Con la participación de 60 personas, entre representantes de organizaciones sociales, campesinas y de víctimas, se realizó en Medellín el taller regional “La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad: retos y oportunidades para las regiones”.
La jornada tuvo lugar en el Museo de Antioquia el pasado 15 de junio y fue convocada por la Mesa por la Verdad, con el apoyo del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia (ICTJ), el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Corporación Región, la Escuela Nacional Sindical (ENS) y la Corporación Viva la Ciudadanía, las cuales hacen parte de dicha mesa.
La discusión y las propuestas giraron en torno a los retos que tendrá el enfoque territorial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) que se definió en el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP.
Así mismo, sobre los desafíos que esto implica para la participación de las víctimas y el trabajo que deberán hacer las organizaciones sociales en el proceso de la CEV.
Para María Camila Moreno, directora en Colombia del ICTJ, en la implementación del decreto Ley 588 de 2017, que crea la comisión de la verdad, “es muy importante que en las diferentes regiones del país las organizaciones se hagan la pregunta de cómo quieren que la comisión de la verdad llegue y cómo debería desarrollar su trabajo con esta perspectiva regional”.
Refiriéndose a la Mesa por la Verdad, María Camila anotó que además de haber incidido en el trámite del decreto ley, ésta se propone vincular a las regiones en la reflexión nacional sobre comisión de la verdad, pues “no queremos que la discusión se quede en Bogotá porque finalmente son las organizaciones regionales las que van a ser protagonistas de este proceso de verdad”.
Por su parte, José Antequera, integrante de la Fundación Hijos, recordó que en Colombia ya “se han hecho varios ejercicios que han abonado el camino para que exista una comisión de la verdad. Los primeros informes de estudio de la violencia en Colombia en 1957-1958, los informes de los violentólogos en los ochentas, el proyecto Colombia Nunca Más en los noventas que surge con el objetivo de reivindicar la idea de una comisión de la verdad, y hay propiamente informes de la verdad como el estudio sobre el Palacio de Justicia”.
José Antequera es hijo del fallecido dirigente de la Unión Patriótica José Antequera, quien fue asesinado el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, convirtiéndose en la víctima 721 del exterminio de la UP.
Según Antequera, en Colombia hay déficits de verdad en diferentes campos como “el vínculo del paramilitarismo con el Estado, la verdadera responsabilidad y magnitud de las insurgencias o el carácter contrainsurgente de la política de guerra en el país”.
Por eso, concluye que “la mayor pregunta a resolver en una comisión de la verdad es una: ¿por qué en Colombia de 220 mil víctimas fatales en el marco del conflicto, 170 mil son civiles? Es decir, que clase de conflicto tuvimos para que fueran las poblaciones las que sufrieran por diferentes responsabilidades colectivas”.
Para Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, la implementación de la comisión de la verdad requiere que se puedan alcanzar tres principios básicos del acuerdo de paz como son la centralidad de las víctimas, la participación y la territorialidad:
“La discusión que he planteado es que la comisión de la verdad no se puede quedar en un ejercicio de expertos en el que la sociedad solo entregue información, sino que el gran desafío es lograr una metodología que permita hacer una construcción colectiva del relato de la verdad”.
No obstante, la abogada reconoce las dificultades que esto conlleva porque el país sigue en medio del conflicto y, principalmente, porque la verdad y la memoria suelen estar en disputa.
“El otro desafío es el tema de la criminalidad estatal —añadió Adriana Arboleda—. Es cómo una comisión de la verdad logra mostrar cuál ha sido el papel del Estado colombiano como un actor violento. Es decir, no solo se trata de mostrar lo que hicieron las FARC, sino todos los actores, incluso aquellos terceros que pudieron haber contribuido a la barbarie que ha vivido este país”.
Algunos desafíos de la verdad en Antioquia
Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), reveló que una de las conclusiones del taller, frente a los retos y desafíos de la comisión de la verdad, “es que debemos aportar en movilizar social y políticamente a distintos sectores de la sociedad, ante los déficits de verdad existentes en el país”.
Y entendiendo las particularidades del conflicto en los diferentes territorios del país, se concluyó que el enfoque territorial debe considerar mecanismos específicos, como subcomisiones de la verdad o informes regionales.
Por último, observó Diego Herrera, se dio a entender que Antioquia ha tenido una alta responsabilidad en violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y por tanto los informes que se produzcan en esta región deberán permitir esclarecer y conocer responsabilidades concretas ante asuntos específicos.
Algunos de esos asuntos tienen que ver, en Antioquia, con “el despojo de tierras, el control de territorios y las motivaciones y asociaciones criminales que se tejieron en las subregiones entre empresarios, políticos y actores armados para construir un relato hegemónico sobre la región como polo de desarrollo. Con comprender que pasó frente al exterminio del Comité Departamental de Derechos Humanos en Antioquia en la década de los ochentas. Con la desaparición forzada de personas en la Comuna 13 de Medellín ante la acción conjunta en las operaciones militares realizadas a principios de la década del 2000. Con los asesinatos de sindicalistas y el exterminio de la Unión Patriótica. Con el financiamiento y expansión de los grupos paramilitares en la década de los 90´s para fortalecer un proyecto político de ultraderecha. Con el papel de la insurgencia en las infracciones al DIH ante la población civil, entre otros”, enunció Diego Herrera.
La posibilidad de conocer la verdad sobre estos asuntos está relacionada con el papel que jugarán las organizaciones de la sociedad civil en los escenarios de verdad, pues durante los años del conflicto muchas de estas organizaciones han documentado distintos casos de violencia y han dado reconocimiento al relato de las víctimas.
De lo que se trata, concluyó el presidente del IPC, es de “construir un relato comprensivo de la historia, con una verdad responsabilizante del Estado, la insurgencia y los terceros, que produzca un acuerdo fundamental sobre el pasado de violencia y conflicto, para edificar la posibilidad de un futuro de paz y reconciliación con garantías de no repetición”.
