El 23 de enero de 1994 las Farc asesinó 35 personas en el barrio La Chinita, o barrio Obrero, en Apartadó, en el Urabá antioqueño, mientras departían en una fiesta comunitaria. Esta es, tal vez, la masacre más dolorosa que ha sucedido en esa región. En los años ochenta fueron conocidas las masacres de Honduras, La Negra y Punta Coquitos contra trabajadores e integrantes de los sindicatos bananeros, cometidas por grupos paramilitares.
Pero luego continuaron los asesinatos y masacres en los que las víctimas seguían siendo trabajadores bananeros, simpatizantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, y miembros del partido Esperanza, Paz y Libertad que surgió luego del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla del EPL. ¿Qué sucedía en Urabá antes de la masacre de La Chinita? ¿Por qué y cómo se degradó la guerra? ¿Cuáles fueron las consecuencias para los familiares de las víctimas? ¿Cuál es la importancia de la verdad y la justicia en este momento?
Esas son algunas de las preguntas que intenta resolver el informe “Del miedo a la esperanza”, que la Fundación Cultura Democrática (Fucude) entregó a la Comisión de la Verdad el 18 de octubre. En esta entrevista Álvaro Villarraga, relator principal del informe, se refiere a esos hallazgos y enseñanzas que le deja al país un hecho tan doloroso.
IPC. Entre 1986 y 1994, cuando sucede la masacre de La Chinita, en Urabá hubo 27 masacres más, ¿qué estaba sucediendo en esa región?
Álvaro Villarraga. Lo que sucedía en el panorama previo era un contexto de guerra y violencia. Se había intensificado la guerra entre el Estado y las Farc, se habían roto las conversaciones de Caracas y Tlaxcala, el gobierno Gaviria declaró la guerra integral y se acentuaron los operativos militares contra las Farc; estas reaccionaron con una ofensiva a nivel nacional. Esto tuvo su reflejo en Urabá tanto en combates militares entre ejército y guerrilla, como con los sabotajes, especialmente del fluido eléctrico, que las Farc realizó en el eje bananero. Estos efectos son mucho más devastadores.
También había otra confrontación violenta que partió desde las Farc, las milicias bolivarianas y la disidencia pequeña que quedó del acuerdo de paz del EPL, conocido como las disidencias o Caraballistas. Producto del ataque contra los desmovilizados surgió el grupo Comandos Populares. Esa confrontación fue aprovechada por los paramilitares, dado que los Comandos Populares reaccionaron en el ámbito de las fincas, en los sectores rural y semi rural. Los Comandos Populares pasaron de ser un grupo con pretensión defensiva y terminó haciendo ataques graves como los de las Farc.
Esta situación fue aprovechada por paramilitares, que al estar en el norte de Urabá se expandieron y llegaron al eje bananero y aprovecharon la confrontación. Lograron un acercamiento con los Comandos Populares y parte de ellos pasa a los paramilitares.
En ese cuadro no hay una garantía brindada por el Estado ni por la fuerza pública en protección de la población y las víctimas se producen en el ámbito político: de una parte, militantes de Esperanza, Paz y Libertad, atacados por las Farc, y por el otro son víctimas de la Unión Patriótica, atacadas por los grupos paramilitares, que actuaban con permisividad de la fuerza pública.
Dado que esta zona es un enclave bananero, donde hay más de 20 mil trabajadores bananeros, la mayoría de los muertos a la vez eran trabajadores bananeros y casi siempre afiliados o dirigentes de Sintrabanano y Sintrainagro.
IPC. En su respuesta habla de disidencias, del acuerdo de paz de 1991, del asesinato de dirigentes y simpatizantes de la UPC y Esperanza, Paz y Libertad. ¿El colombiano es un conflicto cíclico que repite lo que ya creíamos superado?
A.V. Hay dinámicas de violencia que se repiten, pero las circunstancias son distintas, incluso los actores son distintos. Con referencia a Urabá, recuerdo que en la década de los 80, las Farc y el EPL fueron aliados, de manera paralela firmaron treguas hacia la paz con el gobierno de Belisario Betancur. Esas treguas se rompieron, básicamente por el no cumplimiento del Estado; al final de la década eran aliados. En lo político la UP y el Frente Popular eran aliados, y los sindicatos, Sintrabanano, de la UP, y Sintrainagro, del Frente Popular, se unen por una causa común y consiguen reivindicaciones.
En los 90 el EPL hizo la paz, pasó a la vida legal con Esperanza, Paz y Libertad y fue agredido. Y las Farc, resentida por los asesinatos contra la UP y en condición de no haber logrado la paz, sino la ruptura, pasa a ocupar los territorios del EPL y asume un discurso de rechazo y descalificación del acuerdo de paz.
Hicieron una lectura militar, de guerra. Hay ciertas violencias que tienen continuidad, como la estatal-paramilitar contra organizaciones de izquierda, por ejemplo, la violencia antisindical tuvo continuidad. Pero hay una nueva, la violencia contra el acuerdo del EPL y es la que marca este contexto de la masacre de La Chinita.
Lamentablemente, saltando al presente, se repite un escenario en el sentido de que ahora las Farc pacta su paz, aplica el acuerdo y surgen ataques armados contra ese ataque, desde la extrema derecha, rezagos paramilitares y sectores disidentes actuales. Cada contexto varía, pero hay dinámicas de violencia que continúan.
IPC. En la presentación del informe el comisionado Alejandro Valencia dice que las diferencias políticas no se pueden traducir en violencia armada. Es un poco lo que sucede en Urabá…
A.V. Urabá fue uno de los casos en los primeros años 90 de violencia sociopolítica generalizada. Hay que aclarar que los actores principales eran los grupos armados ilegales: paramilitares, milicias de las Farc, las disidencias del EPL.
El aspecto central del conflicto es de victimizaciones masivas contra determinados sectores de la población, contra trabajadores bananeros y comunidades campesinas. Esto tuvo sus niveles de aceptación y de participación de algunos sectores de la sociedad, tenemos que subrayar el apoyo de empresarios, empresas bananeras y de Chiquita Brands al paramilitarismo. Y que en determinado momento buscaban apoyo o se apoyaban en algunos actores del conflicto.
Es la complejidad de esos matices, por eso hay que reconocer que hubo actores sociales involucrados en esas dinámicas. Incluso hay una inconsistencia de la UP y el Partido Comunista que no reprobaban los homicidios y masacres contra Esperanza, Paz y Libertad, así como era reprobable que éste no rechazaba asesinatos contra la UP y el Partido Comunista
IPC. El Centro Nacional de Memoria Histórica reconoció como genocidio político el exterminio de la Unión Patriótica. En el caso de Esperanza, Paz y Libertad ustedes documentan 334 homicidios en Urabá entre 1991 y 1995, de los cuales 111 fueron excombatientes. ¿Ustedes lo entienden también como un genocidio?
A.V. En el contexto local de Urabá, esas violencias recíprocas, cruzadas, que las analiza el investigador Andrés Suárez y que las constatamos en la preparación de este informe, y que las recogió el defensor del pueblo en 1992, desde luego hubo violencias generalizadas entre las dos partes.
Para mí es claro que de ambos lados hubo, con esas características, un compromiso con crímenes de lesa humanidad. Entre otras, la competencia de la JEP le asiste esa responsabilidad. Lo de la UP tuvo una situación nacional, lo de Urabá se replicó en el resto del país y tuvo una sistematicidad en el tiempo, en unas dos décadas, y eso ha llevado a las víctimas al alegar genocidio.
Sin quererle bajar a la magnitud de Esperanza, Paz y Libertad, lo que sucede contra el proceso de paz en Urabá no es igual en el resto del país. Desde la desmovilización del EPL, los ataques que se sufren por parte de las Farc, ELN y disidencias son en volúmenes mucho menores. Uno puede registrar casos en Magdalena Medio, Norte de Santander y Bajo Cauca. Lo digo porque me correspondió como vocero de paz en el acuerdo de 1991 y desde Fucude elaborar unos informes. En el nivel nacional no se puede decir que hubo genocidio contra Esperanza, Paz y Libertad.
IPC. Jóverman Sánchez, conocido como ‘Manteco’, dice que sabían que había seis miembros de los Comandos Populares en la reunión comunitaria que hicieron habitantes del barrio Obrero el día de la masacre. Entonces, ¿por qué asesinaron a 35 personas?
A.V. Las Farc, en ese lustro del noventa, cayó en la misma lógica del paramilitarismo y el Estado, que fue violando el principio de distinción del DIH; extendieron el concepto de enemigo militar, más allá del contrincante de guerra, en algún momento realizaron listas y las extendieron a un margen amplio de pobladores locales, trabajadores bananeros afiliados a Sintrainagro y a militantes de Esperanza.
Fue claro en La Chinita las versiones de antiguos miembros de las Farc, que hablan de seis personas que tenían en la lista. Pero ellos no estaban allí. El ataque lo hacen contra la población de manera indiscriminada.
No fue un hecho aislado, eventual ni único, esto se repite en otras masacres contra trabajadores bananeros: llegaban a una finca, en ocasiones con lista, sacaban personas y terminaban victimizando a familiares o trabajadores de la misma filiación sindical. En ese sentido se desdibuja y se asume la categoría de enemigo y no se respeta.
IPC. Ustedes hablaron con ex miembros de las Farc para elaborar este informe, ¿qué encontraron?
A.V. En el informe se valora los reconocimientos y revelaciones que ellos han entregado en este ejercicio. Dos de los mandos del Quinto Frente y de las Milicias Bolivarianas se refieren a la preparación y la consigna que tuvieron y las consecuencias del agravante de las víctimas causadas. Esto generó unas reacciones fuertes por parte del secretariado de las Farc, que llevó a sanciones, algunas duraron varios años.
Las propias víctimas, previamente, habían entregado un cuestionario a las Farc y en las entrevistas hay contribuciones que, por petición de las víctimas, se adelantó. Y, por supuesto, las personas entrevistadas de las Farc hacen claro reconocimiento de la responsabilidad y de lo reprobable que fue su accionar.
IPC. Pero también identifican otros hallazgos relacionados con las familias víctimas, por ejemplo, que solo 23 familias recibieron reparación directa…
A.V. Mostramos cómo el nivel de reparación es demasiado parcial. Encontramos otras violaciones sucesivas que se fueron dando en el territorio, donde parte de estas víctimas quedan en condición de desplazamiento forzoso, sufren violencia sexual por actores armados; hay mucha precariedad económica, hay víctimas sin garantías del Estado para el retorno.
Hay agravantes de victimización de estas mujeres, mujeres afro, en condiciones de pobreza. El impacto es desproporcionalmente fuerte, muchas no tenían experiencia laboral ni formación académica.
Por otro lado, es costumbre en la región el predominio de las uniones de hecho en las parejas. En esos contextos son mínimos los casos que formalizaban la unión; allá hay pluralismo religioso y hay familias con creencias de fe y no necesariamente práctica religiosa. Muchas mujeres fueron excluidas de la reparación porque no presentaban el registro legal de matrimonio. Es un exabrupto.
IPC. ¿Qué esperan ahora las víctimas?
A.V. Las Farc hizo un reconocimiento temprano de su responsabilidad. Las víctimas tienen peticiones orientadas a la reparación colectiva, que haya acciones de reparación y al conjunto de la comunidad, de beneficios educativos, comunitarios; hablan de un centro de memoria, hablan de condiciones de vida digna. Lamentablemente ese ejercicio con el actual gobierno se suspendió con el actual Alto Comisionado de Paz.
IPC. ¿Por qué del olvido a la esperanza?
A.V. El primer año coincidían todas las víctimas en una queja: el olvido del Estado. El olvido, incluso, de otros sectores de la sociedad, y que no hubiera trascendido este hecho, que no hubiera la suficiente solidaridad. El olvido fue la palabra más común. Pero sus conceptos o acciones fueron trascendiendo. Años después es otro el sentir y la consigna, es más de la exigencia de verdad y reparación, la exigencia de que se recupere la paz, la solidaridad con el Acuerdo de Paz, la exigencia de interlocución directa. Ellos hacen un ejercicio de memoria bonito, le cambiaron el nombre a la calle donde sucedió la masacre, hoy es la Calle de la Esperanza.
