Campesinos y líderes del corregimiento Barro Blanco del municipio de Tarazá denunciaron que durante las semanas de confinamiento por el Covid-19 se han presentado enfrentamientos entre la fuerza pública y habitantes de las zonas de Corralito, San Antonio y Santa Cruz, en límites con Cáceres, pues la comunidad se rehúsa a que se continúe con la erradicación de coca en sus territorios.
Según Jorge Ríos, presidente de la Asociación de Campesinos Unidos del Río Nechí, Asocurn, el Ejército hizo presencia el lunes 23 de marzo en la vereda Barro Blanco con la intención de continuar con la erradicación forzada. “Nosotros nos quejamos ante la personera de Tarazá y ella estuvo hablando para que se frenaran las operaciones. La erradicación estuvo parada y la gente dice que hasta que no se componga lo del virus ellos no deben estar molestando en el campo”, expresó Ríos.
Este tipo de erradicaciones hacen parte de una cadena de intervenciones que el Gobierno Nacional viene desarrollando en la zona del Bajo Cauca, aseguró Mauricio Soto, investigador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), pues en el mes de febrero la fuerza pública hizo quemas y erradicación de cultivos en la Serranía de San Lucas, en el municipio de El Bagre.
“Es una lógica que se basa en una apuesta muy seria a la erradicación de cultivos en vez de la sustitución de ellos. No es de extrañar que se aprovechen de la situación del coronavirus, de que los campesinos abandonan los territorios y se encierran, para mandar operativos de erradicación forzosa”, afirmó Soto.
Por su parte, el Secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, reconoció que está al tanto de la situación pero que este tipo de acciones hacen parte de las políticas del Gobierno Nacional y, en ese sentido, los gobiernos departamentales y municipales no tienen marco de actuación legal, pues son políticas direccionadas desde Presidencia y el Ministerio de Defensa.
Pero el 2 de abril, el Ejército estuvo nuevamente en los alrededores de la vereda Barro Blanco haciendo erradicación manual y quemas. Una líder de la comunidad señaló que ahuyentaron a los habitantes con gases lacrimógenos para que no salieran de sus casas. “ Se llamó a las comunidades para volver a hacer la barrera que han tenido ante la fuerza pública y dicen que, o se van o se enfrentan a ellos”, afirmó Ríos, quien añadió que otro de los temores de la comunidad es que agentes de la fuerza pública lleguen a sus territorios afectados por el coronavirus y lo propaguen en las veredas.
Frente a estas acciones de violencia que se están presentando en Barro Blanco, el Secretario de Gobierno afirmó que “las comunidades tienen todo el derecho a recurrir a la veeduría, al seguimiento del Ministerio Público, personerías municipales, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, si en algún caso se evidencia que hay vulneración de derechos a estas personas”, y que además la fuerza pública tomará las precauciones necesarias para evitar la propagación del virus.
La lectura de la comunidad, y que coincide con la de Mauricio Soto, es que es evidente que la fuerza pública está aprovechando las directrices de confinamiento para erradicar de manera rápida y efectiva los cultivos de coca, pues los campesinos no se pueden reunir ni articular para hacerle frente al tema de la erradicación.
“Aprovecharon Tarazá porque es un territorio que en este momento tiene muy pocos cultivos ilícitos. Por una parte están acabando con los cultivos de campesinos que no se acogieron al PNIS y, por otra, falta ver si también es una estrategia para tratar de erradicar aquellos cultivos que son superiores a 10 hectáreas y que son controlados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Caparrapos”, explicó Soto.
El fracaso del PNIS y Antioquia Libre de Coca
Tarazá fue uno de los municipios de Antioquia y de la región del Bajo Cauca en los que se implementó el Plan Nacional Integral de Sustitución, PNIS. Según el artículo Erradicando la confianza. La implementación del PNIS en Tarazá y Cáceres, publicado por el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, hasta 2019 en Tarazá estaban inscritas al PNIS 4.133 familias, las cuales erradicaron 1.657 hectáreas, lo que representó un cumplimiento del 99%.
Según el informe, desde agosto de 2018, el programa tiene suspendidas sus inscripciones a nivel nacional y desde el nuevo gobierno de Iván Duque se hizo un traslado del programa a la Agencia de renovación del territorio (ART) con el argumento de que estaba operando de manera aislada y que no tenía la capacidad de cumplir lo que prometía.
Esta acción hizo que hubiera cambios en la ruta metodológica de la implementación del PNIS, que no se realizaran los pagos a tiempo, que no llegara la asistencia técnica ni los proyectos productivos y que, al final, muchas familias desistieran del proyecto y volvieran a la resiembra de coca, como sucedió con algunos campesinos de Tarazá que estaban cumpliendo con lo acordado.
Según Jorge Ríos, a pesar de que los pagos están llegando a las familias beneficiarias del PNIS en Tarazá en este tiempo de cuarentena, “hay mucha inconformidad en relación con los proyectos porque hay gente que hace un año se le terminaron los pagos y, por ejemplo, el $1’800.000 de la seguridad alimentaria no se le ha acabado de entregar. Una persona que arranca su cultivo que le está dando de todo, la comida, la salud, la educación a los hijos, la vivienda, no va a esperar que el Gobierno les desembolse un proyecto, no es capaz de sobrevivir”.
A estas dificultades con el programa, se le suman los desplazamientos que han sufrido campesinos de las veredas de El Doce y Barro Blanco, los problemas de acceso y titulación de tierras y las intimidaciones por parte de grupos ilegales que tienen sus rentas en los cultivos de coca.
Y es que luego de la suspensión del PNIS, entraron en vigencia otros programas del Gobierno Nacional y departamental que le apuntan a la erradicación forzada de los cultivos y dejan a un lado lo planteado en el PNIS y la sustitución: Ruta Futuro y Paz con Legalidad, implementados por el gobierno de Iván Duque, y Antioquia Libre Coca, implementado por el anterior gobernador, Luis Pérez.
En entrevista con la Agencia de Prensa IPC, el pasado 5 de febrero, el Secretario de Gobierno de Antioquia afirmó que la implementación del programa Antioquia Libre Coca no se hizo de manera integral y que uno de los puntos a solucionar es la formalización de las tierras. Según las cifras presentadas como resultado del programa en municipios como Tarazá se evidenció una resiembra de más del 100% y un fracaso del mismo: durante 2017 se presentaron 3.803 hectáreas sembradas y en 2018 se erradicaron 7.158; en 2018 se presentaron 3.728 hectáreas sembradas y durante 2019 se erradicaron 7.702.
Actualmente, el programa Antioquia Libre de Coca se encuentra en suspensión pero, mientras tanto, las políticas nacionales de erradicación están tomando control en el territorio y llevando a cabo actividades de erradicación forzada como las que denuncian los campesinos del municipio de Tarazá.
Lea también: Así funcionan los despidos masivos durante el Covid-19
