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Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes

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Periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Candidato a Magister en Ciencia de la Información con Énfasis en Memoria y Sociedad, Escuela Interamericana de Bibliotecología de la UdeA. Coordinador de la Agencia de Prensa IPC entre 2012 y 2018. Actualmente periodista en Hacemos Memoria. Trabajando por esa Colombia excluida y vulnerada, por aquellos que no son escuchados y por la anhelada paz. Aficionado a la literatura, al rock, a las huertas y a las buenas películas.

Restituciones Colectivas, audio de la entrevista al presidente del IPC en...

Diego Herrera, presidente del Insituto Popular de Capacitación (IPC), fue invitado al Noticiero de Todelar para hablar sobre la propuesta: Restitución Colectiva de Tierras en Colombia, liderada...

Agremiaciones médicas insisten en nuevo modelo de salud pública

Mientras el Gobierno Nacional trata de contener la crisis de la salud anunciando nuevas medidas, como la inyección de 1,2 billones de pesos al sistema, el saneamiento de la deuda y el incremento de los controles a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS); las organizaciones médicas y sociales piden a gritos que no se hagan más esfuerzos en vano y que de forma radical se derogue la Ley 100 para crear un modelo totalmente nuevo.

En los últimos días el clamor de las agremiaciones médicas y de miles colombianos tuvo eco en el Congreso de la República, donde algunos congresistas le solicitaron al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que presentara una reforma total a la Ley 100 de 1993, antes de que el sistema entre en una crisis mayor.

Plantón nacional para exigir nuevo modelo de salud

Con manifestaciones pacíficas en diferentes ciudades del país, hoy se dará clausura a la consulta La Octava Papeleta: Voz y Voto por tus...

Restitución colectiva: una alternativa macro para un proceso enorme

Seis millones 500 mil hectáreas de tierra por devolver, 60 reclamantes asesinados y una avalancha de solicitudes; son algunas de las situaciones que generan...

En dos veredas de Caldas piden retorno de docentes oficiales

Una triste sorpresa recibieron más de 700 alumnos de dos instituciones rurales del municipio de Caldas, quienes regresaron de las vacaciones intermedias y descubrieron que les habían cambiado a 24 docentes oficiales por profesores de cobertura. La medida generó malestar entre la comunidad que reclama sus educadores públicos porque teme nuevos problemas de escolaridad. La situación refleja lo ocurrido en otros municipios de Antioquia donde la Gobernación decidió ajustar el sistema educativo.

Parte de la inconformidad radica en que los maestros oficiales del Colegio Rural Salinas y la Escuela Rural San Francisco, fueron traslados a la cabecera municipal para remediar la crisis de la institución Federico Ángel, donde faltaban plazas docentes. En ese plantel educativo los alumnos protestaron el pasado mes de mayo porque las clases no se desarrollaban con normalidad, pues pasados cinco meses del año varios cursos permanecían sin educadores.

Ahora nuevamente los reclamos provienen de los estudiantes, esta vez de las veredas Salinas y La Quiebra, quienes no se explican porque solucionaron el problema de la zona urbana llevándose a los docentes oficiales de sus instituciones.

“Brecha de inequidad persiste en Medellín” según la Veeduría

La inclusión social y el desarrollo equitativo continúan siendo temas críticos Medellín, pese a los...

En Marinilla marcharon contra empresa de químicos

 

Con una marcha pacífica, los habitantes de Marinilla rechazaron la posible entrada en funcionamiento de la empresa de químicos Nopco de Colombia S.A La compañía asentada en esa población del Oriente Antioqueño sólo espera la licencia ambiental para iniciar labores. Sin embargo al parecer la fábrica fue edificada en una zona prohibida para su labor. Las autoridades locales tratan de establecer si hubo irregularidades con la licencia de construcción.

La compañía Nopco se dedica a la producción de aditivos químicos para diferentes sectores industriales como: construcción, pinturas, textiles, cerámicas, agroindustria, petróleo y minería entre otros. En la actualidad la empresa gestiona la licencia ambiental ante la corporación autónoma regional CORNARE, entidad que decidió suspender dicho trámite y convocar a una audiencia pública para el próximo 8 de agosto, debido al rechazo de la comunidad de Marinilla y a las dificultades con el lugar donde se ubica la fábrica.