Con una concentración en la sede en Medellín de
El malestar de los desplazados por la no entrega de ayudas humanitarias desde hace ya varios trimestres, el no reconocimiento de la condición de desplazado y los malos tratos por parte de los funcionarios de Acción Social, generó momentos de tensión en el lugar, que incluso requirió la presencia de las autoridades para impedir el ingreso a la fuerza de los protestantes a las oficinas de la entidad.
Y es que motivos para protestar le sobran a la población desplazada. María Darelia Cardona, por ejemplo, siente que el trato que le está dando Acción Social es mucho más degradante que las mismas razones que dieron lugar a su desplazamiento. En el año 2007, la guerrilla de las Farc amenazó con reclutarle forzosamente varios de sus cuatro hijos. El miedo de verlos en las filas insurgentes la obligó a abandonar su residencia, en el municipio de Florencia (Caldas) y terminó asentada en el barrio Santa Rita, en Bello.
Allí ha padecido “las verdes y las maduras”. María Darelia se dedica ahora al reciclaje, dos de sus hijos fueron reclutados por el Ejército Nacional, su esposo cayó en depresión profunda y hasta hoy no ha recibido una sola ayuda humanitaria de emergencia por parte de Acción Social, cuando, de acuerdo con la ley, debería haber recibido seis ayudas económicas, en periodos trimestrales, por valor de 1 millón 555 mil pesos cada una de ellas.
Las esperanzas de esta mujer se cifran ahora en el mecanismo de Acción de Tutela, que instauró recientemente contra Acción Social, ya que como ella misma dice: “Me cansé de que me traten mal. La última vez que fui me dijeron que ‘que culpa tenían ellos de que a mí me hubieran desplazado’, que plata no había y que no molestara más”.
Pero
Lo anterior debía traducirse en la entrega trimestral de ayuda económica denominada “ayuda humanitaria de emergencia” para la población desplazada. Dichos auxilios varían entre los 644 mil pesos hasta un millón 600 mil pesos, dependiendo del número de integrantes del núcleo familiar. Pero de acuerdo con las quejas de los marchantes, la realidad es bien distinta.
“Yo me vine de Urrao porque la guerrilla me hizo venir de allá en el 2007. Llegué al barrio Santa Rita (Bello) y he ido varias veces a Acción Social y me dicen: ‘vaya que ya le consignamos la plata’, voy al Banco y allá me dicen: ‘Acción Social no nos ha consignado nada’. Vuelvo y reclamo y me responden: ‘usted no reclamo la ayuda, ya se quedó sin ella’. ¿No le parece eso muy injusto? Y desde que llegué no he recibido una sola ayuda”, declaró uno de los desplazados que marcharon por las calles de Medellín.
“Ese trato se ha vuelto recurrente en Acción Social. Primero dicen que nosotros no reclamamos las ayudas y eso es mentiras porque nunca nos avisan. O dicen que no han girado la plata desde Bogotá, pero yo he llamado a
La preocupación de Pedroza también gira en torno al desconocimiento de la condición de desplazado para algunas víctimas, en especial para aquellas provenientes del Bajo Cauca antioqueño, pues
Pero si en el tema de atención a la población desplazada el panorama es oscuro, en cuanto a retornos tampoco hay acciones alentadoras. Según Nicolás Castrillón, miembro de
“Hay campesinos que se están devolviendo para sus tierras, donde todavía hay campos minados, sin ningún tipo de ayuda para reconstruir sus casas derruidas por el paso de los años, sin servicios públicos, sin nada”, aseguró Castrillón.
Además, el miembro de
El calvario para la población desplazada asentada en la ciudad, que según cifras de