Editorial por José Girón Sierra, analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC
El anuncio de acuerdo sobre el tercer punto de la agenda de negociación entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, correspondiente al problema de las drogas ilícitas, llega en un momento crucial tanto en el contexto nacional como internacional. En el escenario nacional, dicho acuerdo está atravesado por un proceso electoral en el cual se dirime el futuro de los diálogos con la insurgencia y, en el internacional, por el pronunciamiento de apoyo al proceso de paz por parte 245 legisladores de Estados Unidos, Reino Unido, las dos Irlandas y otros políticos como José Mujica, presidente de Uruguay.
La importancia de este paso, dado en La Habana, Cuba, radica en que se aboca uno de los factores estructurales, comprometido con las violencias que sufre el país desde finales de la década de los ochenta y que transformó, de manera profunda, el conflicto armado que venía desde los cincuenta. Colombia, desde entonces, se convirtió en el epicentro de un negocio ilegal que, según las Naciones Unidas, produce unas ganancias anuales de más de 64 mil millones de dólares, a nivel global, haciendo de éste uno de los negocios más rentables.
Al respecto, Las Naciones Unidas estiman que Colombia moviliza cerca de 375 toneladas de coca al año y, según In Sigh the Crime, en este negocio le ingresaban a las FARC cerca de 45 millones de dólares por año, sólo a partir del impuesto a la pasta de coca. La rentabilidad de este negocio se ejemplifica al tener en cuenta que un kilo de coca en el mercado interno se vende por 2.000 dólares pero si este mismo kilo se coloca en EEUU su valor pasa a 25.000 dólares y si este mismo kilo llega al Reino Unido este valor puede llegar a 60.000 dólares. ¿Cuál producto en el mundo tiene en su etapa de comercialización un crecimiento en su precio de esta naturaleza? En Colombia, como bien se sabe, la insurgencia no es el único actor armado que se lucra de esta actividad ilícita, lo es también el paramilitarismo, cuyo actuar resulta difícil de diferenciar del narcotráfico como actividad independiente, y no son pocos los agentes del Estado que también se involucran. Actores armados, narcotráfico y agentes del Estado, especialmente los que hacen parte del aparato coercitivo, se han reconfigurado en empresas de corte mafioso con diferenciados tentáculos en la economía y la política, y que han hecho de la seguridad el núcleo alrededor del cual gira toda su actividad ilegal. Por ello, el problema es más complejo de lo que se cree.
Si bien nos encontramos frente a un proceso de negociación de carácter parcial, y aun admitiendo que al respecto del acuerdo éste no transforma nada en sí mismo, es de gran importancia valorar los compromisos que el Gobierno y la insurgencia han acordado por lo indicado con anterioridad. Podría afirmarse que el proceso de La Habana no sería más que uno de los tantos procesos de negociación que se han dado en estos trágicos 50 años de guerra; si no fuera porque este proceso no sólo saca del escenario de la confrontación armada a uno de los actores más relevantes de dicho conflicto, sino que se ocupa también de incidir en un problema de fondo como es el de las drogas ilícitas, tan implicado con otros agentes de violencia, corrupción y degradación moral de la sociedad. Al respecto, merece destacarse:
1. Considerar el consumo de alucinógenos como un problema de salud pública. Esto tiene la importancia de que es un primer paso, aunque pequeño, de confrontar la política de drogas impuesta por los EEUU al mundo, en la cual sólo cabe la criminalización. Se propone como política concreta: “el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto nivel”, concebido desde una matriz de DDHH y de salud pública.
2. Reconocer que la transformación, para ser más exactos, del conflicto entre el Estado Colombiano y las FARC, resultado del pacto que se firme, representa una oportunidad para construir una solución conjunta e integral al problema de las drogas ilícitas. Indica, que se tiene conciencia de que los dos puntos acordados inicialmente sobre el tema agrario y participación política y derechos de la oposición, como el que viene a continuación, los derechos de las víctimas, están directamente articulados y son interdependientes. Es significativo que se acuerde que un “nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”, estará articulado a lo convenido en el primer tema de la agenda de negociación denominado: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural integral”.
3. Se destaca que al respecto de una nueva política sobre cultivos ilícitos, ésta se concebirá desde una perspectiva territorializada y que en su construcción no podrá omitirse la participación eficaz de las comunidades. Se respetarán los usos y costumbres de las poblaciones indígenas en lo que respecta a la hoja de coca. Esta política priorizará la erradicación manual al uso de aspersiones aéreas con glifosato.
4. Finalmente, que aparte del enfoque territorial tenga como premisas: …«la participación ciudadana en la presencia y fortalecimiento de las instituciones, especialmente las responsables de la atención social y de la seguridad y protección de las comunidades, para construir soluciones sostenibles y garantizar los derechos de los ciudadanos y el no resurgimiento del problema», ello implica la no compleja tarea de que se instaure la legalidad en dichos territorios con una consecuencia apenas obvia: que el Estado recupere el monopolio de la fuerza.
El reto que se plantea en este acuerdo con respecto a lo dicho antes, es sustancial. Pues acá estamos al frente, tal vez, del condicionante más relevante en un escenario de sostenibilidad, pues en buena medida algunas de las negociaciones anteriores fracasaron ante la imposibilidad del Estado de instaurar la legalidad e impedir que otro actor armado ocupara la territorialidad ocupada por el actor con quien se pacta.
Habida cuenta de este anuncio, asombra, por decir lo menos, la pregunta sobre por dónde camina la voluntad popular en el actual proceso electoral y los avances que se vienen dando en el proceso de La Habana. A escasos ocho días bien podríamos encontrarnos ante el hecho de que el país le ha dado la espalda a esta gran oportunidad y nos encontremos lanzados a un nuevo período de gobierno inspirado en la plutocracia, el odio, la trampa y, por supuesto, a la continuidad de la guerra.
