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Sectores sociales dialogan sobre comisión de la verdad

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Distintos movimientos sociales y populares, el movimiento de víctimas, y organizaciones de derechos humanos de Colombia, se reunieron este 11 de agosto en Bogotá para dialogar sobre la futura Comisión de la Verdad en el país.

El espacio fue el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en una jornada convocada por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). De esta manera se dio inicio a una serie de diálogos que continuarán convocando a estos sociales en torno a la verdad.

Recientemente el ICTJ presentó los resultados del estudio «Diálogos con sociedad civil para la futura Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia: Expectativas, percepciones y retos«, el cual permitió establecer las deficiencias que han en materia de verdad en el país y los obstáculos para construir una narración más completa de lo que ha pasado en cinco décadas de conflicto.

En esta ocasión, la Mesa por la Verdad presentó el documento «Mil palabras por la verdad», que aborda los alcances de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, cuya creación fue acordada en el quinto punto de la agenda de negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, en La Habana (Cuba), correspondiente al tema de víctimas.

En dicho acuerdo, se pactó la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición, que tendrá “diferentes mecanismos judiciales y extra judiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el Sistema Integral y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto y así asegurar la transición del conflicto armado a la paz”[1].

Dicho Sistema “estará compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; y las medidas de reparación integral. Los distintos componentes del SIVJRNR deberán operar de manera coordinada y articulada, y contribuirán a la No repetición”[2].

A continuación presentamos el documento completo de la Mesa por la Verdad:

 Mil palabras por la verdad

Mesa por la Verdad

 

Alcances de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición

Si bien en Colombia existe un avance importante de esclarecimiento de la verdad y construcción de la memoria histórica, gracias a las iniciativas no oficiales de la sociedad civil, como el informe “La Verdad de las Mujeres” de la Ruta Pacifica de las Mujeres, el informe “Nunca Más” del Movice, entre otros; a la verdad develada en procesos judiciales, como Justicia y Paz, a los trabajos del Grupo de Memoria Histórica y del hoy Centro Nacional de Memoria Histórica, a los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y a experiencias previas de comisiones de la verdad oficiales que han abordado temas o periodos específicos, aún existe en el país una gran demanda de conocimiento y reconocimiento de la verdad del conflicto armado y persisten importantes déficits de verdad.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante la CEV) es una oportunidad única para construir una narrativa que explique las razones y los efectos del conflicto armado, que aborde las verdades no develadas hasta ahora, las verdades negadas y no reconocidas y que formule unas recomendaciones que apunten a garantizar la no repetición de la violencia.

El mandato de la CEV se centra en esclarecer y promover el reconocimiento de “prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al DIH, en particular aquellas que reflejen patrones o tengan carácter masivo que tuvieron lugar con ocasión del conflicto. Al respecto, también existen avances significativos que pueden retomarse, por ejemplo, en la identificación de los patrones de victimización en violencia sexual, que ha realizado la Corte Constitucional en los Autos 092 de 2008 y 09 de 2015.

También ese mandato deberá dar cuenta de la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron, por ejemplo, el contexto de violencia y discriminación que explica la violencia sexual. Más allá de esclarecer hechos y responsabilidades individuales, la CEV busca profundizar en el análisis de la complejidad del conflicto armado interno, para ofrecer a las víctimas y la sociedad las explicaciones de lo que ha pasado.

El informe final de la CEV será el resultado de un ejercicio riguroso de análisis y contrastación de fuentes, información y testimonios que servirá como referente de esta y de las futuras generaciones para explicar las atrocidades del conflicto. Al mismo tiempo, la CEV debe ser un proceso colectivo de reconocimiento y de discusión social de aquello que se sabe pero que no se quiere aceptar, de lo que aún no se sabía y de las múltiples responsabilidades de actores institucionales, políticos y económicos, que deben emerger después de décadas de negación.

Serán los comisionados y comisionadas quienes deberán determinar qué amplitud darán a la investigación y a la recepción de testimonios, de manera que la tarea de investigación sea viable y las acciones sean efectivas y cuidadosas dependiendo de la temática abordada. En todo caso deberá garantizarse una metodología participativa con las víctimas y la sociedad civil en general[i]. La valoración de fuentes de información ya existentes (oficiales y no oficiales) y la referencia a ellas deberá ser un elemento importante tanto del diseño metodológico como de la construcción del informe final.

Aun cuando no sea posible esclarecer y analizar todos y cada uno de los hechos, el reconocimiento de las víctimas es un aporte fundamental de la CEV a una paz estable y duradera. Pero la CEV no es sólo para las víctimas, es para toda la sociedad. La CEV debe ser capaz de implicar y lograr la participación de actores directos del conflicto y también de otros sectores de la sociedad a menudo ausentes, lejanos o contrarios a estos procesos.

Algunos aspectos del mandato que deberán ser tenidos en cuenta para garantizar que la Comisión cumpla con los objetivos trazados son:

El enfoque territorial: es necesario aclarar sus implicaciones en términos organizativos y operativos. El acuerdo no precisa si la Comisión tendrá oficinas regionales y con qué criterio se establecerán. Cabe señalar que, si bien lo territorial es un criterio indispensable, esto no debe significar privilegiar la elaboración de informes regionales que puedan ir en detrimento de una mirada nacional y de conjunto del conflicto.

Enfoque diferencial y de género: es necesario que se establezcan los impactos diferenciales y desproporcionados sufridos por mujeres, población LGTBI, indígenas, afrocolombianos, campesinos, víctimas en el exterior y los mismos combatientes. La comisión deberá buscar los mecanismos para recolectar testimonios de estos grupos poblacionales dentro y fuera de Colombia, y en las diferentes regiones.

Coordinación con medidas de construcción paz y convivencia: el Acuerdo establece que la Comisión coordinará con las medidas de construcción de paz que estén en marcha en los territorios. Esta disposición debe ser analizada con cautela, pues las acciones de construcción de paz, convivencia y reconciliación podrían copar los esfuerzos y el tiempo de la Comisión y distraerla de su tarea principal de esclarecimiento de la verdad. Asimismo, el exceso de funciones podría terminar paralizándola.

Los niveles de precariedad de los programas sociales y las condiciones de vida en los territorios más afectados por la pobreza son un desafío para la convivencia y la generación de confianza de las comunidades hacia las instituciones del estado. La confianza se restablece cuando la distancia entre lo que promete el estado y lo que cumple se acorta. En este sentido, para hacer posible la convivencia que la Comisión pretende promover, es necesario una política de mejoramiento de las condiciones de vida en esos territorios, con recursos y participación ciudadana.

Orientación a las víctimas y a las comunidades victimizadas: esta es otra disposición que amerita una mayor definición de sus alcances.  Si bien es loable la intención de tener una Comisión que asista a las víctimas, una vez más se enfrenta aquí la posibilidad de que este encargo rebase las capacidades de la Comisión o atenúe su capacidad para el esclarecimiento de la verdad.

Poderes y atribuciones: un elemento central en un mandato de comisión de la verdad es la definición de los poderes o atribuciones que esta tendrá para cumplir las tareas que se le encargan. Se trata de definiciones sobre temas como acceso a información y archivos oficiales; facultades para hacer citaciones a declarar ante ella; facultad para inspeccionar instalaciones públicas; facultad para mantener en reserva la información a su disposición; facultad para obtener la cooperación de otras agencias del Estado; facultad para solicitar, recibir y gestionar recursos financieros, entre otros. La ausencia de una sección sobre poderes y facultades de la Comisión es tal vez una de las mayores omisiones del Acuerdo, si bien algunos de esos poderes se encuentran mencionados en diversas partes del texto, como el poder de hacer audiencias públicas.

 


[1] Presidencia de la República, “Acuerdo sobre las víctimas del conflicto”, Equipo de paz del Gobierno, disponible en Internet: http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/especiales/abc-del-proceso-de-paz/victimas.html

[2] Ibídem.

[i] Según el acuerdo de víctimas habrá un grupo de trabajo de género en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que deberá adelantar su función en coordinación con las organizaciones de mujeres (5.1.1.1.4).

Yhoban Camilo Hernandez Cifuentes
Periodista egresado de la Universidad de Antioquia. Candidato a Magister en Ciencia de la Información con Énfasis en Memoria y Sociedad, Escuela Interamericana de Bibliotecología de la UdeA. Coordinador de la Agencia de Prensa IPC entre 2012 y 2018. Actualmente periodista en Hacemos Memoria. Trabajando por esa Colombia excluida y vulnerada, por aquellos que no son escuchados y por la anhelada paz. Aficionado a la literatura, al rock, a las huertas y a las buenas películas.