En julio de 2019, Eliana Jaramillo fue designada como directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Antioquia, responsable de 104 municipios, sin contar las regiones Urabá, Bajo Cauca y el municipio de Yondó.
Esta abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, así como jueza de la república, uno de ellos como jueza de tierras en Urabá, prefiere hablar de asuntos administrativos por encima de los políticos, pues la discusión sobre la ampliación de la Ley de Víctimas, dice, le corresponde al Congreso. En octubre pasado, Andrés Castro, director nacional de la URT, le dijo a la Corte Constitucional que no era necesaria ampliar la Ley y que en dos años podrían dar por finalizado su trabajo. Sin embargo, la Corte le exigió al Congreso que adoptara decisiones “en relación con la prórroga o con la adopción de un régimen de protección a las víctimas que garantice adecuadamente sus derechos”. Si este no lo hace, la Ley se prorrogará automáticamente una década más.
En esta entrevista con la Agencia de Prensa IPC, Eliana Jaramillo se centra en las metas que tienen en el departamento a 2021, cuando se cumplan diez años de la Ley de Víctimas, en las dificultades para restituir y en el inicio de las labores en 24 municipios.
IPC. Con la decisión en la Corte de prorrogar la Ley, ¿cuáles son los ajustes que se deben hacer a la Ley?
E.J. No me aventuraría a decir qué se debe cambiar de la Ley de restitución, eso lo debe hacer el Congreso con los grupos que lleguen allí de la ciudadanía.
IPC. ¿Era necesaria la ampliación de la Ley de Víctimas y Restitución?
E.J. Todo dependerá de lo que el Congreso estime con el gobierno. El presidente Duque lo ha indicado, que en su momento expresará las razones por las cuales se deba continuar con la Ley.
IPC. Ustedes anunciaron que inician la etapa administrativa en 24 municipios de Antioquia, ¿por qué en estos lugares?
E.J. Continuaremos interviniendo Granada y San Carlos, pero la idea es irnos a esos territorios donde no hemos ingresado, porque dentro de la agenda de la Unidad hay un itinerario y se va atendiendo si están dadas las condiciones de seguridad para ingresar. Estos municipios estaban a la espera de intervención, y ya, teniendo el aval de la fuerza pública, están programados para intervenir este año.
IPC. En contraste, en los últimos meses de 2019 ustedes hablaron de que no podían continuar la restitución en algunos lugares por condiciones de seguridad, ¿cómo sigue esta situación?
E.J. Sigue igual. Segovia y Remedios son municipios donde se intervino, se microfocalizó, existe un polígono microfocalizado, pero se suspendió porque las condiciones de seguridad cambiaron. Si no están dadas las condiciones, no podemos continuar. En otros municipios como Amalfi, Briceño e Ituango no hemos avanzado porque no están microfocalizados.
IPC. Cuáles son las zonas vedadas para la restitución de tierras en Antioquia.
E.J. En lo que nos compete a nosotros son esos cinco municipios. No sé si el término sea vedado, pero por el momento no podemos continuar interviniendo en los que estábamos.
IPC. ¿En qué etapa se encuentran los casos de Medellín y Valle de Aburrá?
E.J. El Área Metropolitana aún no está en etapa administrativa porque la institucionalidad está preparada para atender a los solicitantes de la zona rural. Para la zona urbana tenemos que convocar a la municipalidad, a la Gobernación, para que ajusten la institucionalidad para la restitución. Digamos que los proyectos productivos están implementados para la zona rural; es distinto pensarse esos proyectos productivos para la ciudad.
Nosotros en Área Metropolitana vamos a intervenir La Estrella. Allá tenemos pocas solicitudes, pero están dadas todas las condiciones, además están en zona rural. En cambio, lo que es Medellín o Bello, todo es en zona urbana.
IPC. Cuál es la diferencia de los casos de reclamación de tierras entre Urabá y Oriente
E.J. En Urabá las personas sufrieron el despojo como hecho victimizante principal. Y los casos de Oriente están marcados por el desplazamiento. El despojo sucede cuando los solicitantes tuvieron que vender sus tierras a bajo precio o motivados por las condiciones de violencia del lugar, entonces deben perder ese vínculo jurídico de su predio. Y el desplazamiento, por la presencia de grupos armados, se fueron hacia otros lugares.
IPC. ¿Cuál es el número de casos en etapas administrativa y judicial?
E.J. A febrero de 2020 contamos con 1.082 procesos en etapa administrativa. La meta para 2020 es emitir en toda Antioquia cerca de 2.500 decisiones de fondo. Y en etapa judicial, a la fecha hemos presentado ante los jueces de Antioquia 3.810 demandas. En total, hay 841 sentencias de restitución.
IPC. Del total de los casos en el país, solo ha sido restituido el 7% de la tierra, ¿cuál es el cuello de botella de la restitución?
E.J. Es la complejidad, no de la Ley, porque está planteada en términos de posibilidades, de que es posible hacerlo, pero cuando se materializa la Ley y se implementa el proceso administrativo y judiciales, surgen los cuellos de botella, que en la etapa administrativa son técnicos. En el camino se presentan muchas contingencias como la identificación de los predios, la informalidad de la tierra en Colombia, eso ofrece muchos desafíos siempre. Y también, desde el punto de vista social, es difícil ubicar a la población, que va y viene muchas veces, que no tienen un lugar fijo para encontrarlos.
IPC. ¿Cuál es la meta a 2021 cuando se cumplan los primeros diez años de la Ley?
E.J. Atender el grueso de las solicitudes. En Antioquia tenemos alrededor de 21 mil solicitudes. En término de porcentaje, un 59% atendido.
IPC. Con ese porcentaje alcanzado en ocho años, ¿creen que en dos años alcancen el 100%?
E.J. Ahora que estoy de este lado del proceso, uno puede advertir cambios en la manera de funcionar de la URT. Ahora es más eficiente por la organización de los equipos misionales. Tenemos metas altas mensualmente para cumplir. Podría decirte que el modelo de gestión actual está pensado para que a 2021 se atienda, si no a la totalidad, sí a un número cercano.
IPC. ¿Cuáles son las garantías de no repetición para quienes recuperan su tierra
E.J. Por eso hay que garantizar que los territorios estén con condiciones de seguridad para tener esa garantía de no repetición, porque si llegan a territorios seguros podrán quedarse allí y no volverán a sufrir un hecho victimizante.
IPC Es el caso de Urabá. Hay restitución de tierras, pero no hay condiciones de seguridad para los reclamantes…
E.J. Claro, porque hay otros factores de inseguridad que influyen en el territorio, y si no están esas condiciones de seguridad, es muy difícil. El gobierno ha tratado de llegar con los PDET, que son municipios donde hubo fuertes hechos de violencia, y las sentencias de restitución de tierras son importantes para implementar esos PDET.
Lea también: Acciones del Esmad durante disturbios abre discusión sobre políticas de seguridad en Medellín
