Como parte de las actividades previas al Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Humanas Para no volver a la Guerra. La historia de la paz y la paz en la historia, que se desarrolla hoy en la Universidad de Medellín, el Instituto Popular de Capacitación coordinó el lunes el taller Ruta de la Memoria, que posibilitó el diálogo a partir de las experiencias de personas y organizaciones víctimas del conflicto armado en la ciudad.
El lugar de encuentro fue el Museo Casa de la Memoria. Hasta allí llegaron familiares de niños y jóvenes asesinados por agentes del Estado, familiares de personas desaparecidas, integrantes de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, miembros de Pastoral Social y dos invitadas internacionales provenientes de Argentina y Guatemala.
En ese espacio Andrés Arredondo, investigador del proyecto Memorias en Diálogo, les contó a los asistentes que el Museo se empezó a concebir luego de la desmovilización del grupo paramilitar AUC –entre 2003 y 2006– y fue impulsado por la Alcaldía de Medellín, para que fuera “asiento de la palabra viva y la memoria de las víctimas del conflicto armado”.
Y comentó que el Museo cumple la función de ser un lugar para investigar, visibilizar y dignificar la memoria de las víctimas, tomando distancia de las versiones oficiales y/o institucionales. Ahora, añadió, debería servir para contribuir con “unas cuotas de verdad que sean funcionales a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad”.
Experiencias de las víctimas
Aún en el Museo, los participantes conocieron la experiencia de Mujeres Caminando por la Verdad, de la Comuna 13 de Medellín. Luz Elena Galeano, integrante de la organización y esposa de Luis Javier Laverde –quien desapareció el 9 de diciembre de 2008–, recordó que la asociación de víctimas surgió como forma de resistencia ante la impunidad posterior a las operaciones militares que dejaron numerosos casos de detenidos-desaparecidos y asesinados.
Ella indicó que uno de sus logros más significativos de esa organización fue hacer que la institucionalidad aprobara un plan integral de búsqueda y exhumación de las personas dadas por desaparecidas. Según sus versiones y las de desmovilizados que se acogieron al proceso de Justicia y Paz, muchas de ellas estarían enterradas en las escombreras de la parte alta de la Comuna.
Además, resaltó que debido a «la negligencia del Estado para reconocer a las víctimas de desaparición», su caso fue escuchado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y la labor de exigibilidad de verdad, justicia y reparación de la Asociación, fue distinguida con el Premio Nacional a la Defensa los Derechos Humanos Colombia 2015, en la categoría “Experiencia colectiva del año”.
Posteriormente, los participantes se desplazaron hacia el Parque del Periodista, donde se erigió en 2004 el primer monumento del país dedicado a la memoria de las víctimas de crímenes de Estado. Aquél conmemora la Masacre de Villatina, perpetrada por un comando de Policía adscrito al F-2 en 1992, que dejó como resultado nueve niños y jóvenes asesinados.
Allá, junto al monumento, cuatro madres relataron cómo vivieron ese 15 de noviembre, cómo afrontaron el proceso judicial por el asesinato de sus hijos y cómo continúan resistiendo ante la impunidad. También precisaron que, como parte de la reparación simbólica, obtuvieron un colegio y un centro de salud para ese barrio del oriente de la ciudad.
Patricia Fuenmayor, abogada del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), explicó que ello fue resultado de que el caso fuera llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a mediados de los noventa y que, por ello, se consiguió una “solución amistosa”: el Estado reconoció su responsabilidad y pidió perdón, pero “no ha habido justicia, sigue la impunidad”.
Del Parque, se dirigieron a la sede del Instituto Popular de Capacitación. Diego Herrera, presidente del IPC, les contó a los participantes que la institución promueve y defiende los DDHH desde hace 35 años. Debido a esa labor, el Instituto sufrió las consecuencias de la violencia política sistemática y, en el año 2013, fue reconocida como sujeto de reparación colectiva de incidencia nacional.
Al respecto Juan Esteban Jaramillo, investigador del Observatorio de DDHH y Paz del IPC, expresó que las afectaciones a la institución se enmarcaron en un proceso de violencia generalizado contra el movimiento de derechos humanos en Antioquia. Con ello, añadió, los agresores impidieron las transformaciones democráticas que aquellos estaban gestando desde la década de 1980.
Finalmente, la Ruta Pacífica de las Mujeres compartió su experiencia. Teresa Aristizábal, coordinadora del Nodo Antioquia, contó que esta organización feminista “por la paz y contra la guerra” nació en 1996, en la subregión de Urabá. Luego de una investigación, identificaron que “la principal afectación sobre la vida y el cuerpo de las mujeres era la violación sexual sistemática”.
Desde entonces, han crecido en número y en estrategias para la acción. Una de ellas es la incidencia pública para la creación de políticas públicas favorables a las mujeres; otra es la de formación política a través de la escuela Trenzando Saberes y Poderes; y una más es la investigación para generar opinión pública y visibilizar las afectaciones del conflicto y las formas de resistencia.
Aparte de eso, destacó el trabajo que condujo a la publicación de La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, un informe de verdad y memoria que la Ruta presentó en las negociaciones de La Habana, para que su metodología y resultados contribuyan al trabajo que realizará la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.
Reacciones de las visitantes internacionales
Tras escuchar estas experiencias locales, intervinieron las dos asistentes internacionales. Inicialmente habló Alejandra Wagner, decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y directora académica del Congreso, quien admitió que algunas de las historias que escuchó le resultaban “muy desconocidas”.
También les contó a los participantes que su país ha vivido la violencia enmarcada en las dictaduras de hace más de cuatro décadas. Por eso, su Facultad está atenta a la situación de derechos humanos y a procesos como los de las Abuelas y las Madres de la Plaza de Mayo, que siguen exigiendo justicia e intentando reconstruir la memoria en medio de avances y retrocesos.
Y agradeció por la posibilidad que tuvo de escuchar las historias de las mujeres cuyos hijos fueron asesinados, sus familiares desaparecidos y, partiendo del dolor común, han dado el paso para formar organizaciones. Ello, comentó, le permitirá enriquecer el trabajo que hace desde la academia y tender puentes con organizaciones que tienen reivindicaciones similares en su país.
Finalmente intervino Alba Maldonado, conocida como ‘Comandante Lola’ tras ser fundadora y militante del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), de Guatemala. Esa fue una de las cuatro fuerzas que se integró a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca para firmar acuerdos de paz, hace más de dos décadas, y ponerles fin a 36 años de conflicto armado interno (1960-1996).
Ella destacó al menos dos asuntos. Primero, la valoración y el respeto que hay entre las organizaciones participantes del recorrido, porque considera que la organización y movilización social, a través de sus demandas, puede ser el factor que presione al Estado para que se cumplan los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la FARC. Desde su perspectiva, esa labora no la hará la comunidad internacional porque en algún momento se irán a atender otros conflictos.
Y segundo, recordó que el acuerdo de paz de su país tuvo dos componentes: uno operativo (desarme y reincorporación de excombatientes) y otro sustantivo (un acuerdo global de derechos humanos), para decir que si los gobiernos no respetan las agendas de derechos humanos, difícilmente se conseguirá democracia y paz con la firma de acuerdos y la dejación de armas.
El taller Ruta de Memoria pretendía generar diálogos y fijar elementos que sirvieran para las discusiones que se están dando hoy en el Congreso. Este evento, organizado por la Fundación Avanza Colombia, se desarrolla desde las 9 a.m. en el teatro de la Universidad de Medellín y culminará con la firma del Gran acuerdo de la sociedad colombiana para no volver a la guerra.
