- Negativa de cultivar coca en sus territorios sería móvil de asesinato de líderes indígenas
- Lo anterior coincide con el incremento en Antioquia de los cultivos de hoja de coca
“Los grupos armados ilegales quieren aprovechar los territorios indígenas para sembrar coca y como las comunidades le están haciendo resistencia a eso, por el daño que el hacen a los bosques nativos porque los tumban y porque contaminan las fuentes de agua, entonces, ahí es cuando vienen las amenazas, los asesinatos y los desplazamientos”.
Con esta reflexión, Omar Tascón, consejero miembro de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), trata de explicar la delicada situación que están padeciendo los nativos en este departamento. Según esta organización, con el asesinato de Fernando Tequia, ex gobernador de la comunidad Junta, ocurrido el pasado 2 de julio en el municipio de Urrao, Suroeste antioqueño, ya son doce los indígenas asesinados en 2011 y 31 en los últimos tres años.
La muerte de Tequia se suma a la de Dani Urrutia Ortiz (11de mayo); Wilson Domicó Bailarín (15 de mayo); Jesús María Aguilar (15 de abril) y Francisco Monterroso Oviedo, Osneidy Peña y Zeider Peña (7 de abril). La OIA también tiene registros de cinco indígenas de la comunidad Zenú asesinados el 28 de junio en Zaragoza. Los asesinatos han golpeado fuertemente a las comunidades Zenúes y Emberá que residen en el Bajo Cauca y Urabá antioqueño respectivamente. Actualmente estas subregiones del departamento presentan un panorama complejo de orden público debido a la confluencia de bandas criminales, frentes de la guerrilla de las Farc e incrementos de los cultivos ilícitos.
Según el más reciente informe realizado por el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc), Antioquia, junto a Córdoba, Vaupés y Chocó, fueron los únicos departamentos que registraron aumento en el área total de hectáreas sembradas con hoja de coca. Así, mientras en 2009 Antioquia registró un total de 5.096 hectáreas, para 2010 el Simci detectó unas 254 hectáreas más (5.350 Ha).
Dicho aumento se explica por la presencia, cada vez más notoria, de sembradíos en las estribaciones de la Serranía de Abibe, que comprende los municipios de Chigorodó y Carepa, que a su vez conecta con el Parque Nacional Nudo de los Paramillos, donde el Simci detectó unas 1.092 Ha sembradas con hoja de coca y donde además se registra una fuerte presencia del Frente 5 de las Farc así como de “Los Urabeños” al mando de Juan de Dios Usuga, alias “Giovani”.
Asimismo, los procesos de erradicación manual y aspersión aérea que se han adelantado en el municipio de Tarazá y Cáceres, durante muchos años considerados el corazón cocalero del Bajo Cauca antioqueño, ha llevado a que los cultivos se trasladen hacia zonas rurales de Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza. Y es precisamente en estas zonas selváticas y montañosas del Urabá y Bajo Cauca donde se encuentran los territorios indígenas.
Según las denuncias de los nativos, el incremento de los cultivos de hoja de coca ha afectado a resguardos como Saundó, Chigorodocito, Polines (Chigorodó), Dokerazabi (Turbo); Campanario (Cáceres), entre otros, todo porque bandas criminales como “Los Rastrojos”, “Urabeños” y hasta las mismas Farc están presionando a las comunidades indígenas para que permitan la siembra de la hoja.
“Llegan los grupos diciendo que tenemos que dejar sembrar la coca en nuestros territorios, porque son montañosos, porque hay bosques, porque les sirven de corredores y para ellos son estratégicos. Pero los pueblos indígenas resistimos a eso. ¿Qué pasa? Cómo los pueblos indígenas estamos organizados y unidos, entonces ellos llegan y analizan quién es el gobernador, quién es el líder que está movilizando a la comunidad para amenazarlo, desplazarlo o matarlo, como ya nos ha pasado con varios compañeros”, agregó el consejero Omar Tascón.
A los asesinatos de indígenas se suma también el desplazamiento forzado que se está dando al interior de los resguardos y, más preocupante aún, hacia los cascos urbanos de municipios como Turbo, Apartadó, Cáceres y Caucasia. “Cuando hay un problema en Vigía (del Fuerte) entonces los indígenas se desplazan a Chigorodó. Si hay alguien amenazado en Turbo, se desplaza a Mutatá. Pero cuando ya hay muertos, los indígenas se desplazan a las cabeceras municipales. En este momento hay 14 familias en Urrao, hay cinco familias en Cáceres sin poder regresar a los resguardos”, agregó Tascón.
La situación ya comenzó a ser analizada por el Gobierno Departamental que aseguró, tras el término de la reunión del Comité Interinstitucional de Derechos Humanos que tuvo lugar este 6 de julio, que no existe una acción de exterminio contra los pueblos indígenas en Antioquia. Andrés Julián Cardona, secretario de Gobierno Departamental, manifestó que “muchas agresiones son por la lamentable participación de los aborígenes en el conflicto armado” y pidió a estas comunidades denunciar ante la Fuerza Pública cualquier vulneración que se presente en sus territorios.
Pese al llamado, el consejero miembro de la OIA expresó que aún no existen los suficientes lazos de confianza con la Fuerza Pública. “Cuando las multinacionales manifiestan que quieren adelantar un proyecto de explotación minera al interior de los resguardos, como nos está pasando en este momento en Vigía con el proyecto Mandé Norte, el primero que entra es el Ejército, a veces atropellando a los indígenas. Pero cuando ingresan estos grupos armados ilegales nos dejan solos. Nos toca a nosotros, a nuestras guardias, cuidar el territorio, interlocutar con los armados para que respeten nuestros territorios”, aseveró el nativo.
De ahí que los pueblos indígenas de Antioquia estén pensando seriamente en organizar jornadas de protesta pacífica en las principales calles de Medellín si las autoridades civiles y militares no toman medidas que protejan la cultura ancestral de los pueblos nativos que habitan en Antioquia, hoy seriamente amenazada por los cultivos ilícitos y el accionar de los grupos armados ilegales.
“Nosotros ya lo estamos discutiendo y es una posibilidad. Si el Gobierno no protege a las comunidades indígenas, salimos a la calle en compañía de nuestros hermanos del Cauca, Valle y Chocó, donde también se están viviendo las mismas cosas que en Antioquia”, aseguró Tascón.
En Antioquia residen 165 comunidades pertenecientes a los pueblos Emberá Katío, Emberá Chamí, Tules y Senúes, cuya población puede llegar a los 32 mil indígenas. A su vez, en el departamento existen 48 resguardos que ocupan 350 mil hectáreas de tierra y se concentran en el Suroeste, Occidente, Bajo Cauca y Urabá antioqueño.
