Artículo de opinión por Diego Herrera Duque, presidente del IPC
En la escena colombiana, en los últimos años, hemos visto con desconsuelo como mucha de la dirigencia política y económica del país ha resultado implicada en múltiples escándalos de corrupción, líos jurídicos, engaños, actividades ilegales, actuaciones indebidas, enriquecimientos ilícitos e impunidades. ¿Qué clase de políticos y empresarios están dirigiendo el país? ¿Por qué siguen en el poder político y económico? ¿Cuál es el daño que causan a la democracia, al desarrollo y a los derechos de los y las ciudadanas?
Basta con recordar, solo en los últimos años, los escandalosos asociados a la parapolítica; los “falsos positivos” en las FFMM; la Yidis política; los carruseles de la contratación; las “chuzadas” del DAS; el desvió de dineros de la seguridad social (SALUDCOOP, COOMEVA, CAPRECOM); el favorecimiento con dineros de Agro Ingreso Seguro a familias adineradas y no a los campesinos del país; la entrega de bienes de extinción de dominio a sectores políticos por la Dirección Nacional de Estupefacientes; la malversación de dineros de INTERBOLSA y el Fondo Premium; las mafias y la cartelización de empresarios para alterar las reglas de la competencia en la venta de productos (pañales, papel higiénico, cuadernos, cementos, etc.); la infiltración y corrupción de la Fuerza Pública y el INPEC; las puertas giratorias en el gobierno y la justicia y entre la institucionalidad y el sector empresarial; el despojo legal de tierras; las persecuciones de la Procuraduría a las libertades civiles y políticas de sectores de la sociedad; el hackeo al proceso de La Habana; la compra y trasteo de votos; el aval de colectividades políticas a candidatos con oscuras relaciones y pasados comprometedores; el acaparamiento de baldíos por grandes empresas; las irregularidades y sobre costos en caso de REFICAR; un presidente de la Corte Constitucional investigado por despojo de tierras que sigue ahí en el alto tribunal; el maltrato laboral y el acoso sexual denunciado en la Defensoría del Pueblo; y las denuncias de favores sexuales por ascensos que involucran a miembros de la Policía. Solo por mencionar algunos asuntos que han tenido un amplio despliegue en la opinión por su connotación fiscal, disciplinaria y penal.
En muchos de estos casos, la justicia y los organismos de control no operan o los implicados gozan de penas mínimas. Los dirigentes se valen de diversas estrategias jurídicas para evadir la Ley y distorsionar la verdad, con séquitos de prestantes abogados -por cierto muy hábiles en exposición mediática-, muchos de ellos con paso por las altas Cortes. También es claro que muchos de los implicados gozan de protección dada su cercanía con sectores de poder del establecimiento o dado el fuero que encarnan frente a lo que representan tanto en la institucionalidad como en el sector privado.
Son tantos y delicados los hechos y los acontecimientos, que más parecen una práctica sistemática y sostenida adoptada por una dirigencia política y económica mal habida, en tanto han hecho del robo, el engaño y las formas ilegales sus ejes gravitacionales para la actividad pública y privada; siempre recurren a algún medio indebido moralmente, cuyo rasgo fundamental es la mezquindad, la avaricia y la ruindad como valores supremos que orientan su acción, y que han encontrado las formas para escapar de los brazos de la justicia y el control ciudadano. El resultado sigue siendo el mismo: impunidad, corrupción y exclusión. El panorama no puede ser más desolador, y la confianza ciudadana no puede estar más debilitada.
Frente a esta realidad, también cabe la responsabilidad de una ciudadanía que favorece la impunidad social, naturaliza el atajo y la ilegalidad en su vida cotidiana, y muchas veces, es la base social que protege y encubre dichas prácticas, éticas y socialmente reprochables, sobre la expectativa del favor recibido. Tenemos pues, un problema central a la democracia y el desarrollo del país.
El reto es grande ante los nuevos vientos de posconflicto, construcción de paz y reconciliación social y política en Colombia. En esta dirección, la dirigencia del país tiene la responsabilidad, en lo fundamental, de dirigir, de gobernar, de encaminar su acción intencionada hacía un propósito lo más loable posible, éticamente orientado al bienestar, la justicia y la convivencia pacífica de la sociedad; por lo tanto, estas personas que tienen dicho rol en la sociedad, llámese funcionarios del Estado, empresarios, dirigentes políticos o líderes de opinión, deben tener en su fuero íntimo, unos valores morales orientados a tales fines.
El escenario de un nuevo acuerdo político en la sociedad colombiana, que implica apertura democrática, diseño de nueva institucionalidad y responsabilidad de todos los sectores de la sociedad, requiere renovar su dirigencia con transformación de prácticas y valores con apego a una ética de la solidaridad, la legalidad y el bien común. Y también requiere de una ciudadanía vigilante y favorable a la defensa de lo público en todas sus dimensiones.
