Inicio Derechos Humanos “Es cortina de humo” 16 órdenes de captura en caso Cervantes

“Es cortina de humo” 16 órdenes de captura en caso Cervantes

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Foto: Cortesía.

En términos de justicia, no parece suceder nada nuevo desde la muerte cantada del periodista Luis Carlos Cervantes. Y el anuncio de 16 órdenes de captura emitido por la Fiscalía el 11 de agosto, parece un mero truco para congraciarse con la opinión pública en el primer año de su muerte.

Todo indica que en la Fiscalía General de la Nación, Seccional Antioquia, metieron la pata al anunciar 16 órdenes de captura por el caso de Luis Carlos Cervantes, periodista del Bajo Cauca, asesinado en Tarazá el 12 de agosto de 2014 tras una serie de amenazas perpetradas por hombres de «Los Urabeños».

Y en Fiscalía metieron la pata por al menos tres motivos. Primero, porque no se han creado los grupos que entrarán a terreno para capturar a los 16 integrantes de «Los Urabeños», presuntos implicados en la muerte de Cervantes. Segundo, porque al hacer el anuncio público pondrían causar una huída de los implicados. Y tercero, porque todo parece un truco barato para dar la sensación ante la opinión pública de que se ha venido avanzando en el tema de la muerte de Cervantes.

“Siempre salen para la fecha en que la prensa hace alguna labor de difusión. No parece haber un proceso sistemático de investigación. Por eso para nosotros es una mera cortina de humo de la Fiscalía”, con gran decepción en la voz manifiesta Adriana Hurtado Cortés, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper.

 

Una familia desterrada

Ella ha seguido de cerca este caso. Y conoce bien la evolución negativa que ha tenido.

“La esposa y el hijo de nueve años tuvieron que desplazarse de Tarazá. Ellos se encuentran en otra ciudad. El Estado les brindó auxilio de un salario mínimo mensual durante tres meses, pero nada más. Nosotros les conseguimos un apoyo económico con la Federación Internacional de Periodistas. Y el último acompañamiento que hicimos es para que Rosbelly, esposa de Cervantes, reclame sus derechos como víctima ante la Unidad Nacional de Víctimas”, afirma la doctora Hurtado.

De modo que una familia desterrada y sin apoyo estatal, y una esposa que anda peregrinando por el país, trabajando en oficios varios, es otra de las consecuencias del asesinato avisado de Luis Carlos Cervantes. “Rosbelly tuvo que irse de Tarazá porque ella trabajaba con su esposo y también corría peligro”, explica Adriana.

La decepción de Adriana está asociada a toda la ineficacia que han demostrado las instituciones, tanto para proteger y evitar el asesinato advertido de un periodista, como para echarles guante a los asesinos.

 

UNP facilitó la muerte de Cervantes

De sobra se conoce que al Ministerio del Interior le corresponde parte de la responsabilidad del asesinato de Cervantes, pues le retiró en 2014 el esquema de protección que le brindaba por medio de la Unidad Nacional de Protección, en momentos en que el periodista seguía amenazado por las denuncias que había hecho contra la corrupción de autoridades locales.

Y con respecto a la Fiscalía, ya ha pasado un año, y la última vez que se refirieron al tema públicamente, fue el pasado 19 de mayo de 2015, cuando capturaron a alias Morroco, presunto cabecilla financiero de “Los Urabeños” en la región del Bajo Cauca.

“En ese caso la Fiscalía relacionó a Morroco con el crimen de Luis Carlos. Pero luego le imputaron cargos de concierto para delinquir, hurto y secuestro. Fue entonces la primera cortina de humo de la Fiscalía en este tema”, afirma Adriana Hurtado.

Andrés Villamizar, entonces director de la Unidad Nacional de Protección, declaró en su momento a la prensa que ordenaría “las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, y pediré a la Fiscalía y la Procuraduría que analicen este caso, y que determinen si hay responsabilidad de parte nuestra, de los comités (evaluadores) o de cualquier agente del Estado”.

 

¿Otro año de impunidad?

Pero Villamizar ya no trabajaba en Unidad Nacional de Protección y al parecer no se ordenó ninguna investigación. La entidad se habría quedado con la hipótesis contrariada por los hechos y el sentido común de que al reportero Cervantes le quitaron el esquema de protección porque ya no corría peligro, pues ya no era periodista investigativo sino que trabajaba como locutor en la emisora Morena F.M., en Tarazá, el mismo municipio en el que fue sentenciado a muerte una y otra vez.

Adriana Hurtado, de Fecolper, dice que se sentiría menos decepcionada si estas 16 órdenes de captura de la Fiscalía no fueran un mero anuncio y presentaran capturas reales, en las que de verdad se impute el asesinato de Luis Carlos Cervantes.

Y si la Unidad Nacional de Protección ya permitió este daño irreparable a un periodista, a una familia y la liberta de prensa y expresión en el Bajo Cauca antioqueño, que la Fiscalía General de la Nación no permita que pase otro año de total impunidad.