Hace pocos días, el Gobierno Nacional anunció que invertiría $300 mil millones de pesos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en 17 municipios del sur del país ubicados en los departamentos de Huila y Caquetá. Según el balance presentado por el Gobierno Nacional, durante agosto de 2018 y diciembre de 2020, la programación de recursos focalizados para PDET fue de $1,15 billones, una cifra que equivale a 50 proyectos de 12 sectores del orden nacional.
En el caso de Antioquia, el departamento más afectado por el conflicto armado, hay 24 municipios PDET comprendidos en cuatro zonas: Urabá, con ocho, Bajo Cauca y Nordeste, con 13; Sur de Bolívar con el municipio de Yondó; y el Atrato, en Chocó, con Vigía del Fuerte y Murindó. Una cifra que representa el 20% de los 170 municipios PDET del país.
Con la firma del Acuerdo de Paz, se creó este programa que pretende estabilizar y acompañar el desarrollo de los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. A través de ocho pilares, Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; Infraestructura y adecuación de tierras; Salud rural; Educación Rural; Vivienda, agua potable y saneamiento; Reactivación económica y producción agropecuaria; Derecho a la alimentación; y Reconciliación, convivencia y paz, se espera crear bienestar rural, protección de la riqueza pluriétnica y cultura, promoción de las economías campesinas y la reconciliación entre los territorios, en un plazo de 15 años.
La Agencia de Prensa IPC conversó con Jose Leonidas Tobón, Gerente de la Consejería para la Estabilización y Consolidación para las subregiones de Antioquia, Córdoba y Chocó, sobre los avances del PDET en el primer departamento, la comunicación y el trabajo con las comunidades y los diferentes retos que deben enfrentar en territorios donde la institucionalidad ha tenido una presencia enfocada en el pie de fuerza.
IPC. ¿Cómo ha sido el proceso de planeación de los PDET en Antioquia?
Jose Leonidas Tobón. Hoy lo que le puedo decir es que en Antioquia hemos realizado cinco reuniones institucionales que han derivado en más de 300 mesas bilaterales, en esas mesas hemos convocado a cerca de 55 entidades del orden nacional, regional y departamental. Para el caso de Antioquia, son más de 1.700 iniciativas que están incluidas en los planes de desarrollo municipales y territoriales; entonces para nosotros es fundamental porque significa un empoderamiento de los PDET a nivel nacional y territorial.
Estos 1.700 proyectos están siendo ejecutados en los ocho pilares que tiene el PDET y están en diferentes fases, unos están en ejecución y otros en estructuración. Para darle una idea de cómo estamos en lo relacionado con obras por impuestos o con OCAD Paz, hoy contamos con una inversión de $341.000 millones de pesos en los PDET de Bajo Cauca y Urabá.
Nosotros en medio de la virtualidad no hemos parado. El año pasado logramos hacer dos reuniones institucionales y más de 200 mesas de impulso en Antioquia que han permitido que el proceso avance, lo que pasa es que falta concertación con las comunidades, se necesita volver, revalidar todo lo que estamos haciendo y contarle al grupo motor qué estamos generando, para que ellos se vayan apropiando del proceso.
IPC. ¿Cuáles de esos proyectos ya se empezaron a ejecutar en el departamento?
JLT. En Antioquia se ha invertido alrededor de $341.222 millones discriminados así: 309 obras PDET por $55.944 millones, 13 proyectos productivos por $10.992 millones, 17 proyectos de Obras por impuestos por $135.018 millones, 17 proyectos de OCAD Paz por $130.936 millones, 2 proyectos integradores por $7.942 y los 24 municipios participan del proyecto Yo me subo a mi PDET por $ 390 millones.
Entre esas 309 obras, vamos a entregar un puente en Remedios y el acueducto de Puerto Claver en El Bagre. Además, se está dotando el mobiliario escolar de los 21 municipios PDET por parte de Nutresa, la empresa privada; porque nosotros, además de la ejecución que hacemos con el sector público, también nos apoyamos en el sector privado. En Antioquia tenemos dos alianzas bien conformadas con Proantioquia, quien adoptó el PDET de Bajo Cauca, y que en Mutatá nos van a ayudar con la compra de un predio para los reincorporados por más de $1.600 millones de pesos, a través de los mecanismos de obras por impuestos. La vía El Carralao – El bagre la hizo Mineros S.A. por $16.000 millones de pesos.
Además, con la empresa ProUrabá estamos impulsando todo el proyecto productivo de la región de Urabá y ellos se están vinculando con varias iniciativas de educación, de salud y de reactivación económica, y acabamos de firmar con Augura, para hacer todo este desarrollo.
IPC. Frente a ese trabajo bilateral, ¿cuántos de esos proyectos ya han sido concertados y dialogado con las comunidades, los líderes y los grupos motores?
JLT. ¿En qué es diferente el PDET a todos los ejercicios que se ha hecho anteriormente en los Gobiernos colombianos? En que los PDET fueron formulados por las comunidades, allí están todas las necesidades que plantearon y absolutamente todos los proyectos que fueron priorizados por las comunidades. Entonces desde esta Consejería para la Estabilización, desde la Agencia de Renovación para los Territorios, más las 55 instituciones, y con las comunidades que formularon los PDET, que son los que llamamos los grupos motores, sostuvimos unas reuniones el año pasado en Bajo Cauca y Urabá, y les comentamos cómo va la inversión; sólo que nosotros la hacemos a través de los gobernadores y de los alcaldes. Estos últimos, adoptaron el PDET como parte de su política de largo plazo y asumieron un compromiso para poder ir a rendir cuentas a las comunidades de cómo avanzamos.
Obviamente cuando te digo que falta es porque la pandemia nos afectó en el sentido de que no hemos podido tener contacto directo con las comunidades bajo la virtualidad, y eso no es lo mismo, porque lo ideal es estar en campo y enseñar las cosas, por eso nos hemos frenado.
IPC. Algunas comunidades y líderes han manifestado que con los PDET solo se están preocupando por temas de infraestructura: construcción de escuelas, canchas deportivas, mejoramientos de vivienda; pero que esto, en realidad, no es el desarrollo rural que las comunidades necesitan, que el Estado sigue estando ausente en los territorios, ¿cómo subsanar, entonces, desde el PDET, una real presencia del Estado para que se dé este desarrollo rural estipulado en los pilares?
JLT. El PDET va a 15 años, y por lo menos este presidente quiere terminar su periodo cumpliendo. Lo que me corresponde hacer es cerca del 36% al 40 % de la ejecución. Ahora, ¿por qué la gente no puede ver todo el desarrollo rural integral en su momento? Digamos que las iniciativas tienen un nivel de complejidad y le cuento que, en el Plan Nacional de Desarrollo, dejamos lista la Hoja de Ruta que lo que hace es ordenar los recursos, las iniciativas y los esfuerzos institucionales para cumplir con el PDET, y entonces ellos lo van a ver realizado en tres períodos de gobierno.
Lo que hemos hecho nosotros son todas las planeaciones para que el PDET se vuelva irreversible, porque creemos que esto había que hacerlo con o sin Acuerdo, Colombia tiene que estabilizar los territorios más pobres y donde están los cultivos de uso ilícito significa que es donde la gente está pasando más hambre y hay mayores brechas.
Esas obras que estamos haciendo es porque las comunidades dijeron que había que hacerlas, lo que pasa es que tenemos que desarrollarlas en un orden lógico para poder plantear y para eso hay un punto importante que es la formalización de la propiedad, si la gente no tiene formalizados sus predios no va a poder hacer ningún tipo de actividad productiva, no va a poder generar arraigo en el territorio.
IPC. Con respecto a la formalización de la propiedad, ¿qué va a pasar con esos territorios que están en Ley Segunda y de los cuáles las comunidades no pueden tener títulos de propiedad?
JLT. El 52% de los municipios PDET están en territorios que no han sido formalizados y ese es un gran desafío que tenemos desde la Agencia Nacional de Tierras y de todo el componente de desarrollo rural. En el municipio de Cáceres, por ejemplo, estamos en un barrido predial, un piloto predial con USAID, con la fuerza pública y con la Agencia Nacional de Tierras para poder hacer el levantamiento predial.
Entonces tenemos varias acciones, formalizar los predios que no están en Ley Segunda y que pueden ser susceptibles de formalizar; pero con los que están en Ley Segunda, queremos implementar un mecanismo que se llama Contrato de Derecho de Uso y que apenas lo estamos impulsando desde la Presidencia la República, este mecanismo es una figura que lo que busca es darle en uso, darle un derecho al agricultor, al productor, al que está en el territorio para que haga un manejo sostenible de su predio por unos 10 o 15 años.
Ahora, a la gente le gusta tener su título de propiedad del predio, pero es que eso no es tan sencillo porque implica unos costos muy altos, por un lado, y por otro lado, seguir ampliando la frontera agrícola y que la gente luego siga vendiendo los predios e ir expandiéndonos indefinidamente. Pero si la persona tiene un Contrato de Derecho de Uso, se compromete con el Estado en hacer un proyecto productivo que sea acorde con el medio ambiente. Esto es un programa muy ambicioso que tiene el Presidente la República que se llama Conservación Natural y en el marco de este queremos hacer los Contratos de Derechos de Uso. Pero asociado a eso también están los cultivos ilícitos, recuerda que más del 90% de los cultivos ilícitos están en territorios PDET, eso lo que significa es que mucha de la gente que no tiene formalizados sus predios y tiene cultivos ilícitos, puedan ingresar a un programa que se llama Formalizar por sustituir, en el que decimos ‘usted arranca la coca y nosotros le hacemos todo un programa de formalización de su predio y titulación’, bien sea bajo el mecanismo que te acabo de decir o bien sea bajo una titulación del predio.
