Colombia es como un libro en el que su gente está acostumbrada a pasar las páginas rápidamente sin detenerse a leer, es lo que dice Iván Velásquez, que nuestro país le tiene miedo a contar lo ocurrido en el conflicto armado. “Lo que tenemos que hacer es destacar, relatar, evidenciar, lo que ha sucedido en todos estos años para llegar a los caminos de la reconciliación. Solo así se puede restablecer la convivencia”. Esto dijo en el conversatorio Verdad histórica y memoria en el que conversó con Nely Osorno, presidenta del IPC, durante el Festival Internacional de Poesía en Medellín.

Velásquez fue procurador general de Antioquia, descubrió un cuarto de torturas utilizado por ejército y policía; condujo una investigación sobre la seguridad en la cárcel La Catedral y las actividades ilegales que llevaba allí Pablo Escobar; fue director regional de fiscalías en 1997, cuando se dio cuenta de la amenaza de los grupos paramilitares que tomaban el control de Córdoba y Antioquia. Sin embargo, se le recuerda por ser el magistrado estrella de la parapolítica. El 4 de noviembre de 2011 recibió el premio de derechos humanos que otorga la Asociación Internacional de Abogados por su trabajo sobre esa relación entre políticos y paramilitares que llevó a la cárcel a más de 50 congresistas.

En septiembre finaliza su trabajo a la cabeza de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), designado por Naciones Unidas, y sus planes están en Colombia, en donde vive el último año, pues por sus investigaciones contra la corrupción en Guatemala, fue declarado persona no grata por el presidente Jimmy Morales.

Hoy, Velásquez cree que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una oportunidad para la reconstrucción de la verdad histórica. “Es una opción que tenemos que defender los ciudadanos frente a los embates. Es, tal vez, la única garantía que nos queda para conocer lo que sucedió en el conflicto, en esta construcción de verdad global.”

Sin embargo, el fortalecimiento paramilitar está afectando el proceso de paz en el país. “En muchos eventos hay elementos que muestran que sectores del país no están interesados por la paz, por más que lo digan. Lo que está en el fondo es la oposición a la paz, porque en medio de la guerra se han tenido muchas ventajas.”

Estas son algunas de sus respuestas sobre temas de Colombia y América Latina.

IPC. Usted lideró las investigaciones que llevaron a la cárcel a congresistas que tenían nexos con los paramilitares. Hoy, un sector del país critica la llegada de exguerrilleros a la política legal, pero un tiempo atrás estaban representados por senadores y representantes financiados por el paramilitarismo, ¿cómo lee esta situación?

I.V. Es un país lleno de contrasentidos. En medio del proceso y la finalidad del proceso, considerando el carácter político de la lucha de las guerrillas en Colombia, me parece que ese es un proceso saludable, que no es la primera vez que sucede: lo que significó el aporte del M19 con la constituyente, en su momento, y luego su presencia en el congreso;  lo que sucedió con movimientos como el EPL, y también su integración al congreso. Son una pequeña minoría que tendría que disputarse electoralmente su crecimiento.

Que respecto de las críticas, es también la utilización política del discurso, una forma de atacar al enemigo. Que resulta, en los términos de la pregunta, un contrasentido, cuando por procedimientos muy diferentes, incluida la violencia, se logró que muchas personas llegaran al congreso de la república con el respaldo de organizaciones paramilitares.

IPC. Usted plantea que los estándares de verdad que hubo en Justicia y Paz fueron muy bajos, ¿sería distinto en la JEP?

I.V. La experiencia de Justicia y Paz fue aprovechada para establecer en la JEP unos parámetros más altos de admisibilidad de versión, para que no ocurriera como aquella oportunidad con los paramilitares, en donde la mayor cantidad de sentencias se debe a las propias manifestaciones, a los reconocimientos, a las aceptaciones, pero no a las verificaciones que se pudieron haber hecho respecto de lo que los paramilitares decían. Me parece que hay algo en lo que se debe tener bastante cuidado en esta asunción colectiva de responsabilidad por todos los hechos en virtud de la cadena de mando, que muchas veces impide que efectivamente se conozca el detalle de lo ocurrido, que fue una experiencia muy recurrente en Justicia y Paz. En muchos de los casos yo escuché a comandantes paramilitares, por las actividades de investigación que venía adelantando con la Corte Suprema de Justicia, que hablaban con sus abogados respecto de reconocimientos en Justicia y Paz, de decir: “bueno, que lo anoten ahí, pues finalmente uno más da lo mismo, igual son ocho años y ya”. Eso no contribuye al proceso de reconstrucción de verdad.

Que aquí en la JEP se haya valorado la experiencia de Justicia y Paz para un verdadero proceso más universal de reconocimiento de verdad, me parece muy positivo, y ojalá que se asuma con toda la responsabilidad.

Es importante la presencia de paramilitares, de militares y de esos terceros, porque aquí hay que reconstruir una verdad mucho más universal, que pueda dar cuenta no solo de las acciones que uno de los intervinientes en el conflicto desarrollaba sino cómo se interrelacionaban, o explicaciones que a partir de esto puede darse para acciones de otros de los intervinientes en el conflicto.

Me parece un tema importante para destacar, la insistencia de que las acciones de militares son hechos aislados, la misma teoría de las manzanas podridas que yo vengo escuchando toda mi vida. Siempre un hecho grave como una ejecución era un hecho aislado que se le atribuía a una manzana podrida, y eso impide la reconstrucción real de verdad. Lo que vienen declarando algunos militares en la JEP me parece muy importante: no es en la asunción de responsabilidad por cadena de mando, que permita solo el reconocimiento sin ahondar en el caso concreto y en la relación con todos los hechos. De manera que se pueda determinar que cada uno de los hechos sí corresponde a una política que se había desarrollado, o desde la guerrilla con unos criterios de acción o desde el Ejército con otros criterios de acción. Pero reconocer la verdad, independiente de lo dolorosa que pueda resultar, es algo que se podría conseguir con la JEP.

Mancuso, cuando lo entrevisté por primera vez, dijo: el país no está preparado para la verdad, no puedo contar todo. Fue el mensaje de muchos. Me parece que eso es muy grave, porque siempre se hace una valoración: y si se sabe todo, ¿a dónde vamos a parar? Porque en medio de toda esa verdad, seguramente habrá unas implicaciones tremendas de mucha gente que ha gozado del mayor prestigio y respeto social, pero es la única forma si de verdad se quiere restablecer la paz.

IPC. Usted manifiesta que esa verdad nos puede llevar a la reconciliación, ¿pero cómo lograrlo en un ambiente de polarización, incluso provocado?

I.V. Ese es el gran problema. Yo no veo fórmulas, pero hay que aprender de procesos de verdad, respetar las instancias de justicia, que esas instancias funcionen adecuadamente, que entiendan que nadie hay por encima de la ley ni que se debe proteger a nadie para que quede fuera de la acción de la justicia. En todo caso, esto no es solo de escuchar y escuchar declaraciones, sino de poder mostrar cuál es la verdad de un conflicto que ha tenido muchas manifestaciones.

Es difícil lograr la reconciliación y convivencia cuando aún subsisten grandes grupos armados, cuando hay acciones contra líderes sociales de la manera como se vienen desarrollando. Se requiere una voluntad real de quienes están al frente del Estado.

Cuando un gobernante o un miembro de gobierno justifica el asesinato de líderes sociales de la manera como lo hace, eso no contribuye a la paz, a la verdad ni a la reconciliación. ¿Cómo lograr? Hay que ser muy creativos, tener mucha responsabilidad para asumir un proceso que va a tener muchas dificultades, que será muy largo, pero que podría producir frutos positivos para el país siempre que, simultáneamente, se logre también impedir la fuerza de estos grupos ilegales que siguen en Colombia.

I.P.C.: ¿Qué condiciones debe haber en Colombia para que se aplique un modelo como el que usted lidera en el Cicig?

I.V. Lo que se requiere es que haya una voluntad real del gobierno colombiano, del Estado colombiano, en la lucha contra la impunidad en general, y contra la corrupción en particular. Cuando vemos de casos que públicamente se ventilan, de intereses desde la dirección de la propia Fiscalía General de la Nación, de compromisos con sectores que podrían estar vinculados con las investigaciones, eso genera mucha desazón, genera una gran preocupación sobre cuál es el verdadero interés en una lucha contra la impunidad en Colombia.

Esto me parece que es uno de los elementos indispensables: que el gobierno entienda que hay necesidad en muchas ocasiones de buscar la cooperación internacional, porque las fuerzas internas que se mueven alrededor de la justicia en un país, conducen a la impunidad, y que solo con la gran independencia que reportan comisiones como esta de la Cicig, se contribuye a que el sistema de justicia avance en términos de independencia.

Se requiere un interés público, un interés ciudadano. La ciudadanía tiene que interesarse en los asuntos del Estado y entre ellos en los asuntos de la justicia, y entre la justicia en los temas de corrupción, que ha significado tanta pobreza para el país, cuando se observan los millones de dólares que se pierden, que se desvían en la contratación de obra pública, en el sistema de salud.

IPC. Usted termina su proceso en la Cicig en septiembre, ¿Colombia entra en sus planes?

I.V. Colombia entra en mis planes. Yo creo que hay algo importante que tiene que hacerse en Colombia. Digamos que toda la actividad que yo he desarrollado en mi vida profesional está orientada a esos procesos de construcción de democracia en los que la justicia tiene un papel realmente importante. Y una de las preocupaciones que se tiene en toda nuestra región es acerca de la independencia y la probidad de los órganos de justicia. Creo que voy a dedicarme mucho a ese tema, en la manera como se integran las cortes, como se integran todos los órganos pertenecientes al sistema de justicia, que es una preocupación, creo, de todos los países latinoamericanos. Me parece que esa es una de las tareas importantes, inclusive, no podría pensarse en una verdadera lucha contra la corrupción en nuestra justicia si no tenemos un verdadero sistema de justicia independiente y probo.

IPC. En la última asamblea de la OEA se eligieron cuatro comisionados para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un panel de expertos aseguró antes que los candidatos de Colombia, Everth Bustamante, y de Guatemala, Edgar Stuardo Ralón Orellana, no eran aptos para el cargo. A pesar de ello se eligió a Ralón Orellana, un opositor suyo en la Cicig y una persona que ha intentado promover la amnistía a militares acusados de delitos de lesa humanidad. ¿Cómo lee esta elección?

I.V. Uno siempre tiene la esperanza de que las instituciones impriman carácter. Me lo enseñó hace muchos años un magistrado de la Corte Constitucional cuando, de pronto, llegaban magistrados que, se sospechaba, pudieran no tener el compromiso adecuado. La aspiración es que en todo lo que significa la defensa de derechos, la Comisión Interamericana pueda permear también al licenciado Ralón. Hay una actividad de él en Guatemala, fue postulado por el gobierno de Jimmy Morales, ha actuado en contra de la lucha contra la corrupción, en contra del trabajo que la justicia venía adelantando en el país. Y ese es un aspecto negativo. Y el vínculo del licenciado Ralón con algunos personajes tenebrosos de Guatemala, genera inquietud. Pero yo aspiro a que la Comisión como cuerpo logre absorberlo. Él tendrá que actuar como comisionado y en ese sentido tendrá que ajustar su pensamiento, su criterio. Esa es la esperanza que se tiene, que estas instituciones tengan la suficiente fuerza para impedir que se puedan afectar internamente por la llegada de un determinado comisionado. Estamos ante esa realidad, hay que hacer todos los esfuerzos para que los siete comisionados actúen unificadamente en la defensa de los derechos humanos en América Latina.

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