IPC. ¿Qué asuntos de la cultura han permitido que se mantenga y se perpetúe el conflicto y qué de esa cultura hay en algunos enfrentamientos que hay en el país entre manifestantes y fuerza pública?

Lucía González. Lo que desde la Comisión vemos es que, en estas circunstancias del paro, de la insurrección política y social, diría yo, se evidencian los factores de persistencia del conflicto armado. Es impresionante que, pasando tantos años y con condiciones distintas, sin una guerrilla o una lucha real insurgente, porque lo que hay podría llamarse de otra manera, continúan los factores de persistencia que hacen que la conflictividad social siempre se convierta en conflicto armado y en una confrontación entre la sociedad y el Estado.

Primero, la criminalización de la protesta. Siempre se la ha tratado por la fuerza. Segundo, se ha creado un enemigo al que se le achacan todos los males y distrae la atención de los elementos fundamentales. Hoy hay un interés de adjudicar esta insurrección a la izquierda, a Petro, a esa Revolución Molecular Disipada, para no ponerle atención a las razones de la insurrección, que es un descontento social.

Tercero, es la evidencia de la estigmatización de múltiples sectores de la sociedad, que tiene que ver con el desconocimiento y la subvaloración de la diferencia: los negros, los indígenas, los pobres, todo lo que se deriva de un clasismo y un racismo anclado en esa herencia colonial tan conveniente a las élites en este país. Colombia persiste en las categorías coloniales, que son las que conceden el poder y el privilegio a unos sectores de la población.

También esta situación que vivimos pone en evidencia la existencia de sectores privilegiados y desprotegidos del Estado. El Estado ha desprotegido de manera sistemática y consciente múltiples sectores de la población que hoy se revelan y reclaman ser parte del Estado social de derecho. A la par, evidencia la inutilidad de los aparatos que debería proveer la política para la resolución de los conflictos. Hoy nadie se siente reconocido en los partidos, el gobierno no tiene canales ni un lugar conceptual para el diálogo.

Además se evidencian las reformas que no hemos querido hacer, que hemos saltado una y otra vez, como la reforma del campo, la reforma a la fuerza pública que pasó por alto la Constitución del 91, la agenda de La Habana. Siempre es una negociación de dejar quieta la fuerza pública, porque se corre un riesgo muy alto, y se evidencia una fuerza pública que está educada en la doctrina del enemigo interno, que trata como conflicto armado la conflictividad social y que no sabemos a quién obedece, quién da la orden, quién controla, quién estimula. Es una doctrina brutal, que hace que se conviertan en enemigos del pueblo, siendo ellos provenientes del mismo pueblo, lo que es muy grave.

Hay que resaltar que estamos viendo la emergencia de una ciudadanía más formada políticamente, más consciente y con un nivel muy alto de demanda ética, porque esta está en la equidad y en el reconocimiento y la valoración de la diferencia, que es algo que debe celebrar el país.

Es necesario anotar también la captura de las instancias del ministerio público. Hoy tenemos Fiscalía, Procuraduría y Defensoría cooptadas por un gobierno, entonces no hay a quién recurrir, es la pérdida del estado democrático que, de alguna manera, configura un estado de sitio de facto. Yo creo, nos lo decía un paramilitar de manera muy concreta, que “ellos necesitan la guerra para ganar”.

IPC. ¿Quiénes son ellos?

L.G. Ellos necesitan venir a salvar la patria, poner el orden. Hay un estado de cosas que es conveniente para imponer el orden y hay sectores dispuestos a hacerlo por encima de la ley.

IPC. Usted se ha referido a que hay un estado interesado en mantener un status quo y que eso se ve en las acciones violentas contra las manifestaciones sociales. ¿Eso mismo se traslada al último mes durante el paro?

L.G. Claro, hablo de un Estado que es contrarreforma, que ha criminalizado todo intento de profundización de la democracia, cualquiera sea su forma, eliminando sindicalistas, líderes de derechos humanos, estigmatizando las movilizaciones, criminalizando los líderes de las movilizaciones, con el fin de garantizar un status quo y de evitar cualquier tipo de reforma que venga de esas demandas. Es un Estado que protege las élites y que cuida los privilegios de unos sectores en contra de los derechos de otros. Es un Estado de élite para las élites.

IPC. ¿Cómo debe ser esa transformación de la cultura de la fuerza pública y de parte de la ciudadanía que acude a la violencia para resolver los conflictos?

L.G. La ciudadanía ya no quiere este estado de cosas, lo cual indica que hay un cambio cultural, ya no quiere vivir el proyecto de nación en el que está, que sabe que debemos construir equidad, está preguntándose por los derechos para todos, no busca privilegios; sabe, necesita y reconoce el valor de la diferencia. Ahí hay una emergencia cultural muy valiosa. Y tienen una formación política, pero desafortunadamente, como es parte de la sociedad liquida, no tiene canales de diálogo instituidos. Y como los canales políticos ya no la representa, entonces debe buscar formas y canales, porque si no, esta insurrección se diluye.

Hay un cambio cultural, pero también hay una persistencia de la violencia que tiene dos caras: una, los que no tienen nada que perder, los que hacen parte de la manada, de la acción brutal, que no tienen cómo canalizarla, que tienen rabia pero que no tienen una corresponsabilidad con la sociedad; y la otra es la participación de la fuerza pública en acciones insurgentes, en acciones que alientan el vandalismo. Eso no es un misterio, hay que nombrarlo más duro. ¿Por qué la fuerza pública realmente no logra controlar a los vándalos, cuando son un puñado? ¿Por qué cuando aparece la fuerza pública aparece el vandalismo? Ahí hay algo que está en las cámaras, que está vista, por eso necesitamos que venga el CIDH; necesitamos una comisión de la verdad para estos hechos, porque son muchos muertos, muchas agresiones en cabeza de la fuerza pública y de sujetos que no sabemos quiénes son, y que muchos, suponemos, vienen de fuerzas oscuras de la derecha amparados por la fuerza pública, como los camiones de civiles de los que hemos visto bajar miembros de la fuerza pública.

IPC. ¿Va a incidir esta situación del país en el informe final de la Comisión de la Verdad?

L.G. Claro. Por un lado, nos abre mucho espacio, porque casi todo lo que nosotros estamos consignando está siendo dicho, está siendo vivido. Se están nombrando cosas que antes no, por lo menos en la manera como se nombraba. Nos abre un camino y nos alienta a profundizar todavía más en esto que sigue vivo, que no es una cosa del pasado, y que pone en presente la urgencia de encarar los factores de persistencia del conflicto.