Reforma a ley de tierras agilizará la restitución en Colombia

Agilizar los procesos de restitución en Colombia es el principal objetivo del proyecto de reforma a la ley de tierras que cursa trámite en el Congreso de la República. Las principales modificaciones están en el campo de la restitución administrativa, la restitución colectiva y el otorgamiento de facultades al Presidente de la República.

La necesidad de reformar la ley de tierras se debe a la preocupación que existe en varios sectores del país por los incipientes avances en restitución. Según un estudio de la Fundación Forjando Futuros[i], de 54.063 solicitudes de reclamación presentadas hasta ahora, el 70% se encuentran represadas en la Unidad de Restitución de Tierras, el 28.3% está en trámite y solo el 1,7% han sido falladas por los jueces.

El representante a la Cámara Guillermo Rivera Flórez, uno de los ponentes del proyecto junto a los senadores Juan Fernando Cristo y Luis Carlos Avellaneda, explicó que la reforma a la ley de tierras agilizaría los procesos de restitución que podrían pasar de un año a solo 6 meses de trámite, principalmente en los casos por vía administrativa.

“Estamos proponiendo que aquellos casos, en que no se presente un opositor a la reclamación de tierras, no hagan tránsito ante los jueces sino que a través de una resolución expedida por la Unidad de Restitución de Tierras se ordene la restitución, lo que permitiría que el trámite sea mucho más rápido”, afirmó Rivera Flórez.

Otro de las estrategias que serían priorizadas con la reforma sería la restitución colectiva de predios en casos donde exista un mismo despojador, los predios sean colindantes y existan varias familias que hayan sido víctimas de ese mismo despojador.

La aplicación de este instrumento permitiría que, sólo en el Urabá Antioqueño, se pueda pasar de 2.800 procesos de restitución a apenas 25 procesos, reveló Gerardo Vega Medina, director de la Fundación Forjando Futuros. Lo mismo aplicaría para los casos de Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento de Chocó.

La reforma también pretende darle mayores competencias a la Unidad de Restitución de Tierras para que pueda agilizar trámites y aplicar la inversión de la carga de la prueba, es decir, que sea el despojador, y no la víctima, quien deba demostrar que adquirió el predio de manera legal.

A su vez, con la modificación a la ley de tierras el Presidente de la República tendría facultades para reformar las instituciones creadas a partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para que las unidades de víctimas y de tierras tengan mayor músculo político.

La propuesta que se plantea en este aspecto es que las instituciones creadas por la ley de víctimas tengan autoridad ministerial. Para ello se propone la posibilidad de crear un Ministerio del Interior y el Posconflicto. Según Guillermo Rivera, “se habla de que alguno de los ministerios, o un ministerio nuevo, acoja a estas instituciones”.

Otro de los cambios que incluye está reforma es la posibilidad de que la Unidad de Restitución inicie procesos de devolución de predios sin necesidad de esperar a que las víctimas demanden.

Y los procesos con oposición…

Aunque una de las estrategias principales de la reforma a la ley de tierras es agilizar la restitución por vía administrativa en los casos sin oposición, el proceso de restitución de predios en Colombia también requiere mejorar sus avances en aquellos casos donde la reclamación tiene opositores.

Para poder avanzar en esos procesos que tienen oposición, explicó Guillermo Rivera, se debe mejorar la seguridad de los reclamantes y para ello “es importante que se termine el conflicto armado. Así habría más posibilidades de que la fuerza pública concentre sus acciones en acompañar esos procesos de restitución.”

Además, agregó el representante a la Cámara, es necesario avanzar en la búsqueda de la verdad sobre la implicación de funcionarios, fuerza pública y empresarios que participaron en procesos de despojo en consorcio con el paramilitarismo. Esto ayudaría a desarticular esos sectores que aún se oponen a la restitución.

Por su parte, Gerardo Vega añadió que los procesos de restitución colectiva son una buena alternativa para facilitar la devolución de predios en casos y zonas donde hay oposición. Para ello se requiere un adecuado acompañamiento de las autoridades a las comunidades que retornen.

Según el estudio de Forjando Futuros de las 372 sentencias analizadas sólo el 4% de las oposiciones pudieron acreditar la buena fe. El 96% de los casos fueron fallados a favor de las víctimas. De acuerdo con el informe, 82 personas presentaron oposiciones en 294 casos y 6 personas trataron de impedir la restitución de 191 parcelas en las haciendas Santa Paula y Pechilín y Cedro Cocido.

 Los ponentes del proyecto de reforma a la ley de tierras esperan que la iniciativa esté aprobada antes del 20 de junio del presente año. Para ello buscan lograr que el Gobierno envíe un mensaje de urgencia para agilizar su aprobación.

La restitución en Antioquia

De 25.706  propiedades abandonadas o despojadas, se han restituido 55 predios en 30 fallos judiciales: 19 sentencias en el municipio de San Carlos; una en Apartadó y Mutatá,  respectivamente; cuatro en Turbo y cuatro en Granada. El promedio de predios restituidos por sentencia en el departamento fue 1,9.

Victimarios fueron: Paramilitares 60%, Guerrilla 15%, Grupos Ilegales No Definidos 12%, Enfrentamientos 13%.

En respuesta a un derecho de petición de Forjando-16 abril de 2014-, La Unidad de Restitución indicó que hasta el 28 de febrero del presente año en Antioquia se han presentado 10.412 solicitudes, 3 mil 79 de inclusión en el registro de zonas micro focalizadas.

Información suministrada por la Fundación Forjando Futuros