Dos días antes de que finalizara el cese al fuego unilateral que el ELN había anunciado durante el mes de abril por la contingencia ocasionada por el coronavirus, el gobierno de Iván Duque presentó el decreto 601 de 2020, en el cual facultaba al Alto Comisionado para la Paz  a “verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil” y la voluntad de sometimiento a la justicia de los Grupos Armados Organizados (GAO), definidos en la ley 1908 de 2018 como los que están bajo la dirección de un mando responsable, que ejercen control en un territorio y que realizan operaciones de manera sostenida. Se trataría de una nueva ruta para que los integrantes del ELN, Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Puntilleros y los grupos residuales de las Farc, regresen a la legalidad.

En diálogo con la Agencia de Prensa IPC, el político Juan Fernando Cristo, integrante del movimiento Defendamos la Paz Colombia; Gustavo Duncan, docente e investigador de la Universidad EAFIT; y William Fredy Pérez, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, se refieren al alcance de este decreto, explican las intenciones reales de este y su incidencia en el desmantelamiento de estos grupos armados.

IPC. ¿Cuáles son los pro y contras que encuentran en el decreto 601?

Juan Fernando Cristo. En mi concepto, el decreto expedido no tiene nada de nuevo, es la misma posibilidad de la desmovilización individual, de la deserción de los grupos armados y del sometimiento a la justicia. Es un instrumento importante para el gobierno con los GAO, pero en lo que tiene que ver en la construcción política con el ELN, el decreto no tiene ningún efecto ni va a producir ninguna consecuencia en la negociación.

Gustavo Duncan Cruz. Más que pensar en los pro y los contra del decreto, hay que pensar en los pro y los contra de negociar con estas organizaciones, cada una tiene diferencias políticas y estructurales. Ese es el riesgo y es de manera inicial. Pero también me parece una oportunidad. En Colombia a lo largo de la historia ha habido conversaciones con grupos criminales de manera formal e informal y eso ha contribuido a sacar gente de la guerra, a llevar al Estado a zonas marginales y demás, entonces más bien lo que hay que ver es qué sale bien, qué sale mal y cómo aprovechar esa oportunidad.

William Fredy Pérez. Yo no encuentro nada en contra. Me parece siempre adecuado que se establezcan condiciones. Eso no quiere decir que sea una voluntad real, puede ser una pretensión simbólica. El caso es que queda establecida una de las condiciones necesarias para aproximarse al diálogo con dos tipos de organizaciones conforme a lo que establece el decreto.

IPC. Miguel Ceballos, el Alto Comisionado para la Paz, expresó que este sometimiento sólo podrá hacerse de manera individual, pues no se está hablando de procesos de paz o sometimientos colectivos. ¿Por qué se le apuesta a un sometimiento individual y no colectivo?

J.F.C. El gobierno ha dado muchos bandazos desde que se posesionó, con respecto a todo lo que tiene que ver con el manejo del conflicto armado en Colombia y el manejo de las distintas organizaciones, no hay señales claras. Tenemos claro que de quienes están en el gobierno hoy, la mayoría nunca ha reconocido una negociación política, nunca la han contemplado; como tampoco se contempló en el gobierno anterior con las bandas criminales pero sí con el ELN. El esquema de sometimiento a la justicia, bien sea individual o colectivo, es el esquema de hace mucho tiempo, desde el expresidente Álvaro Uribe.

G.D.C. Lo que uno puede pensar es que es más fácil renunciar uno por uno. De hecho, se entiende más pensar en sometimiento que en negociación por todos los costos políticos que implica. Uno lo que supone es que el gobierno pensará en negociar individualmente y sacar la mayor gente posible pero sin comprometerse a hacerlo como si fuera un organismo político con el que tenga que sentarse, hacer una agenda política de concesiones y demás.

W.F.T. Cuando digo sometimiento, esa expresión normalmente caracteriza el acercamiento con cierto tipo de grupos armados, incluso en el decreto no se desprende que sea un sometimiento individual. Habrá que esperar otro tipo de reglamentaciones. Ese decreto lo único que hace es autorizar a una persona para que verifique la voluntad, para que haga acercamientos; faltaría una condición legal para que el comisionado o las personas a las que él delegue hagan ese tipo de gestiones, pero el decreto por sí mismo no establece si es sometimiento individual o colectivo.

IPC. ¿Qué análisis hacen de que un grupo como el ELN, que tiene reconocimiento político, esté en el mismo decreto con otros grupos que no lo tienen?

J.F.C. Yo creo que es más una declaración de principios del uribismo frente al escenario del conflicto armado en Colombia, es mandar un mensaje de que para ellos todos son iguales, que que en el fondo no quisieran una negociación política o un acuerdo de paz con el ELN. Ellos lo entienden  como un sometimiento a la justicia, con un grupo al margen de la ley, un sometimiento en el cual para ellos lo más importante es la desmovilización, el desarme y la reincorporación, sin que medie ningún acuerdo de carácter político. Entonces me parece que el mensaje que mandan con ese decreto es que siguen pensando lo mismo.

G.D.C. Yo creo que el ELN se sale de esa lógica. El ELN nunca va a aceptar una negociación que los vaya a considerar a ellos como insurgentes, rebeldes, como una parte representativa de la sociedad en el conflicto, de hecho con el ELN ha sido difícil negociar dentro de los términos y concesiones que les dieron a las Farc, yo creo que eso no está pensado para el ELN.

W.F.P. Están metidos en el mismo paquete pero con una sola finalidad, con la de autorizar a un comisionado para unos acercamientos, para la verificación de unas voluntades. Evidentemente en el momento de otorgamiento de algún beneficio, de diseño de algún método específico aparecerán las diferencias entre uno y otro. Ningún actor político aceptará un tratamiento igualitario. Este decreto, claro que engloba, pero por sí mismo no establece que los procesos deban ser indiscriminados en adelante, lo que hace es autorizar para que con unos y otros, un comisionado o funcionario tenga acercamientos.

IPC. ¿Esta es una medida suficiente para acabar con los grupos armados?

J.F.C. Yo creo que es un instrumento, nunca se puede valorar si es suficiente o no hasta tanto no se ponga en práctica. A no ser que el gobierno tenga avanzadas conversaciones con algunos jefes que nosotros no conocemos.

G.D.C. Yo creo que eso poco a poco puede mejorar la situación. Lo que no se puede pensar es que las organizaciones criminales que ejerzan algún tipo de control territorial, como rentas, narcotráfico, extorsión, se va a acabar, eso no se sabe. Lo que tiene que medirse es el grado de penetración de las medidas del Estado en el territorio y que logre evitar que estas organizaciones revivan y controlen a la población.

W.F.P. Esta no es una medida suficiente ni para hablar con ellos. Se necesitan un montón de cosas adicionales y hablar con ellos tampoco es una medida suficiente para acabar con las expresiones de violencia organizada del tipo de las que el decreto menciona. Para eso el país necesita avanzar en ciertas reformas estructurales que hagan insoportables e insostenibles, pero en poblaciones sin seguridad, sin sustento, sin igualdad, es muy difícil que alguna vez no terminen otorgándole un reconocimiento así sea por el miedo o por la tramposa seguridad que le brinda un grupo.