Por: Juan Camilo Gallego Castro y Daniela Sánchez Romero
En 1996 un estudiante de antropología de la Universidad de Antioquia denunció que en la librería de los Hermanos Cristianos, en el centro de Medellín, había un esqueleto humano expuesto para la venta. “La gente pasaba y creía que era de mentira”, contó él. Dice el periódico El Tiempo que cuando la Procuraduría de Antioquia inició la investigación se enteró de que en este lugar llevaban 34 años vendiendo esqueletos que obtenían a través de un empleado de la Universidad de Antioquia, que negociaba cuerpos y huesos que antes habían sido utilizados en las prácticas de los estudiantes de medicina. Estos provenían del Cementerio Universal de Medellín.
Contó el profesor Germán Antía en la Revista Tecnológico de Antioquia que, por más de cuatro décadas, hasta los años ochenta, “cuando no había estos problemas de cadáveres, de NN’s, de no identificados”, el Cementerio proveía de cuerpos a los estudiantes de medicina y de dientes a los de odontología. “El sepulturero sacaba los dientes, los metía en una cajetilla de cigarrillos Piel Roja, los vendía a 1.000 o 2.000 pesos”, relató.
Además de la venta irregular de cuerpos utilizados por los estudiantes y de un acuerdo de la Universidad con la Curia Arquidiocesana que autorizaba el uso de cuerpos para fines científicos, en 2008, el entonces rector Alberto Uribe Correa decidió formalizar con Jesús María Ramírez, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín, el Convenio 009 de 2008, con el cual se le entregaría “a título de uso científico” 200 restos óseos completos del Cementerio Universal, entre ellos cuerpos no identificados, los cuales, según un documento posterior, estarían destinados “a conformar la colección de referencia osteológica del Laboratorio del Departamento de Antropología”.
Por más de diez años la Universidad de Antioquia no tuvo problemas con este convenio hasta que el 29 y 30 de octubre de 2019 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inspeccionó su Laboratorio de Osteología Antropológica y Forense, en donde se encontraban 178 cuerpos exhumados del cementerio comunitario de la vereda Orobajo, en Sabanalarga, Antioquia, los cuales fueron trasladados antes de la inundación del cañón del río Cauca, que daría paso a Hidroituango. La JEP dijo, en el Auto AT-038 de 2019, que había elementos suficientes para considerar que en ese laboratorio podría haber cuerpos de personas dadas por desaparecidas, algunas de ellas del Cementerio Universal. Al parecer, no se equivocaron.
Además, se llevaron la sorpresa de que algunos cuerpos tenían signos de muerte violenta. Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la fiscalía de la JEP, en este laboratorio hay 136 contenedores con al menos 120 restos de individuos adultos, 61 de ellos con alteraciones perimortem, es decir, alteraciones alrededor de la muerte. Entre estos hay 26 con impacto de arma de fuego. Encontraron, además, que el laboratorio no tiene buena ventilación, escasa iluminación natural y que el área de lavado tiene una reja por la cual entran insectos, roedores y animales domésticos.
La JEP llegó a este caso ante la solicitud de medidas cautelares promovidas por el Movice, para que protegiera 16 lugares del país en donde estarían víctimas de desaparición forzada, como la zona de influencia del proyecto Hidroituango y la Comuna 13 de Medellín.
La Agencia de Prensa IPC accedió al Convenio 009 y a otros documentos de ese acuerdo que muestran que la Alcaldía entregó dichos cuerpos y la Universidad de Antioquia los recibió y utilizó para fines académicos, a pesar de no estar identificados ni contar con la autorización de la Fiscalía. Además, devolvió cuerpos en mal estado de conservación, como lo confirmó la universidad el 3 de septiembre de 2013, entre los que estaban algunos no identificados.
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La historia de un convenio
El acta de inicio del Convenio 009 lo firmaron el 18 de junio de 2008 la profesora Timisay Monsalve Vargas, quien en los años siguientes fue la representante de la Universidad de Antioquia, y Gustavo Adolfo Caballero Montejo, como supervisor de la Alcaldía de Medellín. A finales de los años noventa, Caballero ordenó la cremación de alrededor de 2.000 cuerpos del Cementerio Universal, entre los que había cuerpos no identificados, como lo denunció la Agencia de Prensa IPC el 14 de diciembre de 2020 en el artículo En el Cementerio Universal cremaron cuerpos de personas desaparecidas.
Dicho convenio se firmó en vigencia del Decreto 1167 de 1999, “por medio de la cual se dictan normas sobre el depósito y cremación de cadáveres y restos humanos y su disposición final en el Jardín Cementerio Universal”, y en este se autoriza la entrega de restos humanos del Cementerio para fines científicos o académicos.
El 21 de enero de 2010 la Universidad de Antioquia recibió 11 cuerpos que provenían de la zona 30 del Cementerio Universal, entre los que estaban cuatro sin identificar; uno de ellos correspondía a un adulto.
El 3 de octubre de 2012, la universidad envió una carta al subsecretario de Gobierno de Medellín, Gabriel Jaime González, para que reanudara el convenio. “Hasta el momento hemos recibido 146 cuerpos”, escribió, “a través de la presente le solicitamos reactivar la entrega de los 54 cuerpos restantes”.
Sin embargo, el 4 de febrero de 2013, la institución educativa aseguró en un nuevo documento que tenían 137 individuos, nueve menos de los que dijo cuatro meses antes, y que estaban a la espera de 63 cuerpos más. En este documento llama la atención que la universidad tenía “45 individuos con edad y sexo conocido, 45 con posible sexo conocido y 47 sin ninguna información”.
Ante la justicia transicional, recientemente, la Universidad de Antioquia afirmó que recibió “193 restos óseos”, siete menos de los pactados inicialmente, y “devolvió 51 al Cementerio Universal”. Es decir, que en la actualidad conservan “142 restos óseos”.
Ante esta situación, Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, explicó que en la universidad aún hay cuerpos no identificados, “lo cual es algo que no corresponde a la regla de qué cuerpos van a una universidad, porque allí van todos los que están fuera de toda duda, los que están identificados.”
Cuando la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín firmaron el Convenio 009, en Colombia aún no existía la Ley 1408 de 2010, “por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación”, ni la Resolución 5194 de 2010, “por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres”. En dicha resolución, en el artículo 20, se estipula que “los cadáveres no identificados, sólo pueden ser exhumados bajo orden judicial, de lo contrario, serán conservados en su lugar original de inhumación con el fin de ser fácilmente ubicados en el caso de identificaciones positivas, estudios posteriores y entrega a familiares.”
Asimismo, tampoco existía la Resolución 1447 de 2009, “por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres”. En el artículo 37, este dice que los “cadáveres no identificados solo pueden ser exhumados bajo orden judicial”.
Pero la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, a través del Cementerio Universal, pasaron por encima la reglamentación. Si bien la norma no aplicaba para el momento en el que lo firmaron, sí fijaba unos estándares a partir de entonces para la garantía de derechos y búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Es decir, desde 2009 las instituciones debían ajustarse a la ley y protocolos relacionados con la manipulación de los cuerpos no identificados y víctimas violentas del conflicto armado.
La Alcaldía de Medellín respondió a la Agencia de Prensa IPC el 1° de junio de 2021 que la entrega de los cuerpos la hizo en vigencia del Decreto municipal 1167 de 1999, pero los documentos citados de 2012 y 2013 dan cuenta de que la Universidad de Antioquia no tenía aún los 193 restos óseos que recibió en más de una década, por lo que estos los habría recibido tiempo después. Es decir que desde mediados de 2009 el convenio debió ajustarse a las nuevas normativas y no se hizo. Tampoco solicitaron la autorización judicial requerida.
Frente a lo anterior, el 14 de mayo pasado, la Fiscalía, a través del Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube), adscrito a la Dirección de Justicia Transicional, le respondió a la Agencia de Prensa IPC que el Grube, “encargado de la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en la zona, en ningún momento dio autorización, permiso o aval a la Universidad de Antioquia o a la Alcaldía de Medellín para realizar diligencias de exhumación, tampoco ha emitido concepto, advertencia, lineamiento o desarrollado diligencias judiciales o apoyado a las entidades referidas”, y que “no recibió ni tampoco otorgó permiso para utilizar dichos cuerpos.”
La Fiscalía señaló dos asuntos más en su respuesta. El primero, que el 16 de mayo de 2014 el subsecretario de Espacio Público y Control Territorial de Medellín les informó que de los cuerpos que tenía la Universidad “ningún cuerpo estaba en condición de no identificado, ya que se trataba de casos de niños o neonatos inhumados en bóvedas”. Ante esta situación, concluye la Fiscalía, “se consideró que se trataba de cuerpos identificados y no víctimas del conflicto armado, ni muertes violentas”.
El segundo es que, desde 2017, al despacho de la zona se le asignó la búsqueda de personas desaparecidas de la Comuna 13 y que “las directivas del Jardín Cementerio Universal nunca hicieron referencia a entregas en comodato de restos en calidad de no identificados”.
Una fuente de la Fiscalía en Antioquia, quien pidió la reserva de su identidad, dijo que en caso de que el cementerio o la universidad hubieran pedido un permiso, este no se podía entregar, pues al hacerlo “se pierde toda la investigación, porque ya hay una alteración y manipulación de la evidencia. No es pedir permiso, no te lo van a dar. El guardián y tutor de la tenencia y custodia son las secretarías de gobierno de cada municipalidad. ¿Bajo cuáles criterios la secretaría autorizó que una entidad académica se llevara esos cuerpos cuando están dentro de un proceso judicial?”.
Jesús María Ramírez, quien era secretario de Gobierno de Medellín durante la administración de Alonso Salazar entre 2008 y 2011, aseguró que Salazar tenía “un genuino interés en la búsqueda de los desaparecidos y que es infame afirmar lo contrario”. Y agregó: “A ese convenio no tengo nada qué agregarle, ni tengo memoria de si los informes se entregaron o no. Era un convenio a cinco años».
Consultamos con la Universidad de Antioquia sobre la ejecución del convenio y el uso de cuerpos no identificados dentro de su laboratorio. En respuesta del 20 de enero de 2021, aseguró que “estaba previsto desde el inicio del convenio que podrían existir restos óseos sin identificar, pero como se indicó acompañados de la respectiva acta de necropsia.” Sin embargo, en una nueva respuesta del 28 de mayo de este año, la universidad dijo que la responsabilidad de tener los cuerpos no identificados le correspondía al Cementerio Universal, pues fue este quien hizo “el trámite de exhumación de los restos óseos”, y eran ellos quienes debían solicitar la autorización “ante las autoridades competentes”.
La Alcaldía, por su parte, dijo que se amparaba en el Decreto 1167 de 1999, por lo que no era necesaria la autorización de Fiscalía.
Devolver cuerpos en mal estado
El 3 de septiembre de 2013 la Universidad devolvió 42 cuerpos al Cementerio Universal. La razón: “Tras su cuidadosa revisión y proceso de documentación, los esqueletos se encuentran en un mal estado de conservación. Este factor impide que las labores de investigación se puedan realizar efectivamente sobre el material esquelético, de acuerdo a los objetivos establecidos en el convenio mencionado”.
Al revisar la información de los 42 cuerpos, a los cuales la Universidad les otorgaba un código, es posible evidenciar que 8 de ellos no tienen nombre, edad ni sexo. Lo cual correspondería a cuerpos no identificados.
Sin embargo, el 1° de febrero de 2010, el informe “Recuperación y limpieza de doscientos esqueletos provenientes del Cementerio Universal”, elaborado por la Universidad y entregado al cementerio, se dijo que “los esqueletos se encuentran anatómicamente completos, en buen estado de preservación». Y se advirtió que “los daños postmortem son el producto de deterioro asociado al debilitamiento del hueso como un proceso normal tras perder sus propiedades viscoelásticas».
De acuerdo con el Convenio 009, en obligaciones de la Universidad, esta debe “cuidar y conservar en las mismas condiciones en que fueron recibidos los restos, respondiendo de todo daño que sufra, salvo que este se derive de circunstancias atribuibles a fuerza mayor o caso fortuito”.
Según la universidad, en relación con el tratamiento de los restos óseos correspondientes a cuerpos no identificados, “han sido utilizados únicamente con fines académicos e investigativos, se mantuvo el uso custodio y depósito bajo la normatividad y protocolos” y “nunca se alteró o destruyó el tejido óseo”. Y agregó que los cuerpos fueron devueltos en el estado en el que los recibieron y que la responsabilidad de supervisar el estado de conservación es del cementerio.
Ahora, ¿qué quiere decir que un cuerpo esté en “mal estado de conservación”? Una antropóloga forense, egresada de la Universidad de Antioquia y quien pidió la reserva de su nombre, explicó que son múltiples los factores que inciden: “Están los tafonómicos, por ejemplo, daños ocasionados por el mismo suelo, el mismo deterioro con la descomposición del cuerpo o incluso animales o elementos externos que pueden dañar o alterar el tejido óseo”.
Otro antropólogo forense del CTI de la Fiscalía añadió que “mal estado es cuando tenés un esqueleto desmineralizado, en fragmentos muy pequeños, y no creo que [la Universidad] haya recibido esqueletos en fragmentos.” Para este profesional, un cuerpo en un laboratorio puede deteriorarse por la manipulación indebida por parte de personas inexpertas, en este caso estudiantes, por procesos de humedad y por el mal lavado de los esqueletos.
Para el experto, los 42 cuerpos se pudieron deteriorar en cinco años (entre 2008 y 2013), pero no tanto para que estuvieran en “mal estado de conservación”. Y por eso cuestionó la respuesta de la universidad: “¿No se fijó que estaban en mal estado? ¿Por qué le iban a entregar un cuerpo en mal estado a una universidad? Hay que determinar el criterio que la profesora tiene. Para nosotros un cuerpo en mal estado está desmineralizado, al cual no se le puede tomar ninguna variable.”
Es decir que, si esos cuerpos estaban desmineralizados, lo que correspondería a un mal estado de conservación, no sería posible identificar a los ocho cuerpos no identificados que la universidad devolvió al cementerio.
Más irregularidades
En 2015, el Ministerio del Interior elaboró el informe “Diagnóstico Jardín Cementerio Universal”, en el que se evidenció que en este camposanto no se llevaba registro de las exhumaciones. “Esto todavía genera dificultades para identificar a quienes se entregaron a familiares o están en otros espacios como las fosas comunes, bodega o laboratorio de Antropología Forense. Esto está generando dificultades para reconocer, en el caso de las PNI [Personas No Identificadas. Hoy se utiliza la expresión CNI] la ubicación de sus cuerpos”, señaló el documento.
En el informe se dejó claro con preocupación que, en el marco del convenio, “los sepultureros solo se encargan de abrir la lápida o sepultura, pero son los estudiantes de antropología a cargo de Timisay los encargados de trasladar los cuerpos a las bolsas para llevarlos al laboratorio de la universidad.”
Esto generaba inquietud porque el 1° de febrero de 2010, en el informe preliminar “Recuperación y limpieza de doscientos esqueletos provenientes del Cementerio Universal”, las profesoras Timisay Monsalve y Juliana Isaza manifestaron que quienes hacen la limpieza de los cuerpos son “estudiantes asistidos por un monitor y la presencia del investigador principal o del co-investigador. Dicho equipo se compone aproximadamente de ocho personas que se involucran en el proceso complejo.”
Según los funcionarios y antropólogos forenses consultados para esta investigación, una mala limpieza, como el uso de agentes químicos como hipoclorito de sodio superior al 3%, incide en el mal estado de los cuerpos e impediría la futura identificación de cuerpos no identificados. Carolina Aguilar Ruiz, antropóloga forense de la JEP, señaló en audiencia el 1° de junio que encontraron en los protocolos de la universidad el uso de hipoclorito en altas proporciones, “para el manejo de estas colecciones el uso de hipoclorito puede alterar genéticamente y afectar la identificación”.
Por otro lado, el Cementerio Universal también cometió otros errores, como lo evidenció la universidad el 4 de febrero de 2013, cuando devolvió nueve cuerpos. “La devolución de dichos cuerpos se debe a que, tras el análisis y cotejo con la documentación obtenida, los datos de edad y/o sexo entregados por el cementerio no corresponden con aquellos establecidos por métodos antropológicos”, respondió la universidad. Por ejemplo, en la caja que debía contener el cuerpo adulto de Emilia Nelly Londoño de Álvarez estaban restos infantiles, más una tibia, una clavícula, una vértebra cervical y dos carpianos.
Desde 2019, el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia ha tenido cinco prórrogas de medidas cautelares. La última es del 13 de marzo de 2021, por 60 días. En el Auto AT-038 de 2019, la JEP consideró que había “serios y preocupantes indicios de falta de precisión y certeza respecto a la información de los cuerpos esqueletizados provenientes del Cementerio”.
La Fiscalía le indicó a la JEP que el Cementerio Universal “no tiene claridad sobre la población allí custodiada, pues no existe un registro de recepción, inhumación, exhumación y traslado de CNI”. Tampoco conoce cuáles son los cuerpos que tenía la universidad ni cuántos habían devuelto. Por lo que el 30 de noviembre de 2017, el cementerio le envió una carta a la profesora Timisay Monsalve solicitando dicha información: “Actualmente la dirección del Jardín Cementerio Universal viene siendo motivo de auditoría interna y se requieren dentro de los procesos a ser auditados, un informe detallado sobre el desarrollo y cumplimiento del citado informe”.
La Universidad de Antioquia y el Cementerio Universal, en nombre de la Alcaldía de Medellín, tendrán que responder ante la JEP por el uso de cuerpos no identificados, que además tenían signos de muerte violenta, pues no debían someterse a ninguna experimentación científica. También por el estado de conservación de los mismos y por los cuerpos que fueron devueltos al camposanto en mal estado.
Por su parte, la Universidad de Antioquia tendrá que responder por los 349 cuerpos exhumados en el cañón del río Cauca, en los cementerios comunitarios de Orobajo (Sabanalarga), La Fortuna (Buriticá) y Barbacoas (Peque). 178 de estos, provenientes de Orobajo, permanecen en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia. La UIA de la JEP aseguró el 1° de junio de este año que 14 cadáveres tenían alteraciones perimortem y por lo menos tres tenían evidencia de impacto de arma de fuego. Para la JEP, la Universidad no tuvo en cuenta las recomendaciones de la Fiscalía, cuando el 2 de noviembre de 2017 les expresó en un oficio que, si en los cementerios había cuerpos en condición de no identificados, “éstos NO pueden ser intervenidos por ustedes”.
Será la JEP la que responda las múltiples preguntas de un caso en el que se priorizó la investigación científica por encima de los derechos de las víctimas.
