El incesante luto de la desaparición forzada: una viuda historia en el Bajo Cauca

Al 01 de agosto de 2014, en Colombia, el número de víctimas incluidas en el RUV, es de 6’739.978 de las cuales 147.177 corresponden a casos de desaparición forzada. De éstas, 22.514 víctimas de desaparición han sido registradas en Antioquia. [ii]

En la subregión del Bajo Cauca el registro de desaparecidos es de 3.055 personas, de las cuales 934 corresponden a Caucasia, 417 a Cáceres, 351 a El Bagre, 128 a Nechí, 1.057 a Tarazá y 168 a Zaragoza, según las cifras de la Red Nacional de Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV.

Calo desapareció el 9 de febrero del año 2000, cuando salía de trabajar en la empresa Mineros S.A. en el municipio de El Bagre, donde se desempeñaba como mecánico. Antes de salir, como era costumbre, el hombre llamó a su esposa para avisarle que iba de regreso a casa. En aquella ocasión, manifestó que en el camino entraría al municipio de Caucasia para hacer una diligencia.

“Él venía en la moto. Antes de salir llamó y me dijo: ‘voy para allá, paro en Caucasia compro unas cosas y llego a almorzar.’ Nunca más volvimos a saber de él. Se esperó todo ese día, se esperó en la noche. Yo llamaba a la mamá y le preguntaba si él había ido por allá. Qué desesperación tan grande.”

Llora recuerda que la desaparición de su esposo ocurrió un jueves y, como era requisito de ley, debió esperar viernes, sábado y domingo para poner el denuncio y que se diera inicio a la búsqueda.

La espera de tres días que debió soportar Llora, para que se iniciara la búsqueda, ha sido históricamente unas de las principales problemáticas cuando ocurren casos de desaparición forzada, pues las autoridades deberían comenzar las indagaciones de inmediato cuando se reporta el hecho, tal y como lo ordenó la Ley 971 de 2005, por medio de la cual se creó el mecanismo de búsqueda urgente.

Pero aunque existe esta normatividad, en mayo de 2014 el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó un Balance de la acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas, en el cual se concluyó que “el Estado colombiano no ha sido eficaz en cumplir con esas obligaciones. Lo mismo puede decirse del papel del Estado en materia de búsqueda de las víctimas directas de la desaparición forzada.”[iii]

El documento identifica varías situaciones que agravan esta problemática, la primera de ellas, el denominado “mito de las 72 horas”. Al respecto el informe dice:

“… los familiares de las víctimas son usualmente quienes acuden ante la autoridad judicial para solicitar la activación de la Búsqueda Urgente y siguen encontrándose con que los funcionarios se niegan a recibir la solicitud a  menos que hayan transcurrido 72 horas desde el momento en que la persona ha desaparecido. Esto, en clara contravía de las disposiciones normativas generales y las directrices institucionales que la Fiscalía, la Procuraduría, las Fuerzas Militares y la Policía han generado para remover el denominado “mito de las 72 horas”, que le resta toda posibilidad de éxito preventivo al mecanismo, al disminuir ostensiblemente las posibilidades de encontrar con vida al desaparecido a medida que pasa el tiempo.”[iv]

En el caso de Llora, la estrategia de búsqueda de las autoridades duró tanto o menos que la espera. “La policía de Caucasia nos acompañó dos días buscando por los alrededores del municipio, porque fue de allá de dónde se lo llevaron.” En cambio, la mujer activó una búsqueda exhaustiva junto a sus hermanos, quienes son pescadores y la acompañaron en sus recorridos por los ríos de la región.

El segundo hijo: secreto de los esposos

Aun sabiendo que estaba embarazada, Llora recorría en chalupa los ríos del Bajo Cauca, principalmente el río Cauca y el río Nechí, con la esperanza de encontrar el cuerpo de Calo atascado en algún peñasco o encallado en alguna de las playas que forman los sedimentos. Sólo ella y su desaparecido esposo sabían que esperaban un hijo.

Llora tenía cuatro meses de gestación cuando Calo desapareció. Por eso, cuando decidieron llevarla por el río, sus hermanos no notaron el embarazo. Así recorrió las riberas de Cáceres, Nechí, El Bagre, Caucasia y Zaragoza.

“Íbamos por las orillas y dónde encontrábamos cuerpos nos metíamos y con un palo volteábamos los cadáveres –recuerda Llora, hablando con fuerza pero casi sin aire, como si aún estuviera alzando uno de los restos que flotaban en el río-. Porque cuando el cuerpo cae al agua se sopla y se desfigura, queda blanco. Las personas decían, no ésta Llora si es muy verraca. Yo lo volteaba con mi hermano, nos metíamos al agua acá hasta la cintura, pero nadie sabía que yo estaba embarazada. Solo Calo y yo sabíamos que habíamos empezado un nuevo embarazo.”

En el sector de Asturia encontraron 3 cuerpos, muy gordos y muy feos, pero enteros dice Llora, pues en Nechí hallaron dos cuerpos sin cabeza, lo que le causó una gran impresión. Una de las prácticas violentas que utilizaron los paramilitares en varias de las regiones donde operaron, fue la decapitación de sus víctimas con el propósito de infundir terror para consolidar su control social. De ahí que en muchas regiones algunos grupos fueran conocidos como “Los mocha cabezas”.

De esa manera fue expuesto durante la imputación de cargos al ex comandante paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”, comandante del bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, que operó en el Bajo Cauca antioqueño. En audiencia del 12 de septiembre de 2013, Vanoy Murillo aceptó 32 hechos victimizantes entre los que se cuenta la masacre de cuatro personas en la vereda Las Juntas del municipio Valdivia, Norte de Antioquia. Allí, según el relato judicial, los integrantes del bloque Mineros se hicieron llamar “Los mocha cabezas”.

Por este tipo de crímenes a “Cuco Vanoy”, le fue imputado el delito de homicidio agravado con fines de terrorismo. Pero al ex comandante paramilitar también se le imputó secuestro simple, tortura, hurto calificado, creación de escuelas paramilitares, desplazamiento forzado y desaparición forzada, los cuales tuvieron impacto en el Bajo Cauca.

Mientras pudo ocultar su embarazo, Llora continuó la búsqueda que tuvo momentos de esperanza como cuando recibió una llamada en la cual le dijeron que el cuerpo de Calo estaba encallado en el río en un sector conocido como Guaranda, jurisdicción de Nechí.

“Nos llamaron y nos dijeron de pronto es él porque es un cuerpo que está desnudo y tiene algo negro en uno de los glúteos, y nosotros habíamos informado a algunas personas que Calo tenía un lunar en una de las nalgas. Fuimos pero estaba totalmente desfigurado, ya los gallinazos se le habían comido la cara, pero uno lo de uno lo conoce y ese no era.”

Con el paso del tiempo el embarazo se hizo inocultable. Fue en medio de esa tragedia cuando su familia se dio cuenta de que esperaba su segundo hijo. También sus vecinos lo supieron y comentaron con pesar el verla embarazada en tan penosa situación. Entones sus hermanos dejaron de llevarla por el río y ella debió seguir la búsqueda en los pueblos de la región utilizando fotografías de su esposo con la esperanza de que alguien dijera algo de su suerte.

Una pista contundente y una sentencia devastadora

“Ya como nos vieron tan desesperados, yo estaba embarazada del último niño –su segundo hijo-, un día en Caucasia un señor que manejaba un carro me dijo: ‘yo vi al mono, él estaba como esperando, y llegó un señor en una camioneta verde y se lo llevó. Él tenía un pantalón negro, una camisa amarilla de cintas negras y una cachucha negra que en el forcejeo se le cayó.’ Yo le creí -aseguró Llora- porque esa era una de las mudas de ropa que yo le empaqué para el trabajo esa semana.”

Después de meses de búsqueda, esa fue la única información que pudo obtener la viuda con la condición de que no le revelara a nadie la identidad del conductor. Así, Llora se enteró entonces que Calo había desaparecido cerca de la troncal a la Costa Caribe, donde anteriormente estaba ubicada la terminal de Caucasia. Actualmente, en ese lugar hay un almacén Éxito.

Entonces, la viuda mandó a imprimir carteles con fotos de su esposo para distribuirlos en las inmediaciones de la terminal, en la plaza y en otros sitios públicos de Caucasia. Fotografía en mano, la viuda le preguntó por su esposo a los coteros, a los vendedores, a los conductores, pero siempre hubo total silencio.

“Hasta nos atrevimos a ir a dónde un tal ‘camilo’, que era dizque uno de los comandantes de esos grupos –por aquel entonces paramilitares-. Le preguntamos si lo habían cogido o al menos dónde habían tirado su cuerpo o si lo habían enterrado.”

Pero la respuesta del jefe paramilitar fue toda una ironía, casi una recomendación o más bien una sentencia de que nunca encontraría a su esposo y que lo mejor hacer una nueva vida. “Él me dijo: ‘no señora, váyase, críe sus dos hijos, usted quedó muy joven, prepárese y siga adelante con sus hijos”, así le respondió aquel viejo, negrito, bajito, como lo describe Llora.

Llora es una morena bonita, de estatura mediana, cejas gruesas y encrespadas, nariz chata, labios gruesos y cabellera negra. Pese a su tragedia, irradia alegría y fortaleza. Es amable, buena conversadora y de nobles acciones. Desde que enviudó dedicó su vida a sus hijos y a la búsqueda de su esposo. Ella nunca quiso volverse a comprometer, siempre guardó su duelo, pese a ver enviudado joven.

Estando frente a ‘Camilo’, la viuda hizo varias preguntas que aquel hombre se negó a responder y que aún siguen sin respuesta: “¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Por qué desaparecer a alguien así de esa forma? Si hizo algo pues que dejen el cuerpo ahí. Eso ha sido como la lucha estos 14 años. Yo, metida en todo es te cuento, todo lo que tiene que ser con desaparecidos o muertes violentas. Ahí he estado metida porque eso me mueve”, relata Llora con voz temblorosa y casi a punto de llorar.

La búsqueda no cesa: los desaparecidos aguardan en los cementerios del Bajo Cauca

Por la desaparición de Calo, en diciembre de 2013 la familia recibió una reparación administrativa de parte del Gobierno Nacional. Ese dinero llegó a nombre los dos hijos varones que crecieron sin un padre. El mayor, que tenía 4 años cuando desapareció Calo, ahora tiene 18 años y utilizará el dinero de la indemnización para costear sus estudios universitarios en ingeniería automotriz. Pero el hijo menor apenas tiene 14 años y deberá esperar la mayoría de edad para disponer de la indemnización.

Aunque fue reconocida como víctima y reparada por el Estado, Llora continúa buscando a su esposo. La tarea la ha llevado incluso a los cementerios de la zona indagando por pistas que le permitan identificar el cadáver de Calo en alguna de las fosas. No obstante, el estado de los camposantos del Bajo Cauca hace imposible esta labor.

La personera de Cáceres, Carmen Cristina Anaya, quien ejerce la secretaría técnica de la Mesa de Desaparición Forzada del Bajo Cauca, constituida en octubre de 2012, denunció que “en general en todos los municipios del Bajo Cauca los cementerios están abandonados por el Estado.”

Muchos de estos cementerios, explica la personera, están siendo administrados por particulares, como los párrocos, situación que según ella no debería darse porque es a estos camposantos a dónde llegan los cadáveres sin identificar y, “en un momento dado por algún manejo inadecuado, estos cadáveres se pasan a una fosa común, lo que es prohibido a nivel legal. Eso dificulta una posible exhumación para identificar a estas personas.”

De acuerdo con la personera, en los cementerios de la región no se lleva un registro de cuántos cadáveres sin identificación ingresan y fuera de eso las fosas en las que son sepultados no están bien identificadas. “La lápida de un cadáver sin identificar debe contener el número de la necropsia, el número de la noticia criminal, la fecha de la inhumación y el sexo, lo que no ocurre en la realidad porque los sepultureros la marcación que hacen es poner las letras N.N».

Pero más grave aún, resulta el hecho de en algunos casos los mismos sepultureros, por desconocimiento, quemaron las ropas de los cadáveres sin identificar, lo que es muy negativo si se tiene en cuenta en que muchos de los casos las víctimas son identificadas porque sus familiares reconocen alguna de las prendas que tenían puestas.

Justamente respondiendo a esta problemática, el Instituto Nacional de Medicina Legal, anunció en noviembre de 2013 que 79 cementerios del país serían intervenidos en una estrategia que busca identificar a más 20 mil personas sin identificar que aparecen en los registros judiciales. Esta iniciativa tiene el apoyo del Ministerio del Interior, la Registraduría Nacional y el CTI de la Fiscalía[v]. Debido a este tipo de situaciones y al deterioro acelerado de los camposantos del Bajo Cauca, que dejan las tumbas sin identificación alguna, la personera Carmen Cristina concluye que los cementerios de la región se están convirtiendo en fosas comunes.

Para Llora este tipo de anuncios se convierten en una esperanza, pero siguen siendo eso, solo esperanza, porque luego de 14 años no ha podido encontrar a su esposo, no ha podido conocer toda la verdad sobre por qué lo desaparecieron y no ha podido lograr que haya justicia sobre las personas que cometieron este crimen de lesa humanidad.

Llora espera lo que esperan todos los familiares de víctimas de desaparición forzada, que se cumplan sus derechos como víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, pero sobre todo que sus seres queridos sean encontrados, vivos si es posible o de lo contrario muertos para poder llorarlos en cristiana sepultura y así poder calmar esa angustia de no saber dónde están los desaparecidos.