La última semana de octubre Christophe Lacroix, diputado federal socialista en la Cámara de Representantes de Bélgica, estuvo en Colombia socializando la propuesta de ley para introducir el deber de cuidado y de responsabilidad para las empresas en toda su cadena de valor, lo que se conoce como debida diligencia, es decir, que las empresas que exporten a Europa, por ejemplo, una minera o bananera colombiana, respeten los derechos humanos en suelo colombiano para que sus productos sean aceptados en el destino final.
“El compromiso es que las empresas tienen que respetar los derechos humanos, el derecho al trabajo y al medio ambiente. Son elementos fundamentales de la debida diligencia y la ley debe hacer que se respeten y que las empresas sean multadas”, explica.
Si bien es un tema aparentemente nuevo en Colombia, las empresas colombianas que exportan a Europa o Norteamérica les preocupa mucho la reputación en esos países y mostrarse como garantes de los derechos humanos y laborales significa que sus productos pueden seguir siendo comprados allí.
Sin embargo, hay casos significativos que ilustran esta situación, de la que poco se ha hablado en Colombia. El 16 de junio de 2020, la empresa Bananeras de Urabá anunció que perdió la certificación voluntaria de Comercio Justo, Fairtrade, con la que recibían cerca de un millón de dólares destinados a la Corporación Rosalba Zapata para hacer obras sociales en el Urabá. Esto se dio luego de una sentencia del Tribunal Superior de Antioquia que demostró el entramado entre bananeros, paramilitares y las cooperativas de vigilancia (Convivir) para despojar a familias de la vereda California en el municipio de Turbo. Once recuperaron su tierra gracias a la sentencia.
¿Por qué perdió Bananeras de Urabá la certificación en Europa? Porque el 12 de junio de 2018 el Juzgado civil del circuito especializado de restitución de tierras itinerante de Apartadó restituyó la tierra a familias despojadas en la vereda California, en Turbo. Se trataba de familias que en 1984 ocuparon terrenos baldíos de la nación y que, en 2001, fueron citadas por el empresario bananero Felipe Echeverri Zapata, hijo de Rosalba Zapata. Echeverri lo hizo a nombre del exparamilitar Raúl Emilio Hasbún, para decirles a ellos que estaban en la tierra de Hasbún y que debían pagar por ello, cuando la tierra era de la nación.
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Que en Colombia respeten los Derechos Humanos
El diputado Lacroix insiste en que el proyecto de ley de debida diligencia tiene dos pilares. “El primero, un deber de cuidado, donde las empresas deben contar con mecanismos para identificar, detener, prevenir y remediar las violaciones de los derechos humanos, los derechos laborales y las normas medioambientales a lo largo de sus cadenas de valor; y el segundo, un deber de responsabilidad, donde las empresas pueden ser consideradas responsables civilmente y deben indemnizar a las víctimas por las violaciones de estos derechos y normas”, dice.
Dicha ley se aplicaría a empresas localizadas en Bélgica o que ofrecen bienes y servicios en Bélgica, como las empresas bananeras que exportan a Europa y que utilizan el puerto de la ciudad de Amberes, de ahí que Lacroix, delegados del gobierno belga y organizaciones socialistas hayan visitado la región de Urabá en octubre, para conocer varios casos en los que a los trabajadores bananeros no se les respetan sus derechos laborales: ya sea la estigmatización por hacer parte de sindicatos o los despidos injustos a personas afectadas por las fumigaciones aéreas o accidentes laborales, o el no reconocimiento de los accidentes y lesiones ocurridas en las fincas bananeras.
La delegación belga también habló con campesinos víctimas del despojo y que están a la espera de que se les devuelva la tierra que está en manos de empresas bananeras; y con colectivos y líderes afectados por la empresa Anglo Gold Ashanti con sus proyectos Quebradona, en el Suroeste antioqueño, y Gramalote, en el municipio de San Roque, en el Nordeste de Antioquia.
Lacroix dice que Bélgica es el único país de la Unión Europea que no ha aprobado el TLC con Colombia, precisamente, porque están preocupados por las violaciones de Derechos Humanos ocurridas en nuestro país. En cuanto al proyecto de ley, este aún no ha sido aprobado por los parlamentarios de derecha. “La propuesta de ley prevé crear una autoridad pública independiente para supervisar la aplicación y su cumplimiento. Habrá sanciones para las empresas que no cumplan con la ley”, explica.
