El 13 de febrero Cornare, la corporación ambiental del Oriente antioqueño, le dio licencia ambiental a la firma Taborda Vélez & CIA para que construya la pequeña central hidroeléctrica Cocorná I, entre los municipios Carmen de Viboral y Cocorná, una decisión que líderes y organizaciones sociales y ambientalistas del territorio han criticado, pues en la misma, Cornare advierte que la firma no cumple con todos los requisitos.

Cocorná I estaría ubicada en las veredas La Esperanza, San Vicente y El Tesoro, y generaría 7.72 megavatios de energía. Es un proyecto que inició en 2009, cuando la firma solicitó una concesión de aguas que luego se extendió a solicitud de licencia ambiental, la cual fue negada y archivada en 2017. Sin embargo, Taborda Vélez & CIA  radicó una nueva solicitud en 2018, la cual fue negada el 7 de noviembre de 2019 por incumplir los requisitos legales del decreto 1076 de 2015 y finalmente otorgada en 2020. Para Oladier Ramírez, secretario técnico general de Cornare, “es una decisión que no fue improvisada, que analizamos muy a fondo y que finalmente no teníamos de otra que entregar la licencia.” Opinión distinta tienen los integrantes del Movimiento Social por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio (Movete), un grupo de organizaciones y líderes de esa región, quienes aseguran que la corporación ambiental le dio a la firma más plazos de los que concede la ley, que Cocorná I está en una zona donde hay víctimas del conflicto armado, además de que dicha obra acabaría con un sitio de importancia cultural y social para las personas de estos municipios.

El auge de las microcentrales

Desde la desmovilización paramilitar a principios de 2006, la derrota militar de las guerrillas Farc y ELN en el Oriente antioqueño y la presencia del Ejército en esa región, se consolidó lo que la investigadora Natalia Ávila denomina “estrategia extractivista”, basada en la consolidación de la megaminería y de las grandes y pequeñas microcentrales hidroeléctricas.

A partir de esa época se dispararon las solicitudes, estudios y construcción de proyectos de generación de energía, sobre todo en municipios como San Carlos, San Luis,  Cocorná,  Nariño,  Sonsón,  Argelia,   Abejorral,  San Francisco,  Alejandría,   La  Unión  y Carmen  de  Viboral. El auge, según Ávila, no es por construir grandes hidroeléctricas como las de Guatapé y San Carlos, sino por construir pequeñas centrales, con una generación igual o menor a 10.000 Kw, las cuales se construyen a filo de agua y sin embalse, impulsadas por el estado mediante el decreto 2820 de 2010, que les permite no pagar transferencias a los municipios ni a las corporaciones ambientales.

No solo los principales ríos están intervenidos, como el Nare, Guatapé o Calderas, sino que ahora se intervienen los afluentes y quebradas como el río La Paloma en Argelia, el Santo Domingo y Melcocho en El Carmen de Viboral, el Dormilón en San Luis. Según Cornare, en la actualidad hay 24 proyectos con licencia ambiental y 11 construidos. El último con licencia es en el río Cocorná, en el cual quieren hacer tres proyectos más.

“El río Cocorná va a desaparecer”

Foto: cortesía Cocorná Consciente.

“Nosotros no queremos ningún proyecto hidroeléctrico en nuestro territorio porque ya nos han hecho cuatro”, asegura Sebastián Agudelo, integrante de Cocorná Consciente, una corporación que defiende este municipio de las hidroeléctricas.

En Cocorná están construidas las PCH El Popal, El Molino y San Matías, en la cuenca del río Cocorná, y San Miguel, en la cuenca del río Calderas. Por eso Saúl Giraldo, alcalde de Cocorná, dice que su municipio “ya ha entregado su cuota a este tipo de proyectos. A Cocorná lo hace atractivo un río como este, que es tan importante, es potencial turístico, adicional al río Melcocho y Santo Domingo, ¿dónde queda la idea para brindar oportunidades económicas a estos municipios tan afectados?”

Si se construyen Cocorná I, II, III y Pantágoras, asegura Sebastián Agudelo, el Cocorná desaparecería en túneles y tuberías. Opinión similar tiene el alcalde Giraldo: “si hacemos la sumatoria, estaríamos conduciendo al río en 7-8 kilómetros, lo que haría convertir en historia el río Cocorná.”

Pero hay más críticas. Agudelo señala que Taborda Vélez & CIA entregó documentos con información equivocada, como que Cocorná no tiene agua potable y que los líderes apoyan el proyecto, “la escuela de la vereda San Vicente donde quedaría el túnel tendrá que ser reubicada. Argos iba a dar un megacolegio para esa vereda, pero no lo hará por la inestabilidad del terreno. Pero sí se puede hacer un proyecto hidroeléctrico, que es dañino para la estabilidad del territorio. Es lo mismo que pasó en la vereda La Aurora y La Inmaculada. Cornare llegó y dijo que se podía hacer, hubo derrumbes y dañaron las casas y un entable panelero.”

El 28 de junio de 2019, el Movete hizo una marcha en contra de Cornare y pidió un espacio de interlocución que inició el 25 de enero de este año. Según Carlos Olaya, uno de los líderes, “el acuerdo de participación era que Cornare informaba los procesos, las investigaciones y las posturas que tenían frente a los proyectos y las comunidades sentaban su posición. Cornare no tiene ningún parámetro ambiental, social, para medir los aspectos de las licencias ambientales. Ellos tienen un listado de requisitos, pero no hay rigor. Nos quedan las acciones de nulidad, de acción popular y la movilización de la comunidad. Lo que vemos es un conflicto grande que puede escalarse. Hay una presión externa sobre los recursos del territorio y la gente dice que no lo va a permitir. Ya hay un conflicto social.”

Pero la queja más fuerte expresada por quienes se oponen al proyecto es que Cornare vulneró el derecho al debido proceso, pues le dio a Taborda Vélez & CIA la oportunidad de entregar en 13 meses la información que, según el decreto 1076 de 2015, debía entregar en máximo dos meses. Mediante el Acta de reunión adicional No. 112-0617 del 15 de junio de 2018 le otorgó un plazo de cuatro meses a la firma, plazo que prorrogó cuatro meses después ese mismo año y que, al no recibir la información, amplió a cinco meses más en 2019. Según las organizaciones, Taborda Vélez & CIA tenía un término legal y excepcional de dos meses, pero se tomó seis veces más el tiempo.

La posición de Cornare

Oladier Ramírez, secretario técnico general de Cornare, reconoce que abrieron un espacio de diálogo con el Movete para hablar de varios temas, pero que eso no obsta para que no sigan cumpliendo “su trabajo”. Con relación a la licencia otorgada a Taborda Vélez, asegura que cuando negaron la licencia ambiental en 2019, “había 19 requisitos que no habían cumplido. Dentro de esos había unos determinantes para nosotros tomar una decisión. El desarrollador del proyecto nos presentó recurso de reposición en los diez días que dice la ley 1437 y en ese recurso aclara información, objetan otra que nosotros les presentamos.”

Y agrega: “como conclusión quedamos en que de esos 19 cumplieron 11 totalmente. Y quedaron 8 que no son determinantes para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, les faltó un capítulo que pueden presentar en la fase de inicio del proyecto. Mal haríamos nosotros decirles que les negamos por esos ocho requisitos que no son determinantes para el proyecto. Ellos están obligados a que presenten la información tres meses antes al inicio de ejecución de obras. No quiere decir que negamos el hecho de que nos tienen que presentar la información. Sí la tienen que presentar.”

Para Ramírez, no habrá desplazamiento de las comunidades, el agua no se va a acabar y organizaciones como el Movete están “deslegitimando el papel que nosotros tenemos como autoridad ambiental, pedimos que no repliquen información sin filtro, es un no por el no.” Asegura, además, que se hicieron estudios de geología y geotécnica en la zona, los cuales les da “tranquilidad” para construir el túnel. Y frente a la participación de las comunidades, “en materia de licenciamiento ambiental no se establece consulta a las comunidades, sí se deben recoger las preocupaciones sobre el desarrollo del proyecto y obligamos a quien va a desarrollar el proyecto que haga unas medidas que mitiguen el impacto en el territorio.”

Frente a los plazos otorgados a Taborda Vélez & CIA, Oladier Ramírez asegura que las organizaciones no están de acuerdo con esos tiempos, “pero la norma lo permite. Lo hacemos en derecho. Esto termina en una discusión entre lo que ellos y nosotros interpretamos de la norma. Estamos tranquilos en la decisión que tomamos.”

Sin embargo, el decreto 1076 de 2015 dice que “el peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar la información requerida, término que podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental competente de manera excepcional, hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud del interesado”.

Ante esta situación, y como primera medida, Sebastián Agudelo y varias organizaciones radicaron una revocatoria de la licencia ambiental. Con esta, esperan que Cornare les dé la razón y que reconozca las que consideran algunas irregularidades y sobre las que nos referiremos en un próximo artículo.

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