Los permanentes conflictos en diferentes zonas de La Larga Tumaradó, entre reclamantes que retornaron sin acompañamiento institucional a sus antiguos predios y empresarios que intentan desalojarlos por todos los medios, llevaron a que el 12 de diciembre de 2014 el Juez de Restitución de Tierras de Quibó emitiera el auto 00181, que dictó medidas cautelares para proteger a los reclamantes. Sin embargo, de las 14 órdenes emitidas solo dos se han cumplido. Pasa el tiempo y las tensiones tienden a incrementarse.
El conflicto entre terratenientes y reclamantes ha generado agresiones, amenazas, desalojos e incluso confrontaciones con las autoridades. De parte y parte se denuncian afectaciones a cultivos y ganados, extracciones de madera y destrucción ambiental a bosques y humedales. Pero el asunto es más complejo. Esta lucha por la restitución de tierras ocurre en un territorio que tiene un título colectivo y que por ley debería ser solo de los afros.
El asunto no es fácil de resolver. El consejo comunitario fue creado en el año 2000 pero hay reclamantes, en su mayoría mestizos, solicitando predios que les fueron titulados por el Incora o el Incoder entre los años setentas y noventas, mucho antes de que se diera el título a los afros. Algunos de esos reclamantes ya fueron restituidos y recuperaron sus títulos individuales dentro de este territorio colectivo.
De otro lado están los empresarios que poseen grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería, la palma, el banano y la explotación maderera. Algunos de estos terratenientes han sido acusados e incluso investigados por despojo de tierras, y en la actualidad varios de sus predios están siendo reclamados por víctimas que, argumentan, fueron desplazadas y obligadas a vender presionadas por los grupos paramilitares.
En esta zona actuó Frente Alex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que fue comandado por Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro Bonito”, quien en sus versiones libres de Justicia y Paz entregó a la Fiscalía un listado de empresarios que, según él, colaboraron con el paramilitarismo y facilitaron su expansión desde el Eje Bananero (Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó) hacia Belén de Bajirá y luego hacia Riosucio (Chocó).
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Así las cosas, un estudio del Cinep revela que de las 107.064 hectáreas que comprende el título de La Larga Tumaradó, el 51% de la tierra está en manos de 6 grandes ocupantes, algunos de ellos acusados de usurpación o despojo violento; el 43% corresponde a tierras inundables y por ende improductivas; el 3%se encuentra titulado individualmente con anterioridad al título colectivo; y el 3% restante es apenas lo que tienen las comunidades afrodescendientes[i]. Según la investigación, el 94% de la tierra productiva la tienen los ocupantes.
En este contexto, el juez Mario Lozano Madrid, quien profirió el auto 00181,explicó que luego de emitida la medida cautelar “se empezaron a recibir una serie de amenazas y circunstancias que comprometían no solo a los grandes ocupantes sino a miembros de las entidades públicas encargadas del cumplimiento del fallo”.
Por eso, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, su despacho decidió visitar los territorios de La Larga Tumaradó, entre el 11 y el 13 de mayo de 2016, para entender lo que viene pasando. En el recorrido se realizaron audiencias públicas en las zonas más neurálgicas: Macondo, en Turbo Antioquia; Madre Unión y La Punta, en Río Sucio Chocó; y Belén de Bajirá, actualmente en litigio entre ambos departamentos. En esos lugares el magistrado recogió de primera mano las quejas y testimonios de los protagonistas de este conflicto: reclamantes, afros y empresarios.
En Macondo están revictimizando a los reclamantes
El consejo comunitario de La Larga Tumaradó cubre territorios del municipio Riosucio en el Urabá chocoano, y de Mutatá y Turbo en el Urabá antioqueño. En esta última región, el corregimiento Macondo ha sido epicentro de retornos sin acompañamiento institucional y, por ende, de conflictos con la restitución de tierras. Según datos de la asociación Tierra y Paz, a este sector han retornado unas 400 personas sin acompañamiento institucional. Allí se dio la primera audiencia pública adelantada por el juez de tierras con las víctimas.
A Macondo llegaron campesinos de ese corregimiento y de Blanquicet, también cobijado en el fallo. Los labriegos expresaron que las instituciones no se están cumpliendo con las órdenes del fallo, en aspectos como: la implementación de medidas colectivas de seguridad para los campesinos desde la UNP y el Ministerio de Defensa; la investigación y captura de quienes amenazan a los reclamantes, orden dada a la Fiscalía; la ayuda humanitaria para las personas, a cargo de la Unidad de Víctimas, el Bienestar Familiar y el Departamento de Prosperidad Social; y la suspensión de los desalojos en tanto no se surtan los procesos de restitución; en este asunto, los labriegos acusan que desde la Inspección de Currulao, Turbo, se continúan adelantando estos procedimientos así como decomisos de ganado.
Igualmente, denunciaron que luego de retornar han sido amenazados por los empresarios y sus trabajadores quienes les han dañado sus cultivos, matado sus animales y destruido sus cercas. La persecución, dice Sigifredo Bravó, líder de la vereda La Florida de Blanquicet, quien tiene medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las agresiones recibidas como reclamante, viene de los terratenientes que “de una u otra manera han tenido la tierra desde el año 1996, tras el ingreso de los paramilitares matando y desplazando a las personas forzadamente y despojando a los campesinos”.
Pero las agresiones no solo afectan a quiénes reclaman sino incluso a quienes ya han sido restituidos. Es el caso de Tarcila Rosa Sánchez,a quien el pasado 20 de enero la Sala Tercera Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, le restituyó 51 hectáreas de la finca Sí se puede, las cuales le habían sido tituladas por el Incora a su esposo Santiago Manuel Peña el 22 de junio de 1984. Otras 149 hectáreas que también pertenecían a la pareja, pero no tenían título, continúan en proceso de restitución.
Santiago Manuel se desplazó primero hacia Chigorodó ante los tiroteos, el asesinato de vecinos por parte del grupo Los Talanqueros y las presiones para vender la tierra. Aunque Tarcila se quedó, luego debió salir cuando un grupo armado no la dejó transitar más por la zona. De acuerdo con la sentencia, “posteriormente una persona conocida como ‘Pacho Castaño’, presunto jefe del grupo criminal ‘Los Talanqueros’, le ofreció a Santiago $15.000.000 y este debido a la violencia aceptó la oferta pero solo recibió $2.000.000”.
Hoy Francisco Castaño la sigue intimidando, dice Tarcila. Por eso, la Defensoría del Pueblo en Urabá le solicitó medidas de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección. “Estoy en la finca, pero ahora estoy más amenazada que antes. Ese señor se adueñó de las hectáreas que no estaban tituladas, el primero de abril entró con 10 máquinas y con unos 30 hombres,que no sé si estarán armados. Están tumbando toda la madera”. La mujer cuenta además que le han matado lechones y una potranca, le robaron una yegua y le han envenenado el agua y el pilón del arroz. “Me di cuenta por los animales —afirma—, les eché arroz a los pollos y yo también hice de ese. Me enfermé del estómago y entonces fui a ver las gallinas y se estaban muriendo”.
Empresarios dicen que la restitución generará más conflicto
En Macondo la jornada debió ser suspendida porque, aunque era exclusivamente para víctimas, hasta allí llegó el representante de los empresarios, opositores en los procesos de restitución, Hipólito Mendoza, acompañado del inspector de Currulao, Iván Darío Vélez, quien ha adelantado operativos de desalojo a reclamantes atendiendo querellas de los finqueros.
El abogado Hipólito es gerente de la asociación de propietarios Tierra, Paz y Futuro y explica que esa organización fue “creada en Urabá ante la necesidad de hacerle ver al Gobierno nacional que están despojando a través de la ley a los nuevos propietarios de tierra, que ni son paramilitares ni son bandidos, son trabajado
res que compraron de buena fe hace 20 o 30 años; y ahora con la ley de restitución se están colando falsos reclamantes generando una nueva ola de violencia”.
Para el jurista, el auto 00181 protege las “invasiones” y ha causado que 500 hectáreas de tierra sean ocupadas por “personas que se sienten con algún derecho”. Esto, dice, “ha generado un gran conflicto social porque los empresarios no pueden aprovechar sus predios, optimizarlos, tener su ganado, cosechar. Eso ha desestimulado la inversión con el agravante que eso genera desempleo. Y estos invasores están talando madera en las reservas que los mismos ganaderos habían dejado”.
Atendiendo también las quejas de los terratenientes, el 12 de mayo el juez de tierras realizó una audiencia con los empresarios en Belén de Bajirá, a donde llegaron unos 30 hacendados. Allí los terratenientes argumentaron que adquirieron sus predios legalmente, denunciaron que el retorno de los reclamantes ha generado conflictos sociales y ambientales,y expresan que su presencia en la región ha traído desarrollo y empleo.
Darío Montoya, es uno de los miembros de la asociación de propietarios. Él tiene dos fincas, una en Belén de Bajirá de 120 hectáreas y otra en Llano Rico de 300 hectáreas. Hasta ahora, dice, no ha tenido problemas con reclamantes, pero ese mismo 12 de mayo “aparecieron los señores de restitución de tierras en la finca de Bajirá diciendo que había un reclamante, pero yo no tenía ni conocimiento. Esa es una tierra que fue adjudicada por el Incoder en 1969 y ya ha pasado por seis manos. Yo la compré en el 2004, entonces no sé qué es lo que me pueden reclamar”.
Según el finquero,“la mayoría de esta gente que reclama son inducidos por el mismo Estado, por el mismo juez de restitución, y ellos son los que están creando este conflicto que se va a extender por mucho tiempo y va a acarrear muchos problemas porque ninguno de los que tuvimos la oportunidad de comprar estas tierras vamos a estar muy de acuerdo con que vengan unos falsos reclamantes a invadirnos las tierras apoyados por el Estado”.
Afros aceptan a reclamantes mestizos en su territorio
En los territorios de la Madre Unión y la Punta en el municipio de Riosucio, Chocó, la situación no es muy diferente de Macondo, Blanquicet o Bajirá en cuanto a agresiones. Además, los reclamantes se quejan de las deficiencias del Estado para cumplir las órdenes del fallo.
Emilse Monterrosa, retorno a la comunidad de la Madre Laura desde el 12 de octubre de 2014, junto a su esposo y sus cuatro hijos. “Cuando llegamos aquí —relata—, teníamos muchas presiones del sector Francisco Castaño —el mismo al que denuncian en Macondo—”.
Pero esa ha sido solo una de las dificultades para Emilse, pues en este caserío, donde habitan 26 familias retornadas, las condiciones de alimentación y vivienda son precarias, especialmente para los menores de edad. Por eso que el ICBF y la Defensoría de Infancia intentaron llevarse a los niños a albergues dado que se encontraban bajos de peso, sin embargo las condiciones de esos sitios no fueron las ideales y las personas regresaron. Además, explica la mujer, “el auto 00181 dice que las entidades tienen que prestarnos atención urgente aquí en el territorio. Luego de que hicimos denuncias que vino el ICBF y nos ofreció unos desayunos para los niños pero solo fue por cinco meses, después no llego más nada”.
Para Borlyn Valencia, representante legal del consejo comunitario, “toda la problemática que se viene presentando se debe a que en su momento la institucionalidad no le ha parado bolas a lo que se viene presentando y vemos que hoy algunos funcionarios están más a favor del terrateniente y que del campesino; en un territorio que es colectivo y que, dice la ley, nadie lo puede vender ni embargar, entonces no entendemos de qué forma llegaron a manos de los grandes terratenientes que ni siquiera hacen parte de la comunidad”.
Sobre la presencia y las restituciones individuales a campesinos mestizos, Borlyn aclaró que para el consejo comunitario esos labriegos “tienen derecho a estar ahí, porque cuando se creó el concejo comunitario ellos ya estaban, entonces fueron incluidos dentro del territorio”. Esto está inscrito en el reglamento interno del consejo que, bajo el Decreto 1745 de 1995, contiene el “criterio adicional de residencia por un tiempo no inferior a diez años, para poder gozar plenamente de los derechos colectivos propios de las comunidades negras, independientemente del origen étnico”[ii].
Luego de escuchar todos estos testimonios, el juez Mario Lozano fue claro en decir que le preocupa el estado de satisfacción de las órdenes emitidas, la continuidad de las amenazas y otras situaciones con las víctimas que hasta ahora pudo conocer su despacho. Los hallazgos recogidos en las audiencias serán revisados por la sala bien sea para modificar el auto proferido o para emitir otra medida cautelar que responda con más fuerza a este complicado contexto.
[i] Guerrero Juan Pablo et. Al., Comunidad de Aprendizaje Comparte, aportes desde el Cinep al módulo 2: identificación de las experiencias económico productivas, Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/Programa por la Paz), Bogotá, abril de 2012, p. 3.
[ii]Marie Rosas Emili, “Conflicto interétnico en la subregión del Bajo Atrato (Chocó) y ruptura de procesos comunitarios”, en Criterio Jurídico Garantista. Año 5, No. 9. Jul.-Dic. de 2013. issn: 2145-3381. Fundación Universidad Autónoma de Colombia, Bogotá, p. 88.
