Alcaldía muestra debilidad en debate sobre Clínica de la Mujer

Frente a la controversia generada por el proyecto de Clínica de la Mujer, la Alcaldía de Medellín ha mostrado debilidad institucional, dejando supeditado su deber constitucional con las mujeres a la presión que ejerzan grupos de diversa índole, particularmente aquellos alentados por la Iglesia Católica.

 

Así lo sostienen representantes del movimiento social de Medellín tras conocer las recientes decisiones del Alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, mediante las cuales busca poner “punto final” a una fuerte polémica digna de la época del oscurantismo.

 

Como se recordará, el pasado 19 de septiembre Salazar Jaramillo decidió aceptar la dimisión a sus cargos de Rocío Pineda García y Luz María Agudelo, titulares de los despachos de Mujeres y Salud respectivamente, funcionarias que durante las últimas tres semanas fueron objeto de fuertes críticas por parte de sectores sociales que, alentados por la Iglesia Católica y la prensa regional, cuestionaron una iniciativa que busca promover una atención médica integral a las mujeres de Medellín bajo un enfoque de género.

 

Aunque días previos el burgomaestre había anunciado su decisión de continuar adelante con el proyecto, contenido en el Plan de Desarrollo 2008-2011 y que demandara una inversión de 17.100 millones de pesos, activistas de derechos de las mujeres abren serios interrogantes sobre el verdadero alcance que tendrá ahora la Clínica.

 

Para Rocío Pineda García, ex secretaria de las Mujeres, el anuncio hecho por Salazar Jaramillo según el cual la “Clínica de la Mujer” no prestará el servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) para los tres casos planteados por la Corte Constitucional deja entrever que la concepción inicial del proyecto sufrirá más de una modificación durante su ejecución.

 

Según la ex funcionaria, una de las sacrificadas en este debate, con la prestación de la IVE se buscaba darle cumplimiento, en condiciones dignas y a la altura de las circunstancias, al mandato de la Corte Constitucional, que obliga al Estado a brindar las garantías a las mujeres que deciden suspender su embarazo en los casos estipulados.

 

Si bien Pineda García advierte que el Municipio de Medellín tendrá que seguir garantizando la prestación de este servicio, pues es su deber constitucional, su mayor preocupación radica en la poca importancia que la sociedad le está dando al tema de la salud de la población femenina de la ciudad.

 

“Lo que deja en evidencia toda esta situación es una debilidad del Estado frente a los grupos de presión, que pone un signo de interrogación a un deber constitucional como es la prestación de servicios de salud con calidad para las mujeres”, agrega la saliente Secretaria.

 

Al respecto, la médica Patricia García, integrante de la Asociación Sindical Médica de Antioquia (Asmedas) y unas de las gestoras de la Clínica de la Mujer, sostiene que la desinformación y las tergiversaciones que ha girado en torno a la propuesta y que han centrado el debate sólo en el tema del aborto, han ocultado una problemática creciente de violencia de género así como de mortalidad materna y de embarazos en adolescentes.

 

Las cifras parecen darle la razón. Según estadísticas de la Secretaría de Salud de Medellín, el año anterior unas 8.680 adolescentes se convirtieron en madres, mientras que la tasa de mujeres que murieron durante el parto en los centros asistenciales fue de 32.5%. Los informes sobre mortalidad materna señalan que estas se produjeron por hemorragia postparto, lo que indica problemas en la calidad de la atención médica.

 

“Creo que tenemos que poner el debate donde es y en la situación de salud de las mujeres de Medellín (…) estamos hablando que durante 2008 murieron cerca de 6.000 mujeres y el 25% de esas muertes se hubieran podido evitar de haber contado con medidas de prevención y diagnóstico adecuados”, manifiesta la galena.

 

Ante estas estadísticas, la médica no duda en afirmar que “este es un proyecto que garantiza derechos, que corrige inequidad, que trata de saldar una deuda social que se tiene con las mujeres en todos sus ciclos vitales y que construye democracia”. 

 

La pregunta que surge entonces es por qué la ciudad se enfrascó en semejante rifi-rafe si el proyecto busca corregir las imperfecciones del sistema de salud con el fin de ofrecer servicios de salud más cualificados para las mujeres, entre ellas las que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y así contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.

 

Para Silvia García, directora de la Corporación Mujeres que Crean, la cuestión pasa más por un asunto ético y moral que cuestiona las libertades y derechos alcanzados por la mujer a lo largo de la historia.

 

A su juicio, entre los sectores más conservadores de la sociedad, principalmente entre la feligresía católica, aún es motivo de fuerte confrontación aspectos como el que la mujer decida sobre su propia sexualidad, que piense que la maternidad es una opción e incluso, que contemple la posibilidad de recurrir al aborto.

 

“En el debate sobre el aborto, por ejemplo, hay mucho de doble moral, porque mientras se cuestiona esta opción no se hace escándalo por la cantidad de menores de edad embarazadas o los niños que diariamente son expulsados a las calles en condiciones indignas. Este es un asunto de democracia: es una elección, pero a quien la escoge no se le deben imponer consideraciones moralistas”, conceptúa García.

 

Por ello, asegura la activista, propuestas como la Clínica de la Mujer que marca una “discriminación positiva” toda vez que apunta a la promoción de la salud sexual y reproductiva, a intervenir y acompañar a las víctimas de la violencia de género y a atender la salud mental de las mujeres, causa entre los mencionados sectores sociales toda suerte de conjeturas y rechazos.

 

“En última instancia lo que se observa es la permanencia de un discurso atávico, donde el rol cultural de la mujer sigue estando ligado sólo a la procreación, desconociendo su realización personal”, señala la directora de la organización no gubernamental.  

 

A esto se suma, de acuerdo con García, una campaña de desprestigio adelantada por la Iglesia Católica y medios de comunicación regional que, en nombre de los valores morales y principios de la ética, desconocen derechos legítimos consagrados en la Constitución.

“Colombia es un Estado laico, donde se permite la libertad de creencias, y si una mujer decide que la suspensión del aborto es una opción, el Estado debe garantizar los medios institucionales para hacerlo. Además, la Iglesia ha manipulado bastante este debate llenándolo de mucha desinformación y creo que eso ni es ético ni va con su moral”, sentencia García.