“¿Por qué Colombia, que se precia de ser un régimen político democrático, convive con tantas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos?”. A partir de esa pregunta, que se han planteado diversos sectores de la sociedad, se desarrolló entre el 6 y 7 de diciembre el Seminario internacional de justicia transicional y régimen político, organizado por el Instituto Popular de Capacitación (IPC).
Según Diego Herrera, presidente del Instituto, esa “no es una pregunta menor” si se tiene en cuenta la magnitud de los asesinatos, los desplazamientos y las desapariciones que se han registrado en los últimos tres años. “Hoy registramos más de 350 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados después de firmado el Acuerdo de Paz”, precisó.
En relación con esa pregunta se abordó una conexa: “¿Por qué en el país hay tanta impunidad en torno a los casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos?”. Al respecto, Herrera cuestionó el hecho de que, a pesar de las demandas por justicia, hay ciertos sectores de la sociedad que se oponen a la implementación de mecanismos como la justicia transicional, que daría respuesta a una parte de la problemática.
Ambas preguntas, contextualizadas por Herrera, fueron abordadas por panelistas nacionales e internacionales durante el Seminario, que se realizó en el Teatro Porfirio Barba Jacob, de Medellín. En ese espacio surgieron reflexiones que permiten vislumbrar, entre otras, posturas de magistrados y comisionados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).
Respuestas a la vieja pregunta: ¿son compatibles justicia y paz?
El jurista Yesid Reyes, quien fue ministro de Justicia de Colombia y participó en la construcción de la justicia para la paz, se refirió a una preocupación de ciertos sectores sociales y políticos: ¿hasta qué punto la puesta en funcionamiento de una justicia transicional en el país supone impunidad? Aquella, dijo, conduce a pensar “si realmente tenemos que escoger entre justicia y paz, o son dos mecanismos que pueden operar de manera conjunta”.
Para acercarse a una respuesta, el jurista planteó que la justicia es un campo más amplio que el de la justicia penal. En otras palabras, “el tema de justicia transicional va mucho más allá de la operación del sistema punitivo tradicional; implica no solamente aplicar justicia en los casos más graves y representativos, fundamentalmente orientados a los máximos responsables, sino también un tratamiento prioritario frente a las víctimas”.
Este tipo de justicia también “implica una garantía de no repetición de los hechos, implica también activar y poner en funcionamiento una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y, por supuesto, implica el establecimiento de una verdad de todo lo que ocurre en el conflicto armado”, añadió Reyes.
Todos esos elementos, que se traducen en mecanismos reconocidos internacionalmente por posibilitar la implementación de la justicia transicional, como lo son la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), se hallan contemplados en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que se pactó en el Acuerdo de Paz.
Sin embargo, la implementación de dicho Sistema apenas está iniciando. “La JEP ya empezó. Este año está dando sus primeros pasos la CEV, después de unos meses de alistamiento. Quizá lo que está más retrasado es la puesta en funcionamiento de la Unidad de Búsqueda. Confiamos en que el año entrante el Sistema empiece a funcionar ya a plenitud y, sobre todo, que pueda trabajar armónicamente”, comentó.
También llamó la atención sobre el hecho de que, como sociedad, “le hemos dado demasiada importancia a si la JEP –como mecanismo de administración de justicia– funciona o no”, pero “hemos empezado a descuidar la intervención en las causas del conflicto armado”, que se debería estar haciendo a través de la implementación de cada uno de los puntos del Acuerdo de Paz.
“No estamos frente a un mecanismo que esté proclamando impunidad”
El investigador peruano Eduardo Cáceres, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) e invitado como panelista internacional, compartió la experiencia de implementación de justicia transicional en su país, particularmente en torno “al juzgamiento de autoridades civiles en relación con violaciones de derechos humanos en el marco de conflictos armados internos”.
Recordó que su país atravesó por “un proceso de transición política bastante complejo a raíz de la caída del régimen de Fujimori en el año 2000-2001”. Producto de ello se conformó una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que en el año 2003 publicó su informe: una síntesis de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto armado y las responsabilidades de diversos actores, particularmente las del Estado.
A partir de esa experiencia, Cáceres valoró los mecanismos de justicia transicional derivados del Acuerdo de Paz. “Creo que los mecanismos –de juzgamiento y de sanción– se construyeron con estricto respeto de la normatividad nacional e internacional”; teniendo en cuenta que “hay que hacer concesiones en función del objetivo supremo de la paz”. Entonces, “es obvio que no estamos frente a un mecanismo que esté proclamando impunidad”.
A pesar de que el investigador no tiene objeciones con respecto a los mecanismos de justicia transicional, sí manifestó preocupación por dos razones los retrasos en la implementación de los Acuerdos de Paz y “las maniobras que se están produciendo para impedir que se apliquen con el pleno uso de las atribuciones que les otorgan los dispositivos legales”.
Y convocó a las “fuerzas democráticas colombianas» a apoyar la implementación de la justicia transicional, “porque creo que aquí lo que se está haciendo es un mecanismo especial que no niega ni el esclarecimiento de la verdad, ni el reconocimiento de las responsabilidades, ni las sanciones que correspondan en el contexto peculiar de un Acuerdo de Paz”.
