La Organización de Estados Americanos (OEA) descartó a Everth Bustamante García, para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en su lugar ratificó a Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá) y Margarette May Macaulay (Jamaica), quienes estarán de nuevo en sus cargos, y eligió a Julissa Mantilla Falcón (Perú) y a Edgar Stuardo Ralón Orellana (Guatemala), quienes cumplirán un periodo de cuatro años.
Si bien se ha calificado esta decisión como un revés para el gobierno colombiano, algunos analistas coinciden en el interés del presidente Iván Duque y el partido Centro Democrático, alineado con algunos países de derecha de la región, de limitar el alcance que hoy tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Bustamante y la defensa de los derechos humanos
En abril, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Colombia enviaron una carta a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que cuestionaron el Sistema y pidieron reformarlo. Consideraron “desproporcionada” la reparación a las víctimas, pero iban más allá, pues pedían que se les “respetara” a los Estados “el legítimo espacio de autonomía”, lo que impediría, entre otros asuntos, que la Corte tomara decisiones que obligaran a cambios en la legislación de los Estados.
Sin embargo, a lo anterior se sumó la evaluación que un panel de expertos independientes hizo de los cinco candidatos postulados por los Estados de la OEA para integrar la CIDH. En el informe del 6 de junio, los expertos expresaron su preocupación por los pocos candidatos propuestos (se elegían cuatro), de los cuales tres, consideraron, tenían la formación académica y la experticia necesarias: las candidatas de Panamá, Jamaica y Perú. Lo contrario sucedía con los candidatos de Guatemala y Colombia, por su cercanía con los gobiernos de turno, lo que comprometería su independencia.
Para Liliana Uribe Tirado, abogada y defensora de derechos humanos, y quien ha llevado casos al Sistema desde hace dos décadas, “desde el 2016 se ha venido insistiendo desde la sociedad civil que la postulación sea más transparente, más pública, para que se analicen más los candidatos. El asunto es mucho más complicado por los candidatos que propusieron Guatemala y Colombia, donde es clara la relación de estos personajes con los gobiernos. Se espera que sean independientes, imparciales y cumplan un rol en defensa de los derechos humanos”.
Everth Bustamante, por ejemplo, fue senador por el Centro Democrático, asesor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y alcalde de Zipaquirá. ¿Era su experiencia suficiente para ser comisionado de la CIDH? En los últimos meses, en su cuenta de Twitter hizo varias publicaciones en las que expresaba su idoneidad para el cargo. “He tenido conocimiento y experiencia en la defensa y protección de derechos en áreas como las desapariciones forzadas o involuntarias, las ejecuciones sumarias o arbitrarias, la tortura, el desplazamiento forzado, la resolución de conflictos en regiones”, escribió Bustamante García en Twitter, en donde aún se observa una fotografía con el presidente Duque y el logo del partido Centro Democrático.
El activista José Antequera Guzmán considera que “Everth Bustamante es una persona que ha mostrado un compromiso político claro, no solo con el Centro Democrático, sino con las tesis de las violaciones a los derechos humanos en Colombia de las que ha sido responsable, de alguna manera, el expresidente Álvaro Uribe, y que ha comprometido su gobierno y su partido.” Que haya sido el candidato del Estado colombiano no tenía como intención “la búsqueda de tener una persona idónea y capacitada, sino una estrategia que pretende debilitar la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos humanos, algo que no debemos permitir”.
En esa línea, Liliana Uribe Tirado asegura que el hecho de que Bustamante García haya sido funcionario público, no es per se “una cualidad que lo hace conocedor de los derechos humanos. Ahí el caso es de experticia y esa se tiene que acreditar. Ser funcionario público no le da la suficiencia para ser comisionado.”
Si bien para un sector del país fue un alivio la no elección de Bustamante García, el cuarto elegido para integrar la Comisión fue el guatemalteco Edgar Stuardo Ralón Orellana, quien es cercano del gobierno de su país y conocido, según medios locales, “por promover un discurso contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de impulsar que se les brinde amnistía a los militares acusados de delitos de lesa humanidad.”
El riesgo de la elección de Ralón Orellana es que termine siendo un vocero, en la práctica, del gobierno de su país y de la derecha latinoamericana, un lugar que pretendía ocupar Colombia con un miembro del Centro Democrático.
Cambios en el Sistema
“Hay cambios que se deben hacer –señala José Antequera-: que se pueda compatibilizar mucho mejor, no la pretensión de los estados, sino la de los demandantes y las víctimas. No vamos a permitir reformas en el Sistema Interamericano para que los estados evadan sus responsabilidades internacionales.”
También debe mejorar en el retraso procesal, agrega Liliana Uribe. Si bien este aspecto ha mejorado, pone como ejemplo un caso que presentó en 2007 y que solo en 2017 fue admitido. Se deben garantizar los recursos para funcionar, y para ello “los estados deben tener la voluntad política para que la Comisión cumpla con sus funciones, como las de prevención y protección de los derechos humanos.”
