Luis Gonzalo Gallo Restrepo es uno de los pocos terceros civiles que solicitó someterse a la JEP. Fue miembro de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC) y es señalado por la Fiscalía como responsable de despojo de tierras y desplazamiento forzado en la zona de Tulapas en el Urabá. Ya le dijo a la JEP que no tuvo participación en esos hechos y que tampoco realizó acciones que lo llevaran a apropiarse de los bienes de los campesinos.

Su nombre fue recientemente conocido en los medios de comunicación del país, no por su sometimiento a la JEP, sí porque el General retirado de la Policía Rodolfo Palomino trató de frenar un operativo en el que fueron capturados Gallo Restrepo y 13 miembros más del FGC, el 10 de febrero de 2014. La fiscal Sonia Velásquez grabó en su celular las palabras de Palomino, en las que le dice que quiere convencerla y espera que no sea “una propuesta indecente”, y “qué tal si dejamos eso por un tiempo”, refiriéndose a la detención, pues esta tendría “una connotación enormemente grave”.

El empresario Gallo Restrepo se sometió a la JEP junto a Benito Antonio Osorio Villadiego, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Marco Fidel Furnieles Salgado, Jaime Augusto García Exbrayad y Sor Teresa Gómez, responsables de la trama del despojo de tierras en Urabá. Hoy están en la Sala de definición de situaciones jurídicas, a la espera de que sean admitidos por el tribunal.

Gallo Restrepo nació en Estados Unidos en 1959, es administrador de empresas de la Universidad de Georgetown e hizo un posgrado en administración de empresas en Harvard. Trabajó en el banco JP Morgan en Nueva York y luego regresó a Colombia. Dice que como miembro de la Junta Directiva del FGC no tuvo participación en el desplazamiento de los campesinos de Tulapas, “dado que no tuve contacto alguno con dicha región, ni con sus pobladores, ni posibles victimarios antes del 1 de diciembre de 1997”. Y agrega que como miembro de la Junta “tampoco he realizado acciones tendientes a la destrucción y apropiación de bienes civiles protegidos”.

Sin embargo, su caso y el de Carmelo de Jesús Esquiva Guzmán estaba en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia en etapa de juzgamiento en turno para sentencia, por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, destrucción y apropiación de bienes protegidos y lavado de activos. El 4 de septiembre de 2019 solicitó su sometimiento a la JEP en calidad de tercero civil no combatiente. Dicha solicitud la acompañó de un plan de verdad, reparación y garantías de no repetición a favor de las víctimas, que hoy evalúa la JEP.

Hasta el momento, el empresario ha asegurado que no tuvo ninguna responsabilidad en el desplazamiento forzado, el despojo y apropiación de tierras. Sin embargo, el 30 de septiembre de 2020 la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia restituyó cuatro fincas que estaban en poder del FGC y que fueron despojadas entre 1994 y 1996.

Dice la sentencia, citando a la Fiscalía, que “la Casa Castaño, a través del control territorial de la zona de Tulapas llevó a cabo una estrategia sistemática de despojo sobre los habitantes de la zona de Tulapas (sic), en la que participaron actores como Salvatore Mancuso, Guido Vargas, Benito Osorio y Sor Teresa Gómez, y que contó con el Fondo Ganadero de Córdoba como su más importante comprador de dichas tierras.” Si bien la sentencia no lo nombra, sí describe la responsabilidad del FGC, del cual él hacía parte como miembro de la junta.

El FGC compró 105 predios, “cuyos propietarios y poseedores ya habían sido objeto de desplazamiento forzado y apropiación material” por parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), y que el despojo se logró mediante “ventas forzadas, o a precios irrisorios”, y con la ayuda de otros civiles y servidores públicos quienes permitieron la consolidación del proyecto paramilitar. El alegato del FGC decía que en el momento en el que adquirieron los predios lo hicieron dentro de las reglas de oferta y demanda, con un precio justo para la época. Ese valor estaba entre 150 y 250 mil pesos por hectárea. Para el Tribunal, el FGC se hizo a grandes extensiones de tierra que habían sido adjudicadas por el antiguo Incora a los campesinos y que se aprovecharon de las condiciones de violencia de la zona.

El empresario dijo a la JEP que se comprometía a entregar información sobre el rol de

Benito Osorio Villadiego, gerente del FGC, Benito Molina Velarde, principal accionista del FGC, y Sor Teresa Gómez Álvarez, comisionista en la compra de los predios; sobre el rol que desempeñaron en la ubicación de los predios que luego adquirirán.

Si bien el FGC fue liquidado el 1° de diciembre de 2015, este es propietario de alrededor de 4.000 hectáreas en la zona de Tulapas. Cerca de tres mil de ellas hoy están destinadas al cultivo de teca, caucho y cedro, mientras que las restantes están sin explotar. Para el empresario estas tierras podrían entregarse a las víctimas de Urabá.

La estrategia: comprar tierras

“La 52” fue el primer predio arrebatado en Tulapas, a través de Luis Ángel Gil Zapata, testaferro y primo de los hermanos Castaño. Gil Zapata luego vendió la tierra al FGC. En el acta 1084 del 1° de diciembre de 1997, la junta directiva del FGC, conformada por Benito Osorio Villadiego, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Carlos Sotomayor Hodeg, Benito Molina Velarde, Bernardo Vega y Orlando Fuentes Hassen aprobaron la compra masiva de tierras.

La búsqueda de las tierras estuvo a cargo de Sor Teresa Gómez, cuñada de los hermanos Castaño, y de Marco Fidel Furnieles y Guido Vargas. En la sede de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), en Montería, los campesinos, engañados y presionados, firmaban un poder a Sor Teresa Gómez, en el que la facultaban a vender las tierras al FGC. Por su lado, el asesor jurídico del FGC, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, se encargó del trámite jurídico de legalización de las tierras. Un amigo de este, Miguel Francisco Puche, notario tercero de Montería, levantaba escrituras a favor del FGC.

Dicen varias fuentes consultadas por la Agencia de Prensa IPC que, en principio, la idea de que el FGC comprara tierras fue de Luis Gonzalo Gallo. A lo sumo, dice una de ellas, estas personas reconocerán que tuvieron cierta negligencia y que no verificaron el contexto de violencia en Urabá, pues estaban haciendo un buen negocio para ellos. Agrega otra fuente que a “a ellos se les reprocha que era claro el contexto de presencia paramilitar y el desplazamiento de los campesinos, que no había forma que no supieran. No tiene sentido que no supieran. Y los indicios apuntan a que sí sabían.”

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