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‘Preocupa que las AGC actúen en connivencia con miembros de la Fuerza Pública’

La situación humanitaria de las comunidades indígenas de Murindó, entre Antioquia y Chocó, es cada vez peor. Monseñor Hugo Torres, Obispo de Apartadó, habla de los enfrentamientos entre el ELN y las AGC por controlar el territorio y de los efectos que las disputas y alianzas generan en las comunidades.

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“Preocupa grandemente que las AGC se muevan con mucha libertad en el territorio y actúen en connivencia con miembros de la Fuerza Pública”, expresaron en un comunicado las Diócesis de Quibdó y Apartadó; Cocomacia, el Cabildo Mayor de Murindó y la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano.

Este hallazgo lo revelaron el 17 de marzo luego de una misión humanitaria en las comunidades indígenas de Isla y Turriquitadó en Murindó, en límites con Chocó, entre el 7 y 11 de marzo.

La relación de las AGC con miembros del Ejército, agrega el documento, “ha sido una constante en los últimos años y se ha hecho de manera muy visible en toda la cuenca del río Atrato”, además la disputa entre AGC y ELN ha obligado a las comunidades al confinamiento, al desplazamiento forzado, al reclutamiento de sus jóvenes y a amenazas a líderes y comunidades.

En entrevista con la Agencia de Prensa IPC, Monseñor Hugo Torres, Obispo de Apartadó, asegura que las comunidades están sufriendo el “juego de poderes” entre los grupos que se disputan el territorio.

IPC. Ustedes denuncian una connivencia entre las fuerzas militares y las AGC en el Chocó. ¿Qué está sucediendo?

Monseñor Hugo Torres: Las AGC se están apoderando de todo el territorio, entonces ¿cuál es la tarea de la fuerza pública? Segundo, alrededor de esos ríos del Atrato hay cultivos ilícitos a montones. El Ejército no actúa. Uno dice, ¿qué pasa? Indirectamente uno dice que hay una connivencia. Los pobladores afirman que hay un relacionamiento entre unos y otros. Uno saca conclusiones.

Por otro lado, el ELN es un actor que busca seguir en el territorio y mantener corredores de cultivos ilícitos y sus entradas económicas. Mientras que las AGC quiere sacarlos a todos para tener un solo dominio. El Estado, los soldados, deberían estar trabajando de frente contra los dos grupos, pero falta contundencia.

IPC. Del Alto Baudó se han desplazado más de 4.500 personas. ¿Por qué se está dando esto? ¿Cómo está sufriendo la población esta situación de violencia?

M.H.T. Lo más grave es que si hay minas, como se ha visto, los indígenas evitan salir a sus campos para recolectar los frutos, a la cacería o para trabajar en las chacras. Dicen que no pueden salir de los poblados. Eso conlleva a que se les acaba muy rápido lo que tienen de alimentos guardados y terminan en situaciones de hambre, que es lo que constatamos en el Alto Baudó. Y en Murindó, encontramos que una comunidad se desplazó hacia otra para salvaguardarse. Casi que los obligaron a que se fueran. De hecho, las mujeres que se habían quedado en los caseríos les dijeron que había minas en algunas partes, así que les dijeron que desocuparan.

IPC. En 2019 usted le dijo a la Agencia de Prensa IPC que habían “intentado hacer presencia en el territorio con el ánimo de poder hablar con unos y otros, pero nadie se ha hecho presente, nadie ha dado la cara.” ¿Han tenido acercamientos con los actores armados?

M.H.T. Con algunos ha sido muy indirecto, porque ninguno de los jefes ha dado la cara, siempre mandan un segundo para que dé la razón o las explicaciones que se les ha pedido, que es el tema con las AGC. Con los otros bandos no hemos tenido diálogo. Entiendo que las otras Diócesis han estado muy atentas para hacer los acercamientos. A veces ellos llaman y actúan para exigir del gobierno, como el ELN, que tome la decisión de sentarse a dialogar, que es lo que no quiere hacer el gobierno. A nosotros no nos dan la cara.

En esta comisión constatamos la presencia de algunos miembros de las AGC que entraron a un caserío y los identificó la comunidad. Nos dijeron las comunidades que esas personas eran de esas estructuras, que tienen campamentos a tantos kilómetros, pero nunca han entrado en acercamientos con nosotros. Todo lo contrario, tratan de no aparecer cuando estamos por allá.

IPC. ¿Han dialogado con el Ejército?

M.H.T. Uno siempre tiene diálogo con los coroneles de la situación en el territorio, ellos cuentan las acciones, los golpes que van dando. Pero usted sabe que en todas las frutas no falta la que está picada y en todas las instituciones no falta el que tiene rabo de paja.

En mi caso no he hecho una denuncia explícita porque no tendría ni la foto ni el hecho concreto para poder decir aquí está. Pero sí le he dicho al Ejército lo que dice la gente, lo que cuenta la comunidad, lo que uno capta cuando paso por algunos lugares. Uno dice, si aquí está la fuerza pública y los otros a las dos cuadras, ¿por qué no los ven? Uno dice, “¿aquí qué pasa?”

IPC.  ¿Algo ha cambiado en los últimos años desde que empezaron a hacer estas denuncias?

M.H.T. No tenemos indicios de que las AGC se estén llevando jóvenes. No faltan los jóvenes que se van, que se dejan arrastrar, no deja de ser una tentación para muchos. En ese punto, podemos decir que no ha habido tanta gravedad. Pero el dominio en el territorio es total. Todo mundo se mantiene con temor, hay que pedir permiso para ir a unos sitos, la gente sabe que no puede movilizarse por ciertas zonas.

IPC. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno ante la situación que ustedes denuncian?

M.H.T. El gobierno tiene sus instrumentos, en el Urabá está la Defensoría del Pueblo, la Policía y el Ejército. Una cosa es trabajar con la delincuencia que sale y actúa a la hora que quiere y otra la acción de las instituciones, que son visibles y que todo mundo sabe por dónde caminan. Entonces a veces están jugando al gato y al ratón.

IPC. ¿Cuáles son las exigencias que le están haciendo al Gobierno?

M.H.T. Primero que todo el llamado de atención al ente gubernamental para que haga presencia con las instituciones. Uno se da cuenta de que al territorio llegan mucho tiempo después a verificar lo que se ha dicho. Los únicos que hacen más presencia directa son las Alcaldías. Así ocurrió en el Alto Baudó. A la fuerza pública siempre se le ha pedido defender la vida y honra de los colombianos, es una tarea constitucional.

Y se les pide a los grupos armados que dejen de sembrar minas, que respeten la autonomía de las comunidades indígenas, que el invadir un territorio, para protegerse de otro grupo que es contradictor, es involucrar a la gente en la guerra. Es difícil que esta gente cumpla porque es un propósito común que tienen. Pero el llamado es que cada uno haga lo que le toca.

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Juan Camilo Gallego Castro
Periodista de la Universidad de Antioquia. Autor de los libros "Aquitania. Siempre se vuelve al primer amor" (Sílaba Editores, 2016) y "Con el miedo esculpido en la piel" (Hombre Nuevo Editores, 2013). Algunas de sus crónicas han sido publicadas en Frontera D (España), El Espectador, Verdad Abierta, Pacifista!, Universo Centro y Hacemos Memoria.