Si la CIDH falla contra el Estado colombiano por el caso de la Comuna 13, el ex presidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, podría ser investigado nuevamente. También podría ser investigado el ex alcalde Luis Pérez Gutiérrez, hoy candidato a la Gobernación de Antioquia por el partido Liberal.

Así lo reveló María Victoria Fallon, abogada del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), que representa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la demanda contra el Estado colombiano por las agresiones a las lideresas Ana Teresa Yarce quien fue asesinada, Miriam Eugenia Rúa, Luz Dary Ospina, María del Socorro Mosquera y Mery del Socorro Naranjo y sus familiares, por hechos ocurridos en la Comuna 13 durante el año 2002 con énfasis en la Operación Orión.

Al indagar a la abogada sobre los alcances que podría tener la compulsa de copias de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín para que se investigue al ex presidente Uribe por hechos relacionados con la masacre del Aro cuando era Gobernador de Antioquia, la jurista afirmó que de tiempo atrás la Fiscalía ha conocido pruebas contra el ex mandatario, pero que éstas han pasado de un lado para otro sin que en realidad se haya hecho algo.

“No es cierto lo que dice el abogado defensor del ex presidente Álvaro Uribe Vélez que otra vez con lo mismo y que eso ya se investigó y que eso ya se solucionó. Pues no, si eso ya se hubiera investigado y si ya hubiera dicho que no hay ninguna responsabilidad, pues no habría lugar a investigarlo de nuevo. El problema ha sido ese, el problema es que no se ha investigado nunca”, planteó la abogada.

Esto fue lo que dijo María Victoria Fallón, en entrevista con la Agencia de Prensa del IPC, durante el acto de conmemoración por los 13 años de la Operación Orión, el cual se realizó en la mañana de este viernes 16 de octubre en La Escombrera donde se adelanta la búsqueda de al menos medio centenar de víctimas de desaparición forzada.

Trece años después de la Operación Orión, ¿cómo ve la situación en la Comuna 13?

La situación no ha mejorado, y de alguna manera me preocupa lo que la Alcaldía de Medellín ha estado haciendo alrededor de La Escombrera, porque puede llegar a ser una utilización del dolor de las víctimas. El esfuerzo y el trabajo que han hecho las señoras que han estado trabajando todos estos años por encontrar a sus hijos, puede ser utilizado para, entre otras cosas, opacar una serie de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en esa época también muy graves. O sea, en la Operación Orión y en las operaciones militares que hubo en el 2002 fueron asesinadas muchas personas, fueron desaparecidas muchas otras, hubo detenciones masivas, violaciones al derecho a la libertad, al derecho a la integridad, que están totalmente en la impunidad. Lo más grave, le entregaron la Comuna 13 al paramilitarismo como un mecanismo para garantizar que lo que en ese momento se iba a iniciar, que era la desmovilización del bloque Cacique Nutibara, tuviera un espacio donde garantizar ese proceso. Todo eso está quedando difuso en este momento a raíz de la coyuntura que significa esta búsqueda de restos.

Además, no vemos una transformación en la comuna. Los actores —armados— se han reacomodado, el microtráfico está apoderado de los barrios, la comuna sigue dividida en sectores que tienen dueños, siguen existiendo fronteras invisibles. La situación en realidad no ha variado y los responsables políticos y militares de todo lo que ocurrió en 2002, hasta este momento, no han sido llevados a juicio. Algunos de los paramilitares que participaron en los hechos con “Don Berna” —Diego Fernando Murillo, comandante del bloque Cacique Nutibara—, trabajando mancomunadamente con Policía y Ejército, y con la connivencia silenciosa de la Fiscalía que se prestó para que estas acciones se llevaron a cabo; han dicho cosas en sus versiones, pero en verdad los responsables hasta este momento siguen libres de cualquier investigación.

Nosotros esperamos que el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las cinco lideresas, entre ellas Ana Teresa Yarce que fue asesinada, dé pie para que la Corte declare la responsabilidad del Estado colombiano sobre estos hechos y que con esa declaratoria realmente se desarrolle un plan de investigaciones metódicas con planes orientados realmente a buscar cuál es la responsabilidad que cabe en autoridades civiles y militares.

¿Hace cuánto se interpuso el caso de las lideresas ante la CIDH y cuál es su estado actual?

Los procesos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tienen dos etapas: uno en la Comisión Interamericana que inicio en 2006 y al terminar ese proceso en 2013, entró la demanda ante la Corte Interamericana que tiene una etapa escrita, luego una oral y finalmente la sentencia. Ya culminó la etapa escrita, y el 26 de julio de este año se hizo la audiencia donde se recibieron testigos, peritos y donde las partes hicimos nuestros alegatos. Se entregaron los alegatos de conclusión y en este momento esperamos que la Corte dicte sentencia. No hay una fecha definida para la sentencia, la Corte se puede tomar un año. Lo que creemos es que es probable que salga este año o en el primer trimestre del próximo porque hay un cambio en la composición de la Corte.

Nuestra expectativa es que si la Corte declara culpable al Estado colombiano por las violaciones múltiples que ocurrieron durante la Operación Orión, eso obliga a que el Estado inicie un plan metodológico que lleve a establecer, no solo cuáles paramilitares participaron, sino cuáles funcionarios civiles y militares participaron en esos hechos.

Con nombre propio, ¿quiénes podrían ser investigados?

De hecho ya hay una investigación penal en este momento sobre los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego, ex comandantes de la IV Brigada del Ejército y de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, respectivamente. La investigación está a cargo del Fiscal Tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Pero, lógicamente, también podrían ser investigados el alcalde de esa época Luis Pérez Gutiérrez —hoy candidato a la Gobernación de Antioquia por el partido Liberal—, y el presidente de ese entonces Álvaro Uribe Vélez —actualmente Senador de la República por el Centro Democrático—, que fue quien determinó y autorizó la realización de la Operación Orión en ese momento.

Justamente el pasado 15 de octubre la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en un fallo contra varios paramilitares por la masacre de El Aro, ratificó la compulsa de copias para que se investigué al entonces Gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. El fallo refirió los hechos ocurridos en esa masacre y también la Operación Orión ¿Qué representa esto para el país y para la justicia?

La verdad creo que no mucho, porque la prueba no es nueva, está ahí, ha obrado en expedientes judiciales desde hace 15 años. Entonces no hay prueba nueva. De pronto pueden surgir testimonios de paramilitares que se puedan constituir como declaraciones nuevas. Pero en realidad hay una prueba muy vieja que se ha conocido en la Fiscalía y que ha pasado de un lado para otro pero que en realidad no se ha hecho nada.

Y no es cierto lo que dice el abogado defensor del ex presidente Álvaro Uribe Vélez que otra vez con lo mismo y que eso ya se investigó y que eso ya se solucionó. Pues no, si eso ya se hubiera investigado y si ya hubiera dicho que no hay ninguna responsabilidad, pues no habría lugar a investigarlo de nuevo. El problema ha sido ese, el problema es que no se ha investigado nunca. Y con el ambiente político que hay y los intereses que puede haber en la Fiscalía General de la Nación, uno no ve con mucha claridad el momento en que otra vez se plantea el tema, y si esta vez sí va a ser la vez en que efectivamente se va a investigar.

Yo me uno a las voces que han dicho: bueno, pues que se investigue y si el ex presidente efectivamente no tiene ninguna responsabilidad pues mejor para él, pero eso no se ha hecho.

En últimas por qué no se investiga: ¿hay impunidad? ¿El aparato judicial no funciona como debiera?

Yo creo que el aparato judicial es un reflejo en gran medida de lo que es la sociedad colombiana. Hace ocho días una revista saca un artículo en relación con ese tema y hace una afirmación como esta: “a quién le cabe en la cabeza que un alto funcionario como un Gobernador de un departamento, pueda estar vinculado a hechos tan atroces”.

Al leer eso yo decía: pero este no conoce la historia colombiana y no conoce la historia latinoamericana, porque no conoce lo que pasó con Fujimori, no conoce lo que pasó con Pinochet, no conoce lo que pasó con muchísimos presidentes y autoridades públicas que han estado vinculados a crímenes atroces y que finalmente sus respectivos Estados tomaron la decisión la decisión de investigarlos, juzgarlos y sancionarlos.

Entonces yo pienso que “los colombianos tenemos la Fiscalía que nos merecemos”.