Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes

 Instituto Popular de Capacitación - IPC

Comunicado a la opinión publica

03 de septiembre de 2012

En vísperas de la Audiencia contra “Don Berna” asaltan el IPC para robar información

Con el presente comunicado las directivas del Instituto Popular de Capacitación rechazan el asalto a la sede de la organización, ubicada en San Benito, centro de Medellín, para sustraer información sobre violaciones de derechos humanos.

En las horas de la mañana del lunes 3 de septiembre, nos percatamos de que la oficina de sistemas, la presidencia y dos oficinas más, donde se concentra información sobre derechos humanos de nuestro observatorio, estaban desordenadas y con los cajones abiertos, hechos demostrativos de que los invasores buscaban información, aclarando que toda la sede fue desordenada y fueron cortadas la redes de telefonía e Internet.

El IPC condena este tipo de actos y llama la atención porque esta situación haya sucedido en la víspera de la audiencia de formulación de cargos al ex jefe paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano, Alias “Don Berna”, en un proceso en el cual el IPC ha sido denunciante, en virtud del atentado con explosivos ocurrido en 1999 contra la sede anterior de la organización, ubicada en el barrio Prado Centro. A lo cual se suma, un hecho de mayor gravedad en 1999 en el que fueron secuestrados 4 miembros del equipo de trabajo de nuestra institución, luego de que integrantes de la banda “La Terraza” incursionaran a la sede del IPC siguiendo órdenes de “Don Berna” y Carlos Castaño. Posteriormente se incrementaron las amenazas al Equipo de Derechos Humanos lo que generó su  exilio en el año 2000.

Por: José Girón Sierra

Socio del Instituto Popular de Capacitación, experto en temas de paz y conflicto.

Desde su posesión, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos hizo el grato anuncio de que la llave de la paz estaba bien guardada y que si sedaban las condiciones haría uso de ella. Desde hace dos años, entonces, el país estaba a la  expectativa de que se diesen esas esperadas condiciones. Incluso algunos llegamos a pensar que, de bien guardada, dicha llave iba a ser presa del tiempo y del oxido; pues en el contexto de la guerra que nos agobia y que ajusta casi medio siglo, no aparecían indicios claros de que sus actores centrales caminaran en una ruta distinta a la de propinarse una derrota mutua.

En medio del emplazamiento, de quien desde su bunker no piensa sino en la guerra, y después de muchos rumores, de que el gobierno adelantaba conversaciones en Cuba con la insurgencia, el propio Presidente confirmó dichos acercamientos y anunció el comienzo de un proceso que pretende no caer en los mismos errores de los no pocos intentos fallidos, que se han tenido en el país, por darle fin a una guerra que ha llenado de víctimas a campos y ciudades.

Después de vivir ocho años de un gobierno en el que el tema la paz se estigmatizó y en el que fueron arrinconados y calificados de terroristas quienes quijotescamente continuaron defendiendo la paz como un derecho y la solución negociada como un valor, no se puede ocultar que este anuncio promete nuevos vientos y airea un tema clave para la sociedad. Ello explica, y no es para menos, la buena dosis de optimismo de importantes sectores sociales, de dirigentes políticos diversos y de analistas políticos de disímiles corrientes.

Como positiva calificaron algunos analistas la iniciativa del gobierno colombiano y de la guerrilla de las FARC de adelantar acercamientos de paz. Los expertos, consultados por la agencia de prensa del IPC, manifestaron que la discreción, el cese al fuego, la participación política y el acompañamiento de la sociedad, son elementos claves para avanzar en un acuerdo que permita ponerle fin a 50 años de conflicto.

Mientras para algunos hay que tener esperanza pero sin ser triunfalistas; para otros, las situaciones que propiciaron este acuerdo de diálogo tendrían la connotación particular de que ambas partes quieren terminar la guerra. El desafío es que no se repitan los fracasos del pasado.

Sin embargo también existe temor por los enemigos que podría tener el proceso de paz, ya que históricamente algunos sectores se han opuesto a la negociación con las guerrillas, por lo cual se hará necesario brindar condiciones óptimas de seguridad.

Opinión editorial IPC

Por: Hernando Loaiza Bastidas, miembro de la Junta Directiva del Instituto Popular de Capacitación

En medio de tantas noticias, frustraciones y escándalos, la llave de la paz parece estrenarse en una cerradura esquiva y maltratada, no obstante, debemos celebrar que luego de la hecatombe humanitaria de los últimos diez años, se reabra el camino de la paz y sea posible mediante una salida negociada, que aprendiendo de los desaciertos anteriores y mediante un dialogo sincero, alcanzar el silenciamiento de los fusiles y ponga el punto final a la guerra colombiana.

El reto es inmenso para el Presidente Santos y para la sociedad en su conjunto, sobre todo si el marco exigido por el gobierno se condensa en los tres puntos explicados por el primer mandatario y por efecto de los mismos, las negociaciones deban y tengan que orientarse con sinceridad, a dar por terminada la confrontación y abrir las compuertas de la reconciliación nacional.

Con un cheque en blanco o con un cinturón que perdió la hebilla, compararon algunos críticos al proyecto Cinturón Verde de Medellín. La inconformidad con la propuesta radica en que en pleno mes de agosto aún no se clarifica qué es el Cinturón Verde, cómo se va a ejecutar y dónde se va a desarrollar. Así lo argumento la Veeduría al Plan de Desarrollo, que reclamó espacios de discusión pública para analizar la iniciativa.

Las duras críticas contra este proyecto, que es uno de los programas bandera de la Alcaldía de Aníbal Gaviria, se dieron a conocer durante el foro “Al Cinturón Verde se le perdió la hebilla”, realizado por la Veeduría el pasado 22 de agosto.

Según el veedor, Martín Román Cárdenas, lo más preocupante es que al parecer el Cinturón dejó de ser verde. “O sea como propuesta ambiental de unificar los bordes y ser un corredor biótico que una las partes altas del Valle de Aburrá con el río Medellín, dejó de ser. Y hay unas propuestas de movilidad ligera, tipo tranvía, que nos preocupan porque eso puede generar un incremento en el valor del suelo y un uso distinto del suelo en las laderas, lo que podría dar un cambio en el ordenamiento territorial de Medellín”.

El proceso en Estados Unidos contra el general en retiro, Mauricio Santoyo Velasco, dejó al descubierto la inoperancia de la justicia colombiana frente a las acusaciones hechas en este país contra el alto oficial. Al respecto, varias organizaciones sociales advirtieron que en Colombia ha existido una estrategia de impunidad que involucra a las altas esferas del poder y señalaron que este es el momento indicado para reabrir las investigaciones, por desaparición forzada e interceptaciones telefónicas ilegales, que comprometen a Santoyo.

Lo sorprendente es que este general, quien reconoció sus nexos con paramilitares ante la Corte Este de Virginia, Estados Unidos, siempre salió impune de los procesos que le adelantaron en Colombia por violaciones a los derechos humanos. Lo inquietante es que a  pesar de las acusaciones en su contra, el oficial Santoyo logró ascender en la Policía durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, de quien fuera jefe de seguridad.

Para Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), la decisión de la corte estadounidense de vincular a Santoyo en un proceso por narcotráfico deja grandes preguntas. “Primero frente al tema de la impunidad y de cómo la institucionalidad favoreció esos procesos en Colombia, y segundo frente a la verdad y la necesidad de justicia para las víctimas de interceptaciones ilegales. Por eso resulta lamentable que tenga que operar la justicia de afuera y que la justicia colombiana no tenga nada que decir.”

Ocho días encerrado en una mina, como una forma pacífica de resistir las amenazas del grupo armado “Héroes del Nordeste”, ajustó el presidente de SINTRAMINERGÉTICA[i], seccional Segovia, Dairo Rúa. El líder sindical, actual presidente del Concejo Municipal, reveló que toda la junta directiva de su agremiación está amenazada y señaló que la problemática tendría dos orígenes: la negativa de pagarles extorsiones a las bandas criminales y los pleitos jurídicos tras la liquidación de la Frontino Gold Mines.

Las amenazas contra los obreros de la sociedad minera La Roca, donde permanece Dairo Rúa, se dieron a conocer hace 15 días cuando presuntos integrantes de los “Héroes del Nordeste” advirtieron que nadie podía seguir trabajando en esa mina; que genera 120 empleos directos y 150 indirectos.

Dairo Rúa relató que al conocer las intimidaciones todos los mineros se fueron, sin embargo, “nosotros empezamos a hacer presencia ese día con el acompañamiento de la Policía Nacional y los trabajadores siguieron viniendo. Pero entonces ya empezaron a esperarlos a la salida e, inclusive, a seguirlos hasta las casas, donde les decían que la orden era que no podían seguir trabajando acá y que el que siguiera haciéndolo fuera comprando el cajón porque lo iban a matar los 'Héroes del Nordeste'.” Escuché aquí el relato de Dairo

Sobre esta organización ilegal, el comandante encargado de la Policía de Antioquia, coronel Gustavo Chavarro, explicó que las autoridades investigan si se trata de un grupo disidente de la banda “Los Rastrojos”, que sostiene una disputa en la zona con “Los Urabeños”.

Presuntas detenciones ilegales, retenciones de cédulas de ciudadanía y toma de fotografías en puestos de control militar, fueron algunas de las denuncias que hicieron líderes campesinos de Urabá, durante las audiencias sociales del proceso de garantías realizadas en los municipios de Dabeiba y  Mutatá.

Las actividades, realizadas entre el 3 y el 5 de agosto del presente año, fueron desarrolladas por varias organizaciones defensoras de derechos humanos que recibieron el acompañamiento del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con las denuncias recopiladas en el corregimiento La Balsita, del municipio de Dabeiba, algunos miembros de la Brigada Móvil Nro. 11 del ejército al parecer estarían deteniendo a campesinos de manera ilegal y además estarían infundiendo temor entre la comunidad, manifestando que habría órdenes de capturas contra algunos campesinos  señalados de pertenecer o colaborar con la guerrilla de las FARC.