“Cuando la injusticia es negocio”, es el título de un artículo publicado en noviembre de 2012 “en el que se pretende mostrar como “la industria jurídica se está beneficiando con el auge de las disputas inversor-Estado”.[1]
Los intereses del Fiscal
Los grandes ganadores de esta industria jurídica, son las firmas de abogados, los árbitros y las compañías financiadoras que se están beneficiando ampliamente de las demandas contra los Gobiernos. Dentro de las 20 firmas especializadas en este tipo de arbitrajes con más casos en el mundo (listada en la página 20 del estudio citado), aparece la firma DLA Piper, con ingresos brutos para 2011 de 2.240 millones de dólares (unos 6,3 billones de pesos) y 1.2 millones de dólares de ganancias por socio.
Fue la decisión de hacer parte de esta firma de abogados, la razón que argumentó Néstor Humberto Martínez para renunciar al cargo de Superministro que le había organizado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. En este, solo alcanzó a estar 10 meses, pues la puerta giratoria parece no tener predefinidas fechas concretas sino oportunidades de negocios, especialmente cuando la dupla público-privado es el mejor escenario de inversión. Hoy su hijo Camilo Martínez, estará al frente del negocio DLA Piper Martínez Neira. ¿Habrá condiciones para la necesaria independencia del Fiscal?
Los intereses de sus clientes
Pero le rindió este año al exsuperministro y abogado Néstor Humberto Martínez. Mientras gestionaba el lobby para garantizar su elección como Fiscal General de la Nación, defendía a los azucareros de la sanción proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio. En diciembre de 2015 aseguró que esa “investigación empezó en la Superintendencia, pero terminará en la justicia. Por fortuna, Colombia es un Estado Social de Derecho y ahora nosotros vamos a iniciar acciones de nulidad y restablecimiento del derecho en este proceso», manifestó Néstor Humberto Martínez.
Estas afirmaciones dejan preguntas hacia quien direccionará la Misión de la institución en la que desde hoy está al frente: La Fiscalía General de la Nación que, se afirma, “ejerce la acción penal y participa en el diseño de la política criminal del Estado; garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos de los intervinientes en el proceso penal; genera confianza y seguridad jurídica en la sociedad mediante la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación”.
Las preguntas son entonces, ¿para quién se impartirá reparación y seguridad jurídica? ¿Hacia dónde se inclinará la balanza de la justicia? ¿Primará el interés público o el privado?
Ya tenemos indicios recientes para responder a algunas de estas preguntas. Entre los años 2013 y 2015 se urdió toda una estratagema para legalizar la apropiación ilegal de baldíos que grandes grupos económicos como Sarmiento Angulo, Riopaila-Castilla, Cargill y La Fazenda, entre otros, habían concretado en la Orinoquía. En 2013, según información entregada por Daniel Coronell en su columna de agosto de ese año, “el redactor principal del proyecto no es un funcionario sino el abogado Néstor Humberto Martínez. Tengo un documento que prueba las modificaciones que le ha hecho el doctor Martínez a la futura ley y que favorecen las tesis de los llamados ‘tenedores de buena fe’” [2].
Así es como la puerta giratoria les permite ampliar su propio negocio y garantizar jugosas ganancias a sus clientes, pues acceden a información privilegiada que les permite estructurar sus negocios con un alto margen de confiabilidad. En el estudio citado arriba sobre la “industria jurídica”, hay un acápite que le cae como anillo al dedo al nuevo Fiscal General de la Nación:
“Conoce al ‘juez’; sé el ‘juez’. Los abogados especializados en arbitraje tienen aún otra ventaja. Conocen a los ‘jueces’. Y los ‘jueces’ los conocen” (Op. Cit, página 23)
Los intereses de la sociedad en el posconflicto
En un momento en que el país está ad portas de firmar un acuerdo de paz, donde uno de los puntos del acuerdo –el punto agrario- propone algo de freno a la histórica concentración de la tierra en el país y busca darle estatus a los campesinos como sujetos sociales y económicos, llega un fiscal que representa los intereses de los grupos económicos que ven en éste un freno a su desmedido afán de acumulación.
Igualmente están los retos que impone la implementación de la justicia transicional, donde según el fiscal encargado “la justicia tiene un gran reto. Perdomo [exfiscal general encargado] manifestó que la entidad tiene un estimado de 110.000 procesos que pasarán a la jurisdicción especial para la paz, en el que están incluidos miembros de las FARC, agentes del Estado que cometieron delitos en el marco del conflicto armado, y paramilitares y guerrillas que estén en justicia transicional”. Y sabemos que también los empresarios deberán por fin encarar su responsabilidad en el conflicto armado, como auspiciadores y/o financiadores, un capítulo de la justicia que está por iniciarse en el país[3].
Por ello es perentorio salir a darle el sí a la paz y defender como sociedad lo que de esa decisión se desprende, acercar los acuerdos a la realidad y emprender el camino de una sociedad democrática y justa. Para eso no debemos perder de vista y hacer veeduría a las actuaciones del actual fiscal y a las dinámicas empresariales que defiende desde su buffet de abogados.
* Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)
[1] https://www.tni.org/files/download/cuando_la_injusticia_es_negocio-web.pdf
[2] http://www.semana.com/opinion/articulo/tenedores-cuchillos/353620-3
[3] Lo que se conoce hasta ahora es que en diciembre de 2015 la Fiscalía creó un grupo especial para avanzar en la paraeconomía, de la que tan poco se sabe. El caso que más se ha documentado es el de los bananeros en el Urabá –un ejemplo es el caso de la empresa Chiquita Brands–, pero en el resto del país las investigaciones para determinar qué otras empresas financiaron a los paramilitares han brillado o por la falta de resultados, o por su lentitud o por su ausencia. Los cálculos de la propia Fiscalía indican que desde Justicia y Paz se han producido más de 4.000 compulsas de copias (órdenes para investigar). Con el grupo especial se priorizaron 50 casos, pero se desconocen los avances”. “La para economía, un capitulo que sigue en la impunidad”. Julio 11 de 2016. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/paraeconomia-un-capitulo-sigue-impunidad-articulo-642803
