COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
No más reclamantes de tierras asesinados
Señor presidente y señor fiscal, hagan algo
El día 28 de enero de 2017, siendo las 8 p.m., los campesinos de Guacamayas denunciaron el secuestro del señor Porfirio Jaramillo, reclamante de tierras, y el 29 de enero a la 1:30 a.m. fue hallado muerto en el mismo sector donde fue secuestrado. Cuatro hombres, en dos motocicletas y fuertemente armados, sacaron a Porfirio de su vivienda y se lo llevaron.
De esta situación fueron alertados para su reacción rápida diversas instancias del Gobierno colombiano.
Vale la pena recordar los permanentes hostigamientos que sufren los reclamantes de tierras en Urabá. En la vereda Guacamayas que pertenece al municipio de Turbo y hace parte del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, sufrieron durante el año 2016 más de ocho ataques por parte de hombres armados que actúan bajo las órdenes de empresarios que quieren quedarse con esas tierras. A la fecha, ni la Fiscalía colombiana ni ninguna autoridad ha investigado a los responsables intelectuales y materiales.
El señor Porfirio ya había sufrido atentados e incluso había sido valorado su riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección – UNP.
Además de rechazar el asesinato, demandamos del Estado colombiano una respuesta eficaz. Que la Fiscalía general declare la emergencia para los reclamantes de tierras y cumpla de manera inmediata con el Auto 476 de la Corte Constitucional: informar sobre el estado de las investigaciones sobre las graves violaciones de los derechos humanos en la región.
Y así mismo, que las instituciones nacionales y regionales cumplan con el Auto 00153 del 15 de diciembre de 2016, emitido por el Juzgado Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, que dictamina medidas de protección a favor del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, exigiendo a su vez garantías para los reclamantes de tierras que retornaron sin acompañamiento del Estado.
Don Porfirio se convierte en el 73 reclamante de tierras asesinado. En Colombia avanza de nuevo un genocidio de líderes sociales y los responsables de frenarlo no lo reconocen. Instamos al Gobierno Nacional y al Estado a que, en cumplimiento de la Ley 1448 y del punto Uno del Acuerdo de Paz, inicie un plan de entrega y devolución de tierras a los campesinos de Urabá, desmantele los grupos armados de empresas que han despojado a los campesinos e identifique, capture y castigue a los responsables de los graves crímenes cometidos contra los campesinos y reclamantes de tierras en Urabá.
Nuestra solidaridad con la familia de don Porfirio, con la comunidad de Guacamayas y con todos los reclamantes de tierras del país.
Instituto Popular de Capacitación – IPC
Medellín, enero 29 de 2017.
