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En Antioquia no ceden agresiones contra defensores de Derechos Humanos

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Presentación de informe anual sobre la situación de defensores de derechos humanos en el departamento evidencia que aún está lejos el respeto y la protección de su trabajo.

El aumento en un 51,9 por ciento de las agresiones a defensores de Derechos Humanos en Antioquia, entre enero y noviembre de 2011 con respecto al año inmediatamente anterior, es motivo de preocupación para el nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, del que hacen parte 10 organizaciones no gubernamentales entre las que están la Fundación Sumapaz, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

En este informe se afirma que durante el año fueron reportadas 164 agresiones, entre las que sobresalen los 47 asesinatos y las 57 amenazas individuales contra líderes defensores de derechos humanos.

“Vemos que las agresiones no son ahora a los defensores como tradicionalmente se les reconoce, directivos de organizaciones no gubernamentales por ejemplo, sino que están más ubicadas en los liderazgos sociales, comunitarios y campesinos”, afirmó Diana Barajas, una de las relatoras del informe y coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del IPC.

La situación de los defensores de Derechos Humanos preocupa de cara a la implementación de la Ley de víctimas y de restitución de tierras.
El Valle de Aburrá es la subregión del departamento que concentra más reportes de agresiones. Solo en el Área Metropolitana están documentados los asesinatos de 15 líderes y una lideresa que, según el informe, permanecen en la impunidad. Sobre el caso de Ana Fabricia Córdoba, asesinada el 7 de junio de 2011, Barajas aseveró que no se conoce ningún avance en términos de investigaciones que conduzcan al paradero de los autores materiales e intelectuales del crimen. Además, enfatizó que compañeras de Córdoba están en una situación de riesgo urgente que aún no es resuelta por el Estado.

Líderes de subregiones sufren agresiones diferenciadas

Urabá es la segunda región en Antioquia con el más alto índice de agresiones a los defensores de derechos humanos. Allí sobresalen las presiones contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la problemática con los líderes reclamantes de tierras. “Es grave esta situación de cara a la implementación de la Ley de Víctimas y de restitución de tierras pues todavía no hay garantías de no repetición. La gente no se gana nada con que le devuelvan el título de su tierra si eso los va a llevar a otro ciclo de violencia”, puntualizó Barajas sobre el informe que afirma que, entre 2010 y 2011, han sido asesinados seis miembros de la Asociación Nacional para la Restitución de Tierras, Tierra y Vida.

Con respecto a las demás subregiones de Antioquia sobresalen las detenciones arbitrarias en el norte del departamento, la persecución a la minería artesanal y la aspersión aérea a cultivos lícitos en el Bajo Cauca; los seguimientos y hostigamientos a líderes del nordeste y las amenazas contra defensores en el suroccidente.

“En oriente fue muy complicado recoger información concreta y específica para individualizar los casos. Tenemos conocimiento de líderes que quieren bajar su perfil y no denunciar para poder continuar en sus territorios”, denunció Barajas haciendo referencia a que varios de los reportes conocidos están relacionados con denuncias campesinas que involucran a miembros del ejército con el caso de unas presuntas caletas falsas en el cañón del Melcocho, Carmen de Viboral.  

El informe concluye exigiendo al Gobierno cumplir los compromisos adquiridos para la protección efectiva de los defensores de Derechos Humanos y reitera que dichos compromisos deben ser abordados de manera seria por parte de la administración de Juan Manuel Santos.

“Si bien no asistimos al mismo momento de hace cinco o diez años, no podemos negar que hay ciertas continuidades del conflicto donde un análisis profundo muestra la existencia de una violencia política en un marco delincuencial y narcotraficante. Negarlo permite que se entorpezcan los procesos de justicia, verdad y garantías para la protección de defensores”, concluyó Diana Barajas.