El pasado mes de febrero, el nuevo Ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que el Gobierno Nacional iniciará en abril el uso de la aspersión aérea con glifosato sobre los cultivos de coca. Una afirmación que desconoce las diferentes acciones jurídicas que están en curso y que han sido interpuestas por diferentes comunidades campesinas y étnicas desde el año pasado.

Uno de los casos más sonados ocurrió a principios del 2020, cuando dos asociaciones campesinas, una junta de acción comunal y un grupo de 93 organizaciones, de la mano de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y jurídicas, interpusieron cuatro acciones de tutela en las que solicitaban suspender las audiencias públicas virtuales que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) estaba citando para la socialización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del “Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato – PECIG”. Fue sonado porque en mayo de ese año, el Juez Segundo Administrativo de Pasto obligó a la ANLA a suspender temporalmente esta socialización.

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Cuenta Juan Carlos Quintero, coordinador general de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, ASCAMCAT, una de las asociaciones que interpuso la acción de tutela, que “se ganó en primera y segunda instancia. También se generó por allá en septiembre y octubre la aplicación de un incidente de desacato del Juzgado Segundo de Pasto contra la ANLA porque, a pesar de que estas decisiones estaban en firme, la Policía Antinarcóticos y la ANLA continuaron con su intención de convocar la audiencia pública virtual. Finalmente, pasó todo el año 2020 y el pasado 19 de diciembre, estas dos entidades, con maniobras jurídicas, desde nuestro concepto, convocan a una ilegítima audiencia virtual. Para nosotros ilegítima porque la asistencia misma de participación en esa audiencia fue bastante pobre”,

Para Juan Carlos, las declaraciones hechas por el Ministro de Defensa no tienen cabida en un espacio jurídico en el cual la Corte Constitucional puso unas condiciones técnicas, sociales y políticas para activar la aspersión aérea, pues a pesar de que en diciembre sí se llevó a cabo la audiencia pública, el Gobierno Nacional debe priorizar la política pública sobre cultivos de uso ilícito que se pactó en el punto cuatro del Acuerdo de Paz, la sustitución frente a la erradicación.

A esta acción, que logró frenar durante el 2020 el posible inicio de la aspersión aérea con glifosato, se le suma que en enero de este año, el Tribunal Superior de Pasto falló a favor una tutela interpuesta por las comunidades étnicas del pacífico al suspender la Resolución 001 de 2020 que estipula que las comunidades étnicas no se verán afectadas por el regreso de la aspersión con glifosato.

Esta tutela, que fue interpuesta por la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (Redhpana) y 28 organizaciones sociales, campesinas y étnicas, en compañía del Colectivo de Abogados Orlando Fals Borda, solicitaba la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa; el consentimiento libre, previo e informado; la vida digna; el mínimo vital; el debido proceso y el derecho a la paz.

Olga Naizer García, coordinadora del área jurídica del Colectivo de Abogados Orlando Fals Borda, explica que esta acción de tutela se presentó porque la Resolución 001 “va en contra de las comunidades que están asentadas en el territorio y que evidentemente lo que van a hacer es asperjar. El Ministerio del Interior profirió esta resolución, con base en una información otorgada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que son los más interesados en empezar a asperjar, y obviamente ellos van a decir que allí no hay comunidades étnicas y que no tiene que hacerse consulta previa. Entonces eso lo tratamos de desvirtuar con la acción de tutela presentada y ese fue el argumento principal para alegar la violación de estos derechos”.

Según Olga, aún no se ha proferido el primer fallo de esta tutela pues el proceso “ha sido muy demorado porque ha habido un cumplimiento negativo de competencias entre juzgados y el tribunal”. Sin embargo, en esta tutela se pidió una medida provisional para los territorios de estas comunidades étnicas del pacífico y que fue otorgada por el Tribunal Superior de Pasto. Con esta medida lo que se espera es que “por ahora, en principio, no se debería asperjar en el territorio, al menos en el Pacífico nariñense. Pero lo que ha pasado es que las comunidades han reportado que, al parecer, sí hay aspersiones tanto terrestres como aéreas”.

Las diferentes acciones que realizan las comunidades para proteger sus territorios, parecen no ser tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional a la hora de anunciar medidas de erradicación de este tipo. Para Olga, el anuncio hecho por el Ministro del Interior es una burla a las instancias judiciales y a las comunidades que, además, les han apostado a las políticas de sustitución voluntaria, incumplidas por el Gobierno de forma reiterada.

“Las entidades del Gobierno saben que hay un proceso de tutela en curso y que las instancias judiciales se tienen que respetar, por lo menos en el Pacífico nariñense. Estamos a la espera y confiamos en que la decisión del Tribunal Superior de Pasto les conceda los derechos fundamentales alegados a las comunidades étnicas”, concluye Olga.

La erradicación en Antioquia

En septiembre de 2018, el presidente Iván Duque dijo en su primer discurso ante la Asamblea de la ONU que, en lo respectivo a cultivos ilícitos, “la tendencia incremental [de cultivos] de los últimos cinco años no puede continuar”. Ese mismo año, comenzaron las erradicaciones forzadas en la región del Bajo Cauca y a la fecha no han parado: los programas de sustitución contemplados en los Acuerdos de Paz no tuvieron éxito en este territorio.

A pesar de la cuarentena por la Covid-19 en 2020, la Agencia de Prensa del IPC registró varios casos de erradicación que no solamente pusieron en riesgo la salud de los habitantes de la zona, sino que también desataron enfrentamientos entre la fuerza pública y los campesinos cultivadores de coca.

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Para Mauricio Muñoz, representante legal de la Asociación de Víctimas Campesinas Ambientales de Puerto Claver, Asoviamcla, es preocupante la declaración que hace el Ministro de Defensa sobre la posible iniciación de la aspersión aérea con glifosato, pues,  los comentarios apuntan a que el Bajo Cauca sería una de las regiones priorizadas para esta actividad.

“Yo creí que era priorizado para que avanzaran las llamadas Zonas Futuro o para inversión, pero resulta que está priorizado para fumigación aérea. Entonces yo me pregunto, ¿para dónde vamos? Violencia sobre violencia, desplazamiento sobre desplazamiento, porque el cultivador de coca tiene tierra, la coca se siembra sobre la tierra, y para él aprovechar la tierra tendrían que cambiarle la coca por otra cosa, pero si le quitan el cultivo de pan coger a punta de aspersión aérea a él le toca emigrar, buscar otra alternativa”, explica el líder.

Al posible desplazamiento, se le sumaría las afectaciones en los terrenos a causa de la erradicación, pues a pesar de que se habla de una aspersión aérea de precisión, Mauricio señala que es imposible tener “esa precisión a 150 o 200 pies de altura. Ese cuento de que van a tratar de fumigar sobre una hectárea es imposible, una persona que tiene una bomba en la espalda y asperja de forma terrestre, termina afectando 15 o 20 metros a la redonda que no son cultivos, entonces ¿qué quedara en el terreno que sobrevuele la avioneta?”

Programas como Antioquia Libre de Coca y el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), no tuvieron el éxito que las comunidades esperaban. Alrededor de 700 familias en Tarazá y 900 familias en El Bagre, se quedaron a la espera de este último programa. Por eso, concluye Muñoz, “las familias incrementan los cultivos de coca, porque no tienen otra opción, ni los gobiernos nacional ni departamental han puesto los ojos en estas comunidades”.