Con la elección de 26 delegados se conformó la nueva Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas del Conflicto Armado en Antioquia para el periodo 2015 – 2017. En los comicios, realizados el viernes 22 de mayo en Medellín, participaron más de 700 delegados de las mesas municipales de víctimas.
Esta es la segunda vez que se elige mesa departamental en Antioquia. La primera se eligió el 30 de julio de 2013 en el municipio de La Ceja, Oriente Antioqueño, luego de la aprobación del Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas contemplado desde la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras —ley 1448 de 2011. Elegida mesa departamental de víctimas de Antioquia
Para Júber Martínez Giraldo, coordinador de la mesa anterior, una prioridad de los nuevos delegados será la ejecución, “porque el tiempo de la ley 1448 ya se está agotando y porque Antioquia es el departamento que más víctimas reporta en Colombia: alrededor del 24% —más de 1’400.000 personas— según el Registro Único de Víctimas.”[i]
El integrante de la Asociación ASODESPAZ del municipio de Puerto Nare, agrega que “se debe mejorar mucho la comunicación y la sinergia entre la mesa departamental y las mesas municipales, para recoger todo lo que las regiones piensan y llevarlo a la aplicación de la política pública. También se debe hacer una integración efectiva con la mesa nacional de víctimas.”
Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas en Antioquia, considera que hay cuatro grandes retos para los nuevos delegados: 1. Posicionar el tema de posconflicto y paz en la agenda de las víctimas 2. Incidir en las agendas de los candidatos a Alcaldías y Gobernación para que incluyan a las víctimas en sus planes de gobierno 3. Avanzar en el tema de restitución de tierras y 4. Garantizar la protección y efectiva participación de las víctimas para que no sean amedrentadas y puedan ejercer su libre derecho a la participación con garantías plenas.
Las elecciones de la mesa departamental de víctimas fueron organizadas por la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Territorial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas con el apoyo de otras entidades y organizaciones.
Por su parte, el Secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, piensa que en este momento el reto fundamental del país y la sociedad es trabajar para que la reparación integral permita generar un cambio positivo en la vida de quienes han sido afectados por el conflicto.
El funcionario explicó que “la condición de víctima no puede ser algo que se lleve como un peso colgado al cuello sino que debe ser la posibilidad de trabajar para superar las condiciones de vulnerabilidad.”
En ese sentido, Juanita Henao, coordinadora del convenio de asociación entre el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Gobernación para la implementación y fortalecimiento de la organización de víctimas en Antioquia, piensa que estos escenarios de participación tienen una connotación importante para el quehacer político de la población víctima y para la superación del daño sufrido.
“Las víctimas son actores sociales del desarrollo de sus municipios, del departamento y del nivel nacional, debido a que la ley 1448 los posiciona como sujetos políticos y como organizaciones que tienen algo que decir y proponer frente a la política de atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado”, explicó la promotora del IPC.
Continuar la labor
Como balance del periodo anterior, Júber Martínez explica que la primera mesa departamental abrió el camino para el tema de participación e incidió en la discusión de la política pública de víctimas y de temas transversales como la generación de empleo y vivienda. Además hizo seguimiento a las sentencias de la Corte Constitucional, en especial la T 025, y envió una ponencia a la Corte solicitando NO levantar el estado de cosas inconstitucionales que declaró esa sentencia para la población desplazada.
Varios de los integrantes de esa primera mesa quisieron repetir para continuar con la labor que habían empezado en el periodo pasado. Una de esas lideresas fue Yolanda Perea, representante de la Corporación Afrocolombiana el Puerto de Mi Tierra e integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres, quien asegura que haber sido reelecta es una oportunidad para seguir haciendo incidencia y visibilizando la Ley 1719 que cobija a las víctimas de violencia sexual.
“Voy a seguir insistiendo, visibilizando y haciendo que las mujeres denuncien porque cada que una mujer habla hay varias detrás que también hablan, les dan ganas de seguir adelante, de seguir hablando y de reconocer que esa es una violencia, que no es algo normal que les tiene que pasar a las mujeres sino que es un delito de lesa humanidad”, expresó Yolanda Perea.
Durante el periodo 2013 – 2015, según un comunicado de la Gobernación de Antioquia, “se acompañó, se fortaleció y se apoyó a la Mesa Departamental de Víctimas, gracias a la asignación de $80 millones y la capacitación en la Ley 1448 del 2011 y el protocolo de participación, la formulación de proyectos, de los cuales 22 fueron aprobados. Además del acompañamiento en la creación de un documento que recogiera las posturas de las víctimas para darlas a conocer ante la mesa de diálogos de la Habana, Cuba.”
Las elecciones de 2015 estuvieron a cargo de la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Territorial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas.
El IPC apoyó el proceso con un ejercicio de construcción de memoria y con una reflexión sobre el liderazgo, las inhabilidades y los compromisos que deben asumir los delegados y delegadas de las organizaciones. Esta participación se hizo a través del convenio con la Gobernación que ha logrado caracterizar 325 organizaciones de víctimas en 122 municipios de las nueve subregiones de Antioquia.
