Por Soledad Betancur Betancur, investigadora Agendas Territoriales de Paz – IPC
Una de las familias colombianas que ha logrado encabezar las élites que representan el proyecto de ultraderecha en el país, logra en dos décadas configurar una coalición movida ideológicamente por el odio y el temor contrainsurgente que, cohesionada con una oferta de seguridad, logra que una parte de la sociedad sea útil a sus intereses, paradójicamente a nombre de un proyecto democrático.
Al respecto, esto plantea Vilma Liliana Franco a propósito de su análisis del “Bloque de poder contrainsurgente”:
“… este poder no es la sumatoria simple del poder individual de los jefes mercenarios como supuestos empresarios de la coerción, señores de la guerra, o de redes de poder local, sino una trama compleja de relaciones e intereses, un conjunto de centros de poder en intersección que privilegia un conjunto de fuerzas y actores sociales, se cohesiona en torno al odio y temor a lo insurgente y, sobre todo, en torno a la defensa de lo acumulado; adopta una estrategia de coerción y consenso a través de una unidad dialéctica entre legalidad e ilegalidad; y adopta una selectividad estratégica expresada en formas, dispositivos y prácticas estructurantes de un orden contrainsurgente”. (Franco, 2009: 225).
El siguiente esquema, -al que acaba de entrar la figura del general (r) Flavio Buitrago —exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe—, a quien el Juzgado Noveno Especializado de Bogotá condenó a nueve años de prisión por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, es una pequeña muestra de esa dialéctica legal e ilegal que invisibiliza todas sus fronteras cuando esta coalición se toma el poder del Estado; pero que activa toda su base de sociedad útil cuando pierde fragmentos de su control o evidencia fisuras que rompen el hilo conductor de miedo y odio que lo alimenta.
Pero el hilo conductor de miedo y odio sufre fisuras si la imagen del enemigo interno se transforma o desaparece. Criminalizar a ese enemigo, no permitir que transforme su propio estigma, se constituye en la sostenibilidad de su apuesta de poder, especialmente para sostener como su base social aquella que adopta sus principios para paradójicamente defender los privilegios de unos pocos.
Por ello, para la elite que enarbola su democracia criminal, dejar que se consolide en Colombia la ruptura de ese continuum de la guerra por un escenario de esperanza de paz, es, si bien no su derrota, si la perdida de condición de superioridad sobre otros proyectos políticos; darle entrada a un juego democrático sin armas, pero especialmente sin odios y estigmatización, es ceder terreno, dejar fisuras que ponen en riesgo su acumulado de poder y de riqueza.
Por eso su proyecto no admite la paz, ni el reconocimiento de su antiguo enemigo como su contendor político, porque su recurso a la eliminación del contrario perdería sentido y sus estrategias guerreristas quedarían expuestas como puro interés de acumulación; perdiendo el “inventado” recurso a la representación de los agraviados y, por tanto, erosionando parte de su base social.
Por eso, este momento político en el país, es un punto de inflexión que se debe consolidar, para que las disputas entre un proyecto de democracia criminal vs. una democracia incluyente basada en un estado social y democrático de derecho, se incline hacia este segundo escenario. Así se fortalecerán las bases no armadas para el acceso al poder y se sentaran –simultáneamente- las bases de un proyecto cultural donde lo que emocione sea la paz y no la guerra; donde los antiguos adversarios armados puedan demostrar en la disputa política la justeza de sus apuestas societales. Esto no admite más dilaciones, si no queremos dejar pasar de largo este momento histórico y coadyuvar a que los guerreristas debiliten su superioridad.
* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de la autora y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC).
