El 10 de enero de 1995 desaparecieron uno de los hijos de Jesús*, un indígena Senú de Necoclí. “No lo busqué porque en ese tiempo no se permitía buscar a los familiares, si uno buscaba también lo mataban”, dice.

Fue una época terrible para los senúes. Jesús conoce de memoria lo sucedido en los años noventa, un tiempo que “nos pegó muy duro”. Primero, un grupo paramilitar desapareció a su hijo, el 29 de enero de ese año asesinaron a uno de sus sobrinos, el 5 de febrero un grupo guerrillero asesinó a un líder de su comunidad y el 15 de marzo asesinaron al cacique de su comunidad, José Elías Suárez de la Cruz. Vino el desplazamiento de unas 31 familias senúes, unas 300 personas. En medio de este contexto, cuando se recrudeció el conflicto armado en el Urabá, Jesús no buscó a su hijo, pues debió salvar su vida.

Muchas de las comunidades indígenas Senú de Necoclí y Turbo, así como las Emberá Eyábida de Mutatá y Dabeiba, y las Embera Chamí de Apartadó tampoco buscaron a sus familiares por miedo a los grupos armados de la región. Jesús dice que a mediados de los años noventa el conflicto armado alcanzó tal impacto que este se metió en los resguardos y cabildos indígenas. Si bien en décadas anteriores los caciques indígenas habían acordado con todos los actores armados la neutralidad de sus comunidades, estos nunca se cumplieron, porque muchos de sus jóvenes fueron reclutados, además porque esa neutralidad los convirtió en obstáculo para las pretensiones de los grupos armados.

Dice Rafael*, un exgobernador mayor en Dabeiba, que esto les generó un problema: “¿había indígenas en la guerrilla? Sí, ¿había indígenas en los paras? Sí, también había en el ejército. Entonces cuando la guerrilla nos presionaba a nosotros, porque, según ellos, estábamos permitiendo que los paras entraran al municipio o a los resguardos, ya nosotros no podíamos defendernos, porque entonces ya los paramilitares decían lo mismo, ‘ustedes tienen indígenas en la guerrilla’, y con el Ejército era lo mismo.”

En Urabá, según el Observatorio de Memoria y Conflicto, hubo 239 masacres y 10.284 víctimas de asesinato selectivo. Varios indígenas e investigadores coinciden en que como la magnitud de la desaparición forzada en las comunidades indígenas fue menor con relación a los asesinatos, no se le prestó tanta atención. Sin embargo, en esta región conformada por once municipios (Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo y Vigía del Fuerte) hay 4.738 registros de víctimas de desaparición forzada entre 1962 y 2013. En Dabeiba, por su parte, que pertenece a la región Occidente y que limita con Urabá, hay registradas 571 personas desaparecidas. Del total de Urabá y Dabeiba, según el OMC, hay 25 indígenas. Lo que sería un subregistro ante nuevas indagaciones de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Dice Alexis Espitia, consejero de Derechos Humanos de la OIA, que “es cierto que la desaparición forzada ha estado silenciada en estas comunidades indígenas de Urabá, sobre todo por la magnitud que han tenido los homicidios y masacres.”

Entre las dificultades para no buscar a los indígenas desaparecidos está la presencia de actores armados en el Urabá, la falta de denuncias, documentos y registros de las víctimas, e incluso el desconocimiento desde la institucionalidad de la lengua Emberá, pues los funcionarios solo hablan español. Estas son solo algunas de los obstáculos que tendrá la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) en el Urabá.

Buscar a los indígenas desaparecidos

A finales de 2020, la investigadora Zulhy Tobón recorrió las comunidades indígenas de Apartadó (Las Playas y Las Palmas), Mutatá (Jaikerazabi y Cacao), Dabeiba (Zabaleta, Chorumandó, Sever Taparales y La Meseta), Necoclí (El Volado) y Turbo (Santa Cruz), en busca de información sobre los indígenas desaparecidos en el marco del conflicto armado en Urabá, como parte de un convenio entre el IPC, la OIA y la UBPD, con el cual se buscó el acercamiento con las familias de las víctimas.

Zulhy identificó 42 casos de desaparición forzada en esas comunidades, entre 1980 y 2016. “En una familia veías tres o cuatro homicidios y una desaparición, o la historia de desplazamiento forzado. No solo son víctimas de un hecho victimizante, las familias tienen varios hechos en medio del conflicto”, dice.

Pablo Barrios, coordinador de este convenio, considera que es importante comprender el contexto de la desaparición forzada en las comunidades indígenas porque esta no se ha hecho visible. Su hipótesis es que “se había trabajado el desplazamiento, el homicidio, las minas antipersonal. La desaparición forzada no había sido tan visible, y eso es por la manera como el delito se percibió en las comunidades, hubo muy baja denuncia. Siempre estuvo el rumor de no saber dónde estaba alguien, pero les dijeron que lo habían matado. Lo asumían como un homicidio. Con contadas excepciones.”

Con lo anterior coincide el consejero Alexis Espitia, al afirmar que se nombró como homicidio hechos en los cuales nunca aparecieron los cuerpos. Dice que la OIA tenía un reporte inicial de tres personas desaparecidas, pero que ahora tienen alrededor de 80 reportes.

Lo anterior lleva a las múltiples dificultades para encontrar a las víctimas. La primera tiene que ver con las condiciones de seguridad, a la que se refirieron los indígenas. El informe Contexto sobre Desaparición Forzada en los municipios de Necoclí, Turbo, Apartadó, Mutatá en Urabá, y Dabeiba, al occidente antioqueño, entre 1985 y 2016, elaborado por el IPC y la OIA, dice que “la percepción de que el actor armado constituye un riesgo para realizar la búsqueda no es unánime en los líderes y lideresas entrevistadas, sino que encontramos que para unos sí constituye un riesgo, mientras para otros, si bien lo consideran una dificultad o problema, no lo estiman como un riesgo”.

Harrison*, un indígena de Mutatá, dice que a pesar de que conoce información prefiere callar, “es la ley del silencio”.  Otro indígena de Necoclí señala que “los riesgos para la búsqueda es que estamos bajo el control de los paramilitares, depende también de a quien se esté exhumando, donde sea el lugar; porque si el Clan de Golfo se siente afectado no lo va a permitir.”

Para otros indígenas hoy no existe riesgo de buscar a sus familiares desaparecidos, pues han pasado varios años desde los hechos, pero sí consideran problemática la presencia de actores armados ilegales en la zona, entre otras razones, porque dentro de estos grupos también hay indígenas.

Otras dificultades para la búsqueda

Exposición fotográfica de personas desaparecidas en Urabá. Foto: IPC.

Espedito Álvarez, consejero de la OIA y líder de la comunidad de Churumandó, dice que uno de los elementos que más dificultades generará es el no reconocimiento de la desaparición forzada por parte de los actores armados, dado que las cúpulas militares no conocieron muchas de las decisiones tomadas en los territorios. “Lo otro es que como indígenas no denunciamos esos casos y nos quedamos callados”, agrega. En su caso, cuatro miembros de su familia fueron desaparecidos por actores armados en el Urabá, aunque dice que fueron asesinados, a pesar de que sus cuerpos no han sido encontrados.

En el trabajo de campo, dice Zulhy Tobón, “ellos me comentaban todas las dificultades, empezando por la documentación. Para hacer un trámite de denuncia les piden documentación del desaparecido para certificar que sí son familiares. Y ellos no tienen el documento.” En muchos casos los únicos documentos desaparecían con la víctima y solicitar uno nuevo “se les dificulta muchísimo, generalmente viven lejos de los cascos urbanos. Además, ellos hablan Emberá, de pronto entienden español. Las instituciones no los atienden y eso se les complica.”

A esto, agrega Pablo Barrios, “las instituciones no se han adaptado, por tantas culturas e idiomas en Urabá, no hay traductor Emberá que ayude a la gente a entregar documentación”. Ante esas dificultades hubo información que se registró de forma indebida, por ejemplo, que en algunas denuncias presentadas a la Fiscalía se afirmaba que los hechos eran homicidio, cuando nunca fue encontrado el cuerpo de la víctima ni existió un acta de defunción.

Por otro lado, identificaron Tobón y Barrios, en las comunidades indígenas se ha dado un relevo generacional en los líderes, que ahora son mucho más jóvenes y no tienen el conocimiento de algunos de los hechos sucedidos hace varias décadas, por lo que tuvieron que recurrir a sabios y mayores que tienen más información.

Además, hay pocas fotografías de las víctimas. En algunos casos perviven imágenes pequeñas de cuando eran niños y no otras que coincidieran con la época de la desaparición.

Los daños de la desaparición forzada

Luis Domicó Domicó fue desaparecido el 15 de septiembre de 2013 por un grupo guerrillero en límites entre Chigorodó y Mutatá en el Urabá. Estaba en su segundo periodo como gobernador de la comunidad indígena Saundó

Cuenta un indígena de Chigorodó que Luis fue citado por ese grupo en un lugar ubicado a cinco kilómetros de la comunidad. “Él nos dijo que tenía problemas con el Quinto Frente por minería, porque los campesinos sacaban mucho oro en el río Juradó”, y la decisión en el cabildo fue suspender esa explotación, de la cual se beneficiaba el grupo armado al cobrar un impuesto.

Dos días después, al no saber del paradero del gobernador, 180 indígenas recorrieron por dos semanas la Serranía de Abibe en su búsqueda. Pero no lo encontraron. Luego 1.500 indígenas marcharon en Chigorodó y Apartadó exigiendo el regreso de Luis Domicó, pero nunca hubo respuesta.

Para el indígena, miembro del Consejo de Paz de la OIA, “hacer un líder nos cuesta mucho tiempo. Diez, quince años, para hacer el líder de una comunidad, que hable y tenga sentido de pertenencia. Esa comunidad de Saundó casi se desplaza, nos costó mucho. Como hemos tenido una organización fuerte, aguantamos.”

Esa desaparición aún los sigue afectando, agrega, pues desde entonces los líderes permanecen menos tiempo al frente de la comunidad por miedo a ser nuevas víctimas de los grupos armados que permanecen en la región.

Por eso el Centro Nacional de Memoria Histórica dice en uno de sus informes sobre desaparición forzada que “los daños que experimentan las víctimas son de distinta índole y se configuran, entre otros, por aspectos como el rol que ellas desempeñaban en su familia y en su comunidad, por los afectos y vínculos que caracterizaban sus relaciones con sus familiares, amigos, vecinos, compañeros, y por las actividades que desarrollaban y que pudieran resultar significativas o determinantes en las dinámicas sociales, organizativas y comunitarias.”

La desaparición forzada también impacta en la vida, en los desafíos que deben afrontar las familias y comunidades, más el miedo, las amenazas o el silencio impuestos en el conflicto armado.

La desaparición de Luis Domicó así como la muerte del gobernador Senú José Elías Suárez, fueron algunos de los hechos que más impactó a los indígenas en el Urabá antioqueño. Al igual que ellos, hay otros indígenas desaparecidos y que sus familias no pudieron buscar. Ahora, a pesar de que no tienen ni fotografías ni documentos ni otras evidencias, esperan que la Unidad de Búsqueda pueda encontrar a sus seres queridos.

Dice un indígena del pueblo Guna-Dule en Necoclí que “cuando ocurre una muerte natural no hay mucha discusión, porque es el tiempo de la vida de la persona, el tiempo que tejieron las abuelas para esa persona, pero cuando sucede violentamente, se está interrumpiendo el tejido que las abuelas tejieron para esa vida.”

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