En Colombia, la decisión de la sociedad de hacer uso de su derecho a la protesta social, consagrado en el Artículo 37 de la Constitución Política, ha sido vulnerada por el Estado colombiano.
De un lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena “aplazar las protestas” hasta tanto no haya inmunidad de rebaño; del otro, el Ejecutivo acude a todo su despliegue de la Fuerza Pública (ESMAD, Policía, Carabineros) y, en lugar de proteger a la ciudadanía que ejerce sus derechos, cometen gravísimas violaciones de DDHH en su contra. Las consecuencias de esa decisión se profundizaron este primero de mayo, cuando varios mandatarios ordenaron toque de queda por razones de orden público, decidiendo militarizar las ciudades y romper con los principios de la democracia.
Por ello, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional las graves violaciones a los DDHH ocurridas durante estos días en que la población ha salido a las calles a ejercer el legítimo derecho a la protesta, por un Estado que despliega agentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL), incluyendo su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), en contra de los manifestantes que se han movilizado en Medellín y municipios vecinos, para impedir por la fuerza las jornadas de protesta social convocadas en torno al paro nacional contra la Reforma Tributaria que el gobierno de Iván Duque quiere imponer, profundizando a un más la inequidad que vive Colombia, ya agudizada por la pandemia del Covid 19.
En efecto, durante los últimos cuatro días la Policía ha dado un tratamiento criminal a quienes han participado de algún modo en las movilizaciones, cometiendo graves violaciones de DDHH que se han materializado en agresiones físicas, por el uso desmedido de la fuerza, contra los manifestantes, los defensores y las defensoras de DDHH, los periodistas y el personal médico que han atendido las emergencias, y contra el derecho constitucional a la protesta social en general.
Según datos del Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (PSG), tan solo entre el 28 y 30 de abril se registraron 343 agresiones de la Policía, a través del uso de las que han denominado “armas de letalidad reducida” y detenciones arbitrarias[1]. La mayoría de estos casos se han registrado en los municipios de Medellín, Bello, Copacabana, Envigado y Sabaneta.
Ayer, cuando la jornada de protesta social se sumó a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, nuevamente se presentaron agresiones contra los participantes. Organismos de DDHH como el IPC dieron cuenta de hostigamientos contra los manifestantes, principalmente en el sector del Centro de Medellín; allí, agentes de la Policía incurrieron en agresiones físicas de gravedad y detenciones masivas enviándolos hacia los centros de traslado de protección (CTP).
Ante este escenario de tratamiento criminal a la protesta social y violaciones masivas a los DDHH de quienes participan en las jornadas de movilización, el IPC rechaza la vulneración de los derechos humanos, ejercida por parte de los agentes de Fuerza Pública (que se podría agravar por la orden de militarizar el tratamiento a la protesta bajo la figura de “Asistencia militar”, emitida este sábado por el presidente Iván Duque) y exige que sean investigados y sancionados. Igualmente, rechaza las decisiones de gobernantes como el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia y otros alcaldes del Área Metropolitana, quienes no han hecho los esfuerzos necesarios para impedir las agresiones por parte de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta que son responsables por acción u omisión; es inaceptable que intenten justificar su accionar al equipararlo con el de los manifestantes, y que no actúen contundentemente para frenar los hostigamientos a los mismos por parte de bandas criminales.
Denunciamos ante los organismos de control y la comunidad internacional la ausencia de medidas efectivas por parte del Gobierno Nacional para garantizar el cumplimiento de derechos constitucionales que sostienen el Estado Social de Derecho, como el de la protesta; en este caso, motivada por el rechazo generalizado a la propuesta de reforma tributaria y los decretos de emergencia emitidos por el Gobierno so pretexto de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19.
Aunque el Gobierno Nacional anunció hoy que retirará el proyecto de ley en el Congreso sobre la Reforma Tributaria, mal llamada “Ley de Solidaridad Sostenible”, donde uno de los impactos será la profundización de la pobreza y la inequidad en Colombia, esperamos que esta decisión se haga efectiva y que, al retirarla, este considere las demandas que motivan la protesta social y se apreste para el diálogo nacional, en una ruta de verdadera construcción de equidad y paz.
Finalmente, el IPC rechaza la ruptura de los principios de la democracia con la propuesta de la militarización de las ciudades, lo que ocasionaría la profundización de las violaciones de DDHH. Por eso, reitera la solicitud a los organismos nacionales e internacionales para que inste al Gobierno Nacional a suspender su intención de implementar la figura de “asistencia militar”, así como a hacer efectivo su anuncio de retiro de la propuesta de Reforma Tributaria por las implicaciones para los colombianos en materia de derechos.
Instituto Popular de Capacitación-IPC
