres personas sin vida deja nueva masacre en el Bajo Cauca antioqueño”; “Radiografía de la región donde se registraron más masacres en el 2020”.
Hablar de lo que sucede ahora en esa región, en donde hacen presencia grupos paramilitares, disidencias de las antiguas Farc y miembros de la fuerza pública, no es asunto sencillo. Muchos de los líderes de esa región hablan con soltura del conflicto en los años noventa y dos mil, pero les da temor referirse a la realidad que atraviesa el Bajo Cauca. Es por eso que investigadores del Instituto Popular de Capacitación (IPC) aseguran que es difícil hacer memoria allí, pues el conflicto armado nunca se fue.
Esa realidad la han notado en la construcción de un informe que pronto entregarán a la Comisión de la Verdad. Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, dice que les interesa indagar en los factores estructurales del conflicto armado, desde tres elementos de análisis: el sociocultural, el económico y el político.
Dentro de ese ejercicio, los investigadores se reunieron con alrededor de 30 líderes de esa región, fuera del Bajo Cauca, porque allí no se sienten seguros. Sin nombrar actores armados, en sus relatos se evidencia parte de la crisis humanitaria que viven allí. “En la actualidad hay un opacamiento de las organizaciones; persiste el desplazamiento selectivo, el desplazamiento intra urbano y esto hace que cada vez más la gente salga del territorio”; “el Bajo Cauca se ha vuelto nómada huyéndole al conflicto, huyéndole a las extorsiones”; “¿por qué se da el contexto que tenemos? Porque la institucionalidad incentiva la corrupción y esta es la cabeza de lo que pasa en el Bajo Cauca”; “en el Bajo Cauca sí hay institucionalidad, pero ¿para quién están funcionando? Hay bases militares, hay alcaldías, que son instituciones del Estado, pero ¿para quién están gobernando? La guerra no es entre actores armados, es una guerra contra la población”.
Andrés Mauricio Soto, uno de los investigadores, considera que “para los líderes y lideresas es muy difícil hablar en contextos y territorios donde grupos armados ilegales ejercen un control casi total, y donde estos grupos acuden a prácticas de terror y a retaliaciones que recuerdan los peores y más cruentos momentos del conflicto.” Para él, no hay mucha diferencia entre el pasado y el presente, pues el terror y el miedo hacen parte de la cotidianidad, y el silencio de los líderes es su estrategia de autoprotección y conservación de la vida.
Dentro de esta investigación, los investigadores parten de una premisa y es que el Bajo Cauca, históricamente, ha sido vista como una economía de enclave, como un territorio del cual se obtienen recursos pero estos no generan desarrollo en el territorio. Y esto lo conectan con varias preguntas: ¿qué está pasando ahora en el Bajo Cauca? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto actual?
¿Una guerra que se repite?
El investigador y periodista Ricardo Cruz dice que es histórica la presencia de actores armados y, a su vez, de múltiples conflictos sociales en el Bajo Cauca que en buena parte no han sido resueltos. “La gente demanda inversión, condiciones dignas de vida, desarrollo, eso les llega muy a cuentagotas. Lo que sí avanza a grandes pasos es el control de los grupos armados, de la gran minería. El territorio siempre ha sido minero, ha habido expansión agrícola con la ganadería y luego llegó la coca”, señala.
Décadas atrás los relatos sobre el conflicto armado en Bajo Cauca indicaban la presencia de las guerrillas Farc, ELN y EPL y del Bloque Mineros de las AUC. Hoy se habla de disidencias de las Farc, del ELN, de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y de Caparrapos, de una disputa territorial por el control de rutas del narcotráfico y del manejo de las rentas de la minería y el cultivo de hoja de coca. Ese conflicto armado ha dejado, según el Observatorio de Memoria y Conflicto, 2.033 asesinatos selectivos y 281 víctimas en 42 masacres.
Dice la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana No° 45 de 2020, que entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de mayo de 2020, en el Bajo Cauca 50.483 personas fueron desplazadas y que “de los 260.681 habitantes de la subregión, proyectados por el DANE para el año 2020, cerca del 20% ha sido víctima de desplazamiento forzado”.
Bajo este contexto, la abogada e investigadora Xiomara Mendoza dice que el informe también se enfoca en las dinámicas de violencia que se han tornado cíclicas y que una investigación como esta le apuesta a la no repetición de los hechos para cortar esa dinámica del conflicto que se repite en el Bajo Cauca.
Para redondear la idea de lo cíclico que es el conflicto en el Bajo Cauca, Andrés Mauricio Soto dice que para el equipo de investigación fue revelador revisar los archivos desclasificados del DAS sobre el Bajo Cauca, dado que “desde hace aproximadamente cincuenta años se está hablando de estabilizar y consolidar esta región y sus diversos territorios. La idea es sencilla de explicar, aunque con consecuencias nefastas para los pobladores, lo que es más lamentable. En términos generales, se busca establecer un equilibrio a través de intervenciones militares y policiales, para que luego el Estado pueda llegar con una oferta institucional robusta y, detrás de esta, empresas y capitales particulares.”
Luz María Múnera, ex concejala de Medellín y también investigadora del informe, agrega que en las últimas tres décadas se han escrito planes de desarrollo para esa región desde los gobiernos nacional y departamental, “pero ninguno de esos planes ha tenido cumplimiento, no hay metas para medirlo, y los objetivos que se han trazado nunca han podido resolverse. Entre ellos, unos niveles de pobreza que superan el 70% de la población”.
Lo que se ha visto, agrega Andrés Mauricio Soto, es que la estabilización y consolidación del Bajo Cauca ha costado muchas vidas y que la “lógica militar (derrota armada del enemigo, copamiento del territorio y, anteriormente, lucha contrainsurgente) ha precedido muchas veces a otras lógicas y maneras de pensar el territorio. La idea de estabilización y consolidación está en el núcleo de esta manera tan insistente de intervenir esta subregión. Se ha hablado de llegar con oferta institucional a esta, claro está; aunque nunca se ha desistido de su militarización, y la oferta se ve más bien como complementación de la militarización.”
Múnera insiste en que no hay voluntad política para transformar la realidad del Bajo Cauca, a pesar de los existentes planes de desarrollo y de consolidación impulsados en las últimas décadas. Para ella, la discusión debe girar alrededor del presupuesto invertido en esa región, pues es lo que permite medir los resultados y el impacto.
El informe elaborado por el IPC hará un nuevo análisis sobre el Bajo Cauca y espera que aporte a la Comisión de la Verdad y a la institucionalidad en su tarea de comprender esa región y definir planes que rompan con el ciclo de violencia que allí parece no tener fin.
