El 23 de enero de 1998 el ex paramilitar Ricardo López Lora, conocido como La Marrana, fue capturado en La Ceja, Antioquia, junto a cuatro personas más. Todos, miembros del Frente Oriente Antioqueño de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), grupo que se había establecido en ese municipio desde mediados de 1996 y que ya había cometido varias masacres en esa región contra supuestos colaboradores de las guerrillas o contra consumidores de drogas, como la masacre conocida como Fin de semana negro, en Sonsón, la masacre de Palenque, en La Ceja, o la masacre de El Retiro.
Durante la captura de La Marrana, quien antes fue miembro del Frente V de las Farc, encontraron un beeper con el que se comunicaba con los mayores del Ejército Jesús María Clavijo y Álvaro Cortés Morillo. Según la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, “esa detención permitió develar las estrechas relaciones que mantenía ese sujeto, quien se declaró confeso de ser paramilitar, con algunos miembros del ejército y la policía nacional”.
Se determinó que desde su beeper tenía comunicación directa con el Batallón Girardot de la Cuarta Brigada del Ejército, con el concejo municipal de La Unión, la alcaldía de Rionegro y las estaciones de Policía de El Santuario, Rionegro, Guarne, La Unión, La Ceja, Argelia y Cocorná.
El CTI de la Fiscalía logró la captura de La Marrana, y tres meses después, el 30 de abril de 1998, allanaron el Parqueadero Padilla en el centro de Medellín, en donde encontraron dos libros de contabilidad de las Accu entre 1994 y 1998, además de propaganda paramilitar, dos computadores, dos celulares y varios disquetes. Gracias a este golpe fue posible conocer información financiera de la organización: cuentas bancarias, nombres y apellidos de personas naturales y de empresas que pagaban y contribuían, las anotaciones sobre movimientos de dinero, vehículos y propiedades, así como los pagos a cada frente paramilitar.
Entre las empresas que aparecieron en los libros contables de las Accu, estaban Coltejer, Granahorrar, Comfenalco, Concasa, Transportes Botero Soto, Conavi, Leonisa S.A., Empresas Varias de Medellín, Miro Seguridad y decenas de empresas más.
Esta historia vuelve a tener relevancia luego de que la Fiscalía recapturó, el 16 de abril pasado, a Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, quien fue capturado durante el allanamiento al Parqueadero Padilla en 1998 y quien era el jefe financiero del grupo paramilitar. Fue liberado de manera increíble el 29 de septiembre de 1998 sin ningún problema legal. Lucas es un personaje importante en esta historia.
Recientemente Daniel Coronell, en su columna “El otro gran testigo”, citando al ex paramilitar Pablo Hernán Sierra, conocido como Alberto Guerrero, este dijo que entre los fundadores del Bloque Metro estaban “Álvaro Uribe, Santiago Uribe, Pedro Juan Moreno Villa, cuando era secretario de gobierno, Lucas”. En este caso Lucas tiene información importante, pero también en lo que fue la expansión de las Accu en Antioquia y su relación con la fuerza pública, políticos y empresas que financiaron ese grupo ilegal.
“En ese operativo se incautaron, aproximadamente 70 diskettes, casi dos resmas completas impresas de todo el organigrama de las autodefensas en el país. En ese momento presumí que era para el consumo interno de ellos, no le hallaba otra explicación, porque no era una propaganda para el público. Eran organigramas desde el Estado Mayor hasta el último frente. Encontramos una copia de los estatutos de las autodefensas, era una verdadera empresa. A Soto Toro se le encontraron dos pistolas nuevas, debidamente amparadas por la IV Brigada, y 15 o 20 millones de pesos. Él decía que era un ganadero, que estaba allí de paso, pero cuando se encuentra toda esa información en un armario de doble fondo, se le confronta y reconoce que es de las autodefensas”, dice uno de los investigadores en el informe Memoria de la impunidad en Antioquia, elaborado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL).
Señala ese informe que al revisar parte de las piezas procesales del expediente del caso Parqueadero Padilla con algunos procesos contra los ganaderos Luis Alberto Villegas Uribe, Santiago Gallón Henao y Patricia Trujillo Saldarriaga, miembros de la Convivir El Cóndor, grupo ligado a las Accu y al que fuera el Bloque Metro, “es que numerosos pagos que aparentemente se le hicieron a la Convivir El Cóndor acabaron asentadas en los libros contables de los paramilitares, lo que permite determinar que la ruptura procesal en este caso específico fue usada como mecanismo de impunidad para favorecer a aquellos que tenían nexos con esa organización armada ilegal”.
Un ex funcionario judicial, exiliado del país, dijo en el informe que en principio intervinieron 497 cuentas bancarias de personas jurídicas y naturales que estaban relacionadas en los libros contables de las Accu. A esto le siguió congelar las cuentas, establecer por qué esos cheques se relacionaban con los paramilitares y quién o quiénes fueron los beneficiarios finales del dinero. “Tratamos de hacer toda la cadena desde el girador hasta el beneficiario. Se veía mucho la figura del endoso”, agregó. Este es el proceso N° 34.986, dentro del cual está la lista de las empresas, directivos o administradores que fueron investigados en principio. Un informe de la Fiscalía, del 2 de marzo de 2000, remitido a la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá da cuenta de la magnitud de la información. Allí se indica que transcribieron 7.359 cheques por un valor superior a los nueve mil millones de pesos.
Las indagaciones preliminares de la información obtenida en el Parqueadero Padilla también permitió identificar varios jefes paramilitares que luego conoció el país y que también giraban cheques, como Pedro Ortega Lora (Bloque Córdoba de las Accu), Ignacio Roldán (Bloque Bananero de las Accu), Luis Arnulfo Tuberquia (Noroccidente Antioqueño de las AUC), Alcides de Jesús Durango (Suroeste de las AUC), Raúl Emilio Hasbún Mendoza (Bloque Bananero), Miguel Ángel Achury Peñuela (Meta y Vichada de las AUC), Hernán Darío Moreno Calle (Noroccidente antioqueño de las AUC), José de Jesús Pérez Jiménez (Calima de las Accu), Sergio Manuel Córdoba Ávila (Córdoba de las Accu) y Franklin Hernández Seguro (Elmer Cárdenas de las Accu).
Sin embargo, la “investigación del Parqueadero Padilla nunca produjo los resultados que debió. En Bogotá los fiscales la dividieron en un número de casos más pequeños”, dice Maria McFarland Sánchez-Moreno en su libro Aquí no ha habido muertos.
Lo mismo concluye el informe elaborado por el IPC y la CJL, pues el 8 de septiembre de 1998 la Dirección Nacional de Fiscalías le asignó el caso a la Unidad de Terrorismo, un año después, el 23 de diciembre de 1999, pasó a la Fiscalía Delegada ante Juzgados Penales del Circuito Especializado de Bogotá y el 10 de octubre de 2001 fue nuevamente reasignado a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Antioquia.
“La interrupción del proceso de investigación se convirtió en una salvaguarda de la organización paramilitar en su núcleo –esto es, los agentes importantes de su estructura operativa, los vínculos institucionales y las fuentes de financiación-; una garantía de inmunidad de los centros de poder económico que se articularon a la lucha irregular contrainsurgente”, agrega el documento.
Además, concluye, dados los hechos de impunidad y dilación en la investigación, que “la correlación de fuerzas condensada en la Fiscalía General de la Nación fue favorable al funcionamiento del dispositivo paramilitar, de ahí la activación de distintos mecanismos para asegurar que expedientes tan significativos como éste no culminaran en acusación y sanción penal contra los responsables de la financiación de las ACCU.”
No solo fue la impunidad dentro de la Fiscalía, sino el asesinato de los investigadores del CTI que descubrieron este caso y que luego fueron asesinados, como Luis Fernando González Jaramillo, asesinado el 13 de abril de 1998, poco después de la captura del paramilitar Ricardo López Lora en La Ceja. Entre 1995 y 1999 en Antioquia fueron asesinados 12 funcionarios del CTI, quienes conocieron cómo funcionaban las estructuras paramilitares, quiénes era sus financiadores y promotores. Sus asesinatos también obstruyeron el desarrollo de las investigaciones.
Ahora que la Fiscalía capturó de nuevo a alias Lucas, ¿investigará de fondo el fenómeno paramilitar y sus alianzas en Antioquia en los años noventa o se concentrará en este ex paramilitar como testigo en el proceso contra Álvaro Uribe?
