“Si hay una oportunidad de cultivar y producir pancoger, se está quedando en veremos si se llega a asperjar”, dice Pablo*, un líder social del municipio de El Bagre, en la región de Bajo Cauca, y quien quiere que su identidad quede en reserva por seguridad.
Pablo conoce el Bajo Cauca como la palma de su mano, y las diversas problemáticas que la azotan: desplazamiento, presencia de grupos armados, cultivos de hoja de coca, minería legal e ilegal y poca presencia integral del Estado.
De las 848 mil hectáreas que componen el Bajo Cauca, para 2020, 368.500 estaban afectadas por títulos o solicitudes mineras, 441.830 destinadas a pastos para la ganadería y 175.523 afectadas por los cultivos de coca, dice el informe Segregación y vaciamiento: una estrategia del capital y los armados para ordenar y explotar el Bajo Cauca, elaborado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y entregado a la Comisión de la Verdad.
La noticia de la emisión del Decreto Nacional 380 del 12 de abril de 2021, por el cual “se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones”, trajo preocupación en la región del Bajo Cauca, pues es una de las cuatro zonas enclave, con San José del Guaviare, Tumaco y Putumayo, priorizadas para iniciar esta actividad.
A los habitantes del Bajo Cauca les preocupa su salud, los cultivos que están sembrando, las nuevas propuestas económicas y alternativas a las que la comunidad le está apostando, además de su permanencia en el territorio. Cuenta Pablo que en algunas zonas de la región está iniciando una economía apícola y “el glifosato es mortal para la apicultura. Es una de las alternativas que está presentando la comunidad frente a los problemas de minería y de coca, pero que con la llegada del glifosato también se acabaría”.
William Muñoz, presidente de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca y habitante del municipio de Tarazá, señala que además de los daños a los cultivos de pancoger, temen por los daños en los pastizales, en el ganado y en la salud de mujeres y niños que habitan la región.
“En el 2011, cerca de La Caucana, en Tarazá, había sembradas cinco hectáreas de plátano y se acabaron cuando la avioneta pasó por encima. La planta de pancoger es lo más delicado que hay, eso no es como la planta de coca que tiene las ‘siete vidas del gato’, como dice el dicho, y que resiste. Es que no es oponernos a que se acabe con el narcotráfico, sino que se solucione de manera política y concertada”, agrega Muñoz.
Frente a los efectos del glifosato, el médico y toxicólogo de la Universidad de Antioquia, Dr. Ubier Gómez, asegura que “desde la salud pública no es una alternativa segura, tiene grandes riesgos que no solamente impactan las zonas sino a toda la globalidad. Epidemiológicamente se ha encontrado que existe una relación entre glifosato y el número de abortos de las regiones afectadas, daños neurológicos en la flora y fauna, desarrollo de Parkinson en el ser humano y trastornos endocrinos, y claramente se sabe que hay una relación de simultaneidad con el desarrollo del Linfoma no Hodgkin, con mayor incidencia de cáncer hepático, cáncer renal y cáncer pancreático”.
Socializar un proyecto en la virtualidad
Pablo dice que, aunque la preocupación aumentó con la emisión del decreto, desde septiembre del 2020 la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ya estaba socializando el proyecto.
“En septiembre del año pasado iniciaban las audiencias sobre la focalización o los permisos ambientales que le pedían a la Anla para el tema de aspersión aérea. A la Personería llegó información para las audiencias, nos facilitaron unos volantes a los líderes y lo que hicimos fue notificar a las comunidades, las cuales se preocuparon mucho, hicimos reunión y hablamos. Se llegó a la conclusión de que la erradicación forzada ha generado daños en los territorios, sobre todo daños económicos, desplazamientos y maltrato a la población”, comenta el líder.
En el mismo sentido, Pablo hace la aclaración de que hubo tres socializaciones que se llevaron a cabo de manera virtual en septiembre y diciembre de 2020 y marzo de 2021. Sin embargo, a pesar de que la comunidad fue notificada, las socializaciones se realizaron de manera virtual por la covid-19 y los campesinos no pudieron participar, pues la conectividad en la zona es limitada, y por eso no saben cuándo va a iniciar, cuántas hectáreas van a asperjar en el municipio y qué institución será la encargada.
Por las dificultades en la socialización fue que comunidades étnicas y campesinas del pacífico nariñense interpusieron cuatro acciones de tutela a inicios del 2020, en las cuales le exigían a la Anla suspender las socializaciones virtuales por falta de conectividad y participación de las comunidades. En mayo de 2020, el Juez Segundo Administrativo de Pasto obligó a la Anla a suspender temporalmente esta socialización. Sin embargo, en el Bajo Cauca estas se llevaron a cabo.
La Agencia de Prensa del IPC contactó a la oficina de prensa de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional y a la Policía Antinarcóticos del departamento de Antioquia para conocer cuál de las dos instituciones será la encargada de realizar la aspersión en el territorio. Ambas manifestaron no tener conocimiento o haber recibido información por parte del Ministerio de Defensa. Mientras, la Cuarta Brigada continúa realizando erradicación manual en la zona.
¿Qué va a pasar con las familias del Pnis?
El posible inicio de la aspersión aérea con glifosato, coincidiría con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (Pnis), del que hacen parte más de 99 mil familias de 14 departamentos del país. Dos de los cinco municipios del Bajo Cauca hacen parte del programa.
Para 2019, en Antioquia 12 mil familias ya habían firmado acuerdos colectivos y 2.500 más de municipios como Yarumal, El Bagre, Nechí y Sabanalarga estaban en proceso de inscripción al programa pero no lo firmaron, pues el gobierno de Iván Duque suspendió la firma de esos acuerdos colectivos argumentando que había un desorden interno en el Pnis y que antes debían organizarlo. Pero no incluyeron más familias.
El programa dejó a estas 2.500 familias fuera del Pnis y cambió el destino de 36 mil millones de pesos que iban para las nuevas familias acogidas al programa, como lo señaló Luis Fernando Pineda, exdirector del Pnis en Antioquia, en entrevista con la Agencia de Prensa IPC en 2019.
A pesar de que el 98% de las familias inscritas en el Pnis ha cumplido con la erradicación voluntaria, según el informe No.23 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), el Gobierno Nacional insiste en darle vía libre a la aspersión aérea con glifosato.
“Esto ha sido un fracaso enorme, nosotros como organizaciones sociales del departamento nos la jugamos por que en cada uno de los municipios de Antioquia donde hubiera asentamientos de cultivos de uso ilícito se pudieran firmar los acuerdos. Lastimosamente algunos no lo pudieron hacer. Y hago la claridad de que no fue el Gobierno el que se acercó a hacer la oferta a las comunidades, sino que las comunidades eran las que le exigían al gobierno que se posesionara el Pnis”, expresa William Muñoz, líder de Tarazá.
En medio de la desesperación y la zozobra, la comunidad de El Bagre ha aprovechado para manifestar su inconformismo en el marco del Paro Nacional. Con carteles, arengas y velatones, hicieron presencia en el parque de su municipio exigiendo al Gobierno Nacional la suspensión de este decreto que daría vía libre a la aspersión con glifosato.
Los líderes manifiestan que, de darse esta actividad, el desarrollo que poco a poco intentan construir va a quedar estancado y nuevamente la región va a sufrir un fuerte golpe social: un desarraigo y desplazamiento del territorio. Allí, en el Bajo Cauca, entre 1985 y 2020 fueron desplazadas 204.676 personas, según el Registro Único de Víctimas (RUV), y solo en tres años, entre 2018 y 2020, fueron desplazadas 42.508 personas.
“Es que los desplazamientos no solamente se dan por un grupo armado, también se dan por acciones como estas. Familias que en un momento no quedan con absolutamente nada, les acaban con los cultivos de pancoger, lo poquito que tenían de cultivos de coca, tienden a emigrar, a engrosar el desplazamiento en las ciudades. Esto va a incrementar más la pobreza en el Bajo Cauca, esto es lo complejo de todo este tema de la aspersión aérea”, indica Pablo, líder de El Bagre.
Desde las montañas y sabanas del Bajo Cauca, las familias inscritas al Pnis y las que aún siguen cultivando coca, esperan con temor e incertidumbre la llegada del glifosato, ¿qué va a pasar con sus comunidades y su territorio?
