“En Colombia vivimos en una fuerte tensión entre la guerra y la paz, y ninguna de las dos ha logrado imponerse” comenzó diciendo Álvaro Villarraga, un señor alto, calvo y elegante, quien dejó la fría sabana de Bogotá la noche del 2 de septiembre, para al día siguiente situarse ante un auditorio con 150 personas, en medio del calor tropical del municipio de Caucasia, y hablando de un tema que en la región es difícil de tratar: la paz.
Luego elevó el tono de la voz y resaltó la importancia histórica del actual proceso de paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC, en el que se han incluido las opiniones de personas victimizadas, y en el que, por primera y única vez en Colombia, se ha pensado en las regiones como elementos esenciales de los acuerdos.
“Los anteriores pactos de paz han fracasado en los escenarios regionales”, afirmó. Por eso está convencido de que los acuerdos que se firmen en La Habana serán puestos a prueba en escenarios complejos como ese, el Bajo Cauca, donde la violencia armada permanece todavía.
Álvaro Villarraga fue invitado por el Instituto Popular de Capacitación IPC, dentro de su proyecto de construcción de Agendas Territoriales de Paz en las regiones de Urabá y Bajo Cauca, apoyado por el Fondo Sueco-Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana (FOS).
Mayor tasa de homicidios en Antioquia
Grupos armados como las FARC, el ELN y el Clan Úsuga, hacen fuerte presencia en los seis municipios que componen la región del Bajo Cauca. Esas agrupaciones beligerantes limitan los derechos humanos de la población civil del territorio e inciden en la elevada tasa de homicidios que allí se presentan.
“Es particularmente visible el alto número de homicidios en los últimos años, que hacen que esta región tenga la tasa más alta del departamento con 71,93 homicidios por cien mil habitantes, sumada a otras dinámicas como la extorsión y las amenazas”, según el último informe de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, publicado en los primeros días de septiembre. Ver informe
Libertad de expresión amenazada
La libertad de expresión, consagrada en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es uno de los derechos fundamentales que está siendo amenazado en el Bajo Cauca.
Nada más el año pasado, en el mes de agosto, fue asesinado a disparos el periodista Luis Carlos Cervantes, director de la emisora Morena FM. Sucedió en Tarazá.
Otro periodista llamado Leiderman Ortiz, director en Caucasia del periódico La Verdad del Pueblo, lleva más de cinco años amenazado y por eso anda con escoltas. Cuando ese 13 de agosto de 2014 vio a su amigo Luis Carlos en la salida de la morgue, sintió un estremecimiento.
“Cuando lo sacaron y abrieron la caja, me vi a mí mismo acostado en ese cajón. Se me vinieron las lágrimas. Quise hacer un alto en el camino, pero a la vez me dije: no puedo”, declaró entonces al periódico El Tiempo.
Según Adriana Hurtado, presidenta de la Federación Colombiana de Periodistas, es normal que los periodistas del Bajo Cauca tiendan a autocensurarse para no correr riesgos. “Nada más en Caucasia unos cinco periodistas tienen esquemas de protección, pero éstos no resultan ser tan funcionales. En todo caso, cuando un periodista está amenazado, las fuentes prefieren no darles declaraciones para no correr riesgos, y los medios de comunicación prefieren no emplearlos”, dice Adriana.
Riqueza aurífera e inequidad
Aunque más de la mitad del oro que se produce en Antioquia (57%) proviene de cuatro municipios del Bajo Cauca (El Bagre con el 26%, Caucasia con 21%, Tarazá y Zaragoza con el 5% cada uno), la región muestra, paradójicamente, los mayores niveles de pobreza del departamento. Y el problema, en vez de disminuir en los últimos años, está empeorando. Así lo revela una tabla elaborada por el Instituto Popular de Capacitación sobre el Índice de Calidad de Vida Multidimensional 2011-2013.
El gráfico indica que entre 2001 y 2013 la calidad de vida en el Bajo Cauca disminuyó en más de dos puntos. A esto se suma que más de la mitad de la población (58,95%) tiene sus necesidades básicas insatisfechas. La peor estadística de todo el departamento.
Bajo Cauca en la mira
La crisis humanitaria general por la que atraviesa el Bajo Cauca, justo en momentos en que se acerca la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, hace que un cada vez mayor número de investigadores y funcionarios de instituciones como Justa Paz, la Gobernación de Antioquia, el IPC y el CINEP, entre otros, pongan sus ojos en esta región.
Los pensadores agendan encuentros con las comunidades locales para diseñar estrategias de tránsito hacia la paz. Y el último foro de este tipo fue el que diseñó el IPC, el 3 de septiembre de 2015 en la Universidad de Antioquia, sede Caucasia, al que asistió Álvaro Villarraga, director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Otros analistas también fueron invitados, como el joven Camilo Vargas, representante de la Misión de Observación Electoral –MOE y Jorge Eliécer, director del Jardín Hidrobotánico de Caucasia.
Además del encuentro del 3 de septiembre, que tuvo una masiva concurrencia, el IPC ha venido promoviendo en los municipios del territorio una pedagogía sobre los acuerdos logrados en La Habana hasta el momento, en materia de “Política de Desarrollo Agrario Integral, Participación Política y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, para que la población tome más conciencia al respecto.
La tierra
Una de las voces del encuentro del 3 de septiembre fue la de José Nadín Arabia, alcalde de Caucasia, quien señaló que la construir paz en el Bajo Cauca implicaría hacer transformaciones en lo económico y facilitar el acceso a la tierra a las comunidades campesinas y víctimad del conflicto armado que carecen de ella.
“Con hambre, nunca habrá paz. Sin educación, nunca habrá paz. Sin salud, nunca habrá paz. Y eso es lo que estamos viendo en los municipios del Bajo Cauca: las escuelas en el suelo, la salud restringida y la gente no tiene dónde cultivar la tierra”, dijo Nadín Arabia. Y añadió que para el caso de Caucasia, el gobierno nacional podría empezar por entregar a familias sin tierra las 25 fincas que actualmente pasan por un lento proceso de extinción de dominio.
“Ya le dimos un ejemplo al gobierno con la hacienda La Uribe. Se la entregaron al municipio de Caucasia. Yo la recibí, y hoy tenemos 750 familias trabajando en las que hay más de 300 víctimas. La tenemos como modelo nacional. 450 hectáreas en arroz. 50 hectáreas en plátano. 25 hectáreas en yuca, en fin. Allí producimos el 60 por ciento de los productos de la canasta básica familiar de los caucasianos”.
Algunos habitantes No creen
Por la encrucijada en que se encuentra el territorio, entre sus habitantes se percibe un fuerte escepticismo con respecto al tema de la paz. Como la señora Luz Delia.
–En Tarazá nuestras mujeres grandes están siendo asesinadas, masacradas, mientras que el presidente habla de paz. Yo considero difícil cambiar la mentalidad de los que están armados –expresó esta mujer.
¿Legalizar cultivos ilícitos?
Para Jorge Eliécer Rivera, declarado ambientalista, con voluntad política el Bajo Cauca podría convertirse en una gran despensa de alimentos para el país y el resto del mundo. Y con respecto a los cultivos de coca y marihuana, sembrados masivamente en estas tierras, cree que la región podría ser líder en el debate de su legalización.
“El mismo presidente Santos ha reconocido la necesidad de abrir el debate y empezar a hablar de legalización. Y en Estados Unidos la comercialización de productos derivados de la marihuana se está convirtiendo en una de las transacciones económicas más importantes, porque no es solamente un psicotrópico, sino que tiene otros usos. Al igual que la coca, que no sirve solamente para elaborar cocaína, sino otros productos benéficos para la salud humana”, dice el profesor Eliécer.
Estos son algunos de los tópicos que se abordan hoy día en la región del Bajo Cauca, donde urge convertir guerra en paz e ilegalidad en legalidad: temas que siguen abiertos.
