Vemos con preocupación que estas agresiones no están desarticuladas del contexto colombiano, en el que se están tramitando diferentes reformas en materia social, económica y política, las cuales son exigencias de organismos internacionales como la OCDE y el FMI, que sintonizan con sectores poderosos del país que sienten que dichas reformas deben ser implementadas a como dé lugar.
Entendemos que se ha iniciado una ofensiva para contrarrestar la movilización social que se opone a estas reformas de forma más masiva y contundente desde el 2019 y las consecuencias de estas o lo que se prevé implicará para gran parte de la sociedad en materia de recorte de derechos sociales, libertades y garantías democráticas en el país. En particular la movilización en Medellín es clave, por su amplitud y lo que representa esta región como oposición a un modelo autoritario y excluyente que solo favorece a un reducido grupo de políticos y empresarios.
Así mismo, el lugar simbólico y efectivo que ocupa la Universidad de Antioquia en la protesta social y el paro nacional, por ser generadora de pensamiento y liderazgo frente a los desafíos que se plantean en la ciudad y el país, escenario que ha sido referencia para el propio alcalde Daniel Quintero, cuando anunció que su posesión sería “en la Universidad de Antioquia, mi Alma Mater. Hacerla allí implica enviar un mensaje sobre el eje en el que va a girar mi Alcaldía: la educación”. El ingreso del Esmad a la Universidad de Antioquia el 25 de febrero favorece la generalización del miedo y el terror como tratamiento a los conflictos sociales y en esta medida contribuye a la desmovilización social y a la dispersión de la oposición y resistencia a la regresiva agenda que se busca implantar en el país y la región.
El próximo 25 de marzo de 2020 es una fecha clave en el cronograma estipulado por el gobierno, como el plazo para culminar el proceso de conversación nacional con sectores en las regiones a través de los talleres Construyendo País y, al mismo tiempo, es la fecha propuesta para la movilización nacional por el Comité Nacional del Paro. Ante la inminencia de esta coyuntura, interpretamos que hay una estrategia para infundir miedo, terror y paralizar el escenario de las protestas y movilización social. En este escenario cobran sentido las recientes amenazas y atentados a la vida de dirigentes sociales.
Parece ser que al gobierno nacional no le preocupa que se agrave la seguridad en las ciudades, mientras que los gobiernos locales están centrando las medidas en contra de quienes ejercen el derecho a la protesta social. La inacción del alcalde Quintero frente a los hechos referenciados en Medellín lo hace responsable de las posibles vulneraciones de derechos humanos que ya se empiezan a presentar contra quienes están ejerciendo el derecho a la resistencia en la ciudad.
Instamos a los gobiernos nacional, departamental y local a crear y abrir espacios de diálogo que permitan desactivar esta ofensiva en contra de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, y en general contra todos aquellos que se movilizan; instamos a garantizar la educación pública y a mirar la seguridad no solo desde la política del control del orden público, sino también desde el enfoque de protección de derechos de la población, así como a posibilitar las discusiones y estrategias en defensa de la vida digna. El Estado debe ser el principal garante de los derechos humanos, entre ellos a la oposición y la resistencia ciudadana, ante las diferentes inconformidades que se presentan en la sociedad, brindando las condiciones de seguridad para su ejercicio pleno.
Medellín, 5 de marzo de 2020.
