El conflicto en el Bajo Cauca es un conflicto cultural. Sí, eso es cultural, es una cultura del conflicto. Aquí tiene que hacerse un trabajo de concertación integral y un trabajo psicosocial grande. Si no, no habrá transformación. Y no solo hacerlo con los reincorporados, sino con la población en general.

Esta es mi historia. Me presento: no le digo cuál es mi nombre, pero sí que soy habitante de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, y que soy líder de una organización de campesinos. Desde los 14 años era líder sin saberlo. En la vereda en la que crecí conformé un grupo juvenil, hacíamos torneos de bolitas de cristal, nos inventábamos esas vainas, era una especie de convite. Yo lideraba eso, pero no sabía qué era un líder.

Mi abuelo materno era de Apartadó, en Urabá, y mi abuela del Norte de Antioquia. Se conocieron en Tarazá y aquí crio a sus hijos y a parte de sus nietos. Él vino buscando oportunidades y alejándose de la violencia que había sido durita por allá. Mi papá, en cambio, venía de Valdivia, era agricultor, y por ahí se encontró con mi mamá.

Hace unos treinta años la gente se dedicaba a la minería artesanal, con pala, batea y cajón, sin maquinaria; y a la pesca y la agricultura, como mi papá, que tenía una coquera de unas tres o cuatro hectáreas. Es que antes, como en el sector de Cañón de las Iglesias había café y piña, incluso en la hacienda que trabajaba mi abuelo había muchas hectáreas sembradas con plátano. De esas haciendas salía lo que era el queso y la leche. Incluso, cuando yo tenía unos 13, 14 años, fui a una finca de lechería donde trabajaba una tía mía. Me fui a joder allá, me pagaban una miseria para encerrar el ganado, porque me gustaba mucho, y para madrugar a ordeñar.

Pero todo ha disminuido mucho, ¿cierto? Porque ha decaído la economía de la pesca con la contingencia de Hidroituango, y lo otro es que la agricultura se convirtió en siembra de cultivos de uso ilícito; y también llegaron los grandes mineros con sus maquinarias a hacer explotación.

Ojalá no hubiera crecido la población en Tarazá, porque también creció el conflicto. Era mejor que se hubiera quedado chiquito, con menos conflicto, a que hubiera crecido como ahora. Antes había más tranquilidad, de pronto había un muerto, y era porque la misma gente se mataba a machete por peleas de borrachos, pero no porque otro bandido estaba esperando para matarlo o, muchas veces, como hoy en día, que van hasta su casa y lo sacan de ella para matarlo.

Las épocas más violentas en Tarazá sucedieron entre 1995 y 2006, entre 2008 y 2011 y entre 2017 y ahora. ¿Qué pasó? En esos años ha habido de todo… desapariciones, masacres. Por eso digo de todo, sin desconocer que en otros tiempos hubo conflicto, sí había, pero no tan fuerte como en esos tiempos.

Que yo me acuerde, los primeros grupos armados que aparecieron fueron el EPL y el ELN, y luego las Farc. Ya en el 95 para acá, no digamos que llegaron, porque esos condenados ya estaban, lo que pasa es que andaban clandestinos, ahí se visibiliza la lluvia paramilitar.
Antes de que aparecieran estaban los cultivos de coca. Las guerrillas, en principio, prohibieron la siembra y a varias personas las hicieron arrancar las matas, pero después se dieron cuenta que eso ya estaba ahí y lo podían aprovechar como economía de sostenibilidad, como ellos lo llamaban, entonces dejaron lo que había, pero no dejaron sembrar más.

Parque principal de Tarazá, Antioquia. Foto: IPC.

Ya con el tiempo vieron que estaban perdiendo plata, entonces permitieron que la gente siguiera sembrando coca. Es la diferencia con el contexto del paramilitarismo, que uno sabe que llegó con un objetivo específico como grupo contrainsurgente, eso llegó para acabar las guerrillas, porque la guerra era contra ellas, aunque llegaban a engañar a la gente diciendo que eran los que iban a proteger la población. Pero entonces cuando ellos se posesionan y toman el control de los territorios es donde se ve la expansión de los cultivos de coca, las grandes minerías y las grandes empresas en el Bajo Cauca. Ellos traían sus objetivos.
El año 2000 marca un quiebre porque ahí se intensifica el cultivo de coca, se arraiga y la economía se transforma. Me refiero a que en algún momento de la historia la gente veía como normal trabajar en coca.

Yo también cultivé coca, pero en los últimos doce años me fui encarretando con los procesos sociales y comunitarios y me vinculé con una asociación de campesinos, y desde ahí se buscaba una propuesta y se organizó a la gente para que hiciera resistencia a los operativos de erradicaciones forzosas; no por defender el cultivo o fortalecer el narcotráfico, sino como alternativa del derecho al trabajo y a la alimentación.

Cuando se hacían protestas era con propuestas. No se iba solamente con que ‘no queremos que nos arranquen’; no, sino que también se iba con propuestas: si nos van a arrancar el cultivo, entonces transformen el territorio, necesitamos inversión social, construcciones de vías, de proyectos productivos como estilo de vida económica familiar y listo, arrancamos el cultivo. Esas eran las propuestas que nosotros hacíamos y nunca fue posible lograrlo, hasta que, no sé si sería afortunado o desafortunado, salió en el Acuerdo de Paz lo del programa integral de sustitución. En 2017 me acogí al programa y desde ahí no he vivido de un palo de coca, mi intención es alejarme de esa economía.

Entonces cuando ya se posesiona el programa, había que demostrar que la coca sí estaba creada como una actividad económica en pro del derecho al trabajo, como un eje de resistencia en defensa de los derechos humanos, mostrar cuáles eran los compromisos que las comunidades les proponían al Gobierno en ese entonces: listo, nosotros nos acogemos porque este no es el fin de nosotros, pero si ustedes no nos cumplen, nosotros más coca sembramos. Si ustedes no nos cumplen, téngalo por seguro que, si yo tengo dos hectáreas, a la próxima siembro tres o cuatro.

Y pues ahora este Gobierno actual tiene otro programa de sustitución que es similar, que es dizque “hecho a la medida”, pero eso no mide nada. De todos estos programas que se han hecho quedan cositas, pero no transforman territorio. Entonces digamos que esa transformación de economía ha sido imposible, no por falta de voluntad política de parte de las comunidades sino porque no hemos tenido respuesta y voluntad política de la parte institucional. Fue imposible establecer otro tipo de economía que le dé la tranquilidad y la estabilidad a una familia en el territorio.

Pero volviendo con el conflicto, todos han tenido sus afectaciones y sus impactos en la comunidad, pero el que ha tenido más afectación ha sido desde el 2017 hasta la fecha en que estamos viviendo. Uno, ha sido más fuerte porque ha habido un desarraigo social grande, no solamente en el municipio de Tarazá sino en todo el Bajo Cauca; dos, ha habido una cantidad de muertos, de personas inocentes que han muerto allí, compañeros nuestros de la organización, de la que soy líder desde 2016. A nosotros nos han matado alrededor de 14 líderes, aparte de unos socios que son como cinco o seis; a eso se le suman unos 10 desplazados, líderes que tenemos nosotros, que por todos son como 90 y pedazo.

Y digamos que todo esto daña no solamente un tejido social que estaba organizado y posesionado en este territorio, sino que también daña lo que es un sueño y un futuro de vida de la región, porque digamos que debido al conflicto que ha habido, se bajaron las presiones sociales en el municipio, y que a causa de eso se ha perdido lo que es el cumplimiento del Acuerdo de Paz, los pactos que hizo el Gobierno con la comunidad en pro de lo que estaba en el marco del Acuerdo como los planes integrales de sustitución, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Porque el análisis y el contexto que nosotros le damos a ese conflicto es el mismo que teníamos en el 97 hasta el 2006, o sea, que hay mucha connivencia y familiaridad entre Estado y paramilitares.

Para mí la fuerza pública del Bajo Cauca no me representa como Estado, ni a nosotros como comunidad. Hasta 2017, luego del Acuerdo de Paz, en la fuerza pública del territorio había coroneles y personas con las que uno podía conversar y que uno sentía ese respaldo de la institución.

Al día de hoy es un riesgo hablar con un tipo de la fuerza pública, porque usted no sabe si está hablando con un coronel o con un comandante de otro tipo de ejército. Le decía yo a un sargento del Ejército y a un teniente de la Policía en La Caucana que decía que nosotros no denunciábamos, y yo le decía que yo me sentaba más fácil, más tranquilo a hablar con un bandido, sabiendo que era bandido, que hablar con ellos que eran de la Fuerza Pública y que supuestamente representaban nuestras instituciones. No me miró muy bonito y me dijo: ‘¿Por qué?’, y yo le dije: ‘Porque el bandido yo sé que es bandido y sé las consecuencias si le digo algo que no le guste, pero si yo llego y me destapo y le digo cosas a usted, de ahí para allá no sé si la información que le di se la pasa a otro bandido más bandido que usted’. Porque en Tarazá ha habido bastantes falsos positivos, agresiones contra la población. A veces no vemos el Ejército como una institución del Estado sino como un grupo armado más, así sea legal.

Por otro lado, y eso lo vimos desde los 90 hasta el 2006, es que el paramilitarismo buscaba desaparecer los organismos comunitarios y sociales, como las JAC; no fortalecían los procesos sino que miraban cómo debilitarlos, porque solamente les interesaba la explotación económica del territorio. Esa es una diferencia con las guerrillas, que tuvieron una incidencia más fuerte porque orientaban a las comunidades o les metían ese chip político. Desde el 2007 para acá, luego de la desmovilización, vuelve y se realza la voz de la lucha campesina en el Bajo Cauca, específicamente en Tarazá. Entonces vuelve el fortalecimiento de las juntas, las comunidades se organizan y se fortalecen en pro de la lucha por la defensa del territorio y el desarrollo económico de las comunidades.

Yo fui presidente de la junta de mi vereda desde 2011 hasta 2017. Nosotros teníamos nuestra huerta comunitaria de unas tres hectáreas, con plátano y yuca para el consumo comunitario. Nos pusimos una regla de que cada una de las 35 familias debía tener un palo de yuca en su casa para que no se perdiera la cultura, pues nosotros nos llamábamos agrococaleros, no solo cultivábamos coca. Ayudé a crear la junta y organizaba a la gente para arreglar los caminos y las carreteras.

Mire, las juntas de acción comunal no solo en una vereda sino en todo un territorio, son demasiado importantes porque son el eje político de desarrollo social y de protección. Es que cuando usted se consigue personería jurídica, a usted le duele ese territorio, entonces usted comienza a crear estrategias para protegerlo y a hacer planes de convivencia dentro de las asambleas comunitarias. Es decir: este palo no lo podemos cortar porque dañamos una cuenca hídrica, este perro muerto no lo podemos tirar a esta quebrada porque le estamos haciendo una afectación al corredor hídrico.

Si bien desde Asocbac representamos a 72 juntas de Tarazá y Puerto Valdivia, sabemos que otra vez hay una debilidad organizativa y comunitaria grande. Porque debido al conflicto que se ha presentado desde el 2017 hacia esta parte, no digamos que apareció porque el conflicto siempre lo ha habido, pero digamos que se fortalece un conflicto demasiado fuerte en el Bajo Cauca y más en los municipios de Cáceres y Tarazá, en El Bagre también, pero digamos que hay una debilidad grande en la parte organizativa, comunitaria y social, porque debido a la pandemia se aplazaron las asambleas comunitarias para las elecciones de dignatarios de juntas de acción comunal. El año pasado propusimos hacer la asamblea para nombrar los dignatarios y al día de hoy nadie quiere posesionarse para coger un liderazgo en las juntas de acción comunal, porque tienen miedo.

Eso es lo que nos pasa. La pregunta es cómo romper ese círculo de violencia en Tarazá y el Bajo Cauca. Es compleja, pero creo que hay que hacer una consolidación territorial, social y, obviamente, hacer un proceso colectivo de transformación de la cultura como dije al principio. Aquí no debe haber una negociación entre el Gobierno y un grupo armado, tiene que ser general, con todos, con la comunidad también. Es que, por ejemplo, si yo viví todo el tiempo en medio de un conflicto, pues las reparaciones sociales y comunitarias se tienen que negociar ahí, se tiene que hacer una negociación amplia entre actores, gobiernos y comunidad y hacer un pacto, de una manera concertada.

Porque si seguimos a punta de plomo lo que va haber es muertos, muertos y muertos, y más plomo. Entonces debe haber una concertación integral y un trabajo psicosocial grande para que haya una transformación.

Líder de Tarazá