“Por nuestros desaparecidos ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha”, repetían las familias de víctimas de desaparición forzada durante la firma del pacto regional por la búsqueda que se llevó a cabo el 11 de marzo en Medellín y que contó con la participación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –(UPBD), la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Representante de víctimas a nivel nacional, entidades territoriales, organizaciones sociales y familiares que buscan a sus desaparecidos.

Este pacto, que fue firmado por todos los participantes, contiene seis compromisos que tienen un solo objetivo: encontrar la verdad y dar respuesta a los familiares de víctimas de personas dadas por desaparecidas, secuestradas y reclutadas forzosamente en Antioquia, el departamento con más víctimas por estos delitos: 30.607 víctimas de desaparición forzada, secuestro y reclutamiento entre los años 1959 y 2016, según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.

“Este Pacto que hoy firmamos nace con el profundo sentimiento de aliviar el dolor que han soportado por muchos años las víctimas. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR, tiene el compromiso de desplegar todos los esfuerzos para encontrar a sus seres queridos y estamos avanzando aún en medio de la pandemia por el covid-19”, explicó Luz Marina Monzón, directora de la UBPD.

Pese a esto, muchos familiares de víctimas y organizaciones insistieron en la necesidad de que este pacto no se quede en el papel y pase a la acción, que sea un trabajo de la mano de las organizaciones que se encuentran en territorio, que son las que conocen dónde podrían iniciarse labores de búsqueda y reconocimiento.

“En 22 años han pasado muchas instituciones diciendo lo mismo. Hoy valoramos el espacio y seguimos insistiendo como Madres de la Candelaria en que tenemos que trabajar juntos para encontrar a los desaparecidos. No queremos que la firma del pacto se quede en una foto, queremos avanzar y queremos compromiso. Pequeñas acciones, pero efectivas para encontrar algo de nuestros desaparecidos”, dijo Amparo Mejía, integrante de esta asociación que desde 1999 ha acompañado a las familias buscadoras.

Para Julieth de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, el pacto representa un momento histórico para el departamento, pues compromete a las tres entidades del SIVJRNR, a las instituciones gubernamentales y a las autoridades encargadas de la búsqueda. Y todo esto, de la mano de las organizaciones sociales que han acompañado los procesos, de las víctimas y de la sociedad civil.

“Durante muchos años los familiares y las víctimas han estado solas en esta lucha y ahora hay un compromiso de articular todas esas instituciones, todas las partes que se necesitan para encontrar estas personas, entonces a partir de este momento vamos a poder ver como cada uno trabaja conjuntamente con las víctimas para encontrar a estas personas desaparecidas y darles nuevamente esa tranquilidad a sus familiares”, dijo la representante de la ONU.

Así mismo, señaló la preocupación del Alto Comisionado frente a los niveles de violencia que están resurgiendo en algunos territorios del departamento y del país y que están revictimizando a ciertas comunidades y líderes. Hizo un llamado al Gobierno Nacional frente al cumplimiento de lo pactado en los Acuerdos de Paz y el compromiso que como Estado tiene para estas comunidades.

“El Acuerdo de Paz había previsto que podrían surgir algunas de estas situaciones pero propone la manera en que se pueden ir desmantelando estos grupos generadores de violencia y también cómo desarrollar esos territorios que han sido abandonados durante tanto tiempo y donde estos grupos no estatales están tratando de imponer su ley pero en realidad deberíamos de ver la ley del estado imponerse”, concluyó.

Otro de los aspectos que contempló este pacto es la necesidad de enfoque diferencial y étnico en los procesos de la búsqueda. Para Amelissa Santacruz, representante legal de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), este pacto representa la esperanza de más de 120 familias indígenas del departamento que tienen familiares desaparecidos.

“Para nosotros como movimiento indígena y directamente para las familias indígenas que lo han perdido, es algo que puede sanar el corazón, el espíritu, el alma. Somos pueblos que tenemos nuestras cosmogonías y nuestras formas de ver el mundo. Esta situación tan dolorosa de encontrar la realidad y la historia de la persona desaparecida es dura, entonces es importante que esté acompañado de las plantas, de las semillas sagradas, que nosotros sabemos que nos fortalece la alegría para poder recibir esa noticia”, explicó la líder indígena.  

La firma de este pacto regional en Antioquia es el tercero a nivel nacional, luego del Meta, firmado en 2020, y Magdalena, firmado a inicios de este año. Con esto, la UBPD sella un compromiso con las víctimas y la búsqueda de la verdad.