Hasta el corregimiento Macondo del Municipio de Turbo llegó este martes 01 de noviembre la delegación europea que por estos días visita los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca para observar la situación de derechos humanos, el problema estructural de la tierra en Colombia y el contexto del proceso de paz.
La parlamentaria del Parlamento Europeo, Tania González Peñas; la diputada del senado Belga, Olga Zrihen; y la directora adjunta de la ONG Solidaridad Socialista, Pascale Bodinaux; se reunieron en este corregimiento con 50 personas, entre víctimas reclamantes de tierra de la asociación Tierra y Paz, y líderes afros del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó.
Ante la delegación, la comunidad explicó las difíciles situaciones en que vive y las continuaciones agresiones que sufren los reclamantes de tierra, quienes retornaron sin acompañamiento del Estado a los predios que les fueron despojados.
Wilson David Quiroz, líder reclamante de la vereda El Caimán, denunció que los campesinos están siendo atacados por los grandes empresarios que hoy poseen estas tierras y por grupos al margen de la ley. Los ataques van desde amenazas hasta la destrucción de cultivos, agresiones físicas y la quema de las viviendas que construyen los labriegos.
“Hemos venido de cerca para conocer de primera mano casos de desplazamiento forzado de campesinos que han sido despojados de sus tierras con métodos absolutamente violentos; violaciones sistemáticas de derechos humanos, amenazas, hostigamientos e incluso asesinatos”, explicó la parlamentaria española Tania González del Movimiento Podemos.
“El 22 de octubre me tumbaron la casa que construí en madera. Y el 23 salieron a amenazar a la comunidad diciendo que venían los dos hijos de ‘Cuco Vanoy’ –Ramiro Vanoy Murillo, exjefe paramilitar de las AUC– a sacar a la gente que no querían aquí”, denunció Quiroz.
A esto se suma que de manera sistemática, los trabajadores y dueños de las fincas que están en proceso de reclamación cortan las cercas de alambre, que levantan los reclamantes alrededor de sus viviendas, y llevan búfalos a pastar allí para que destruyan los cultivos de los campesinos.
Sandra Lara, cuyo padre reclama un predio en la finca El Popuelo, denunció esa situación ante los delegados europeos, y dijo además que en la vivienda donde habita su familia los agresores cortaron el suministro de agua potable y construyeron una puerta con candado sobre la vía de acceso para restringir la movilidad de los campesinos.
La situación es preocupante, anotó Pablo Antonio López, presidente de junta del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó, “porque ese control territorial que debía estar en manos de nosotros, está en manos de ocho personas que son las que concentraron la tierra, y así no podemos producir lo que queremos, porque a los empresarios les interesa es la palma, el plátano y el ganado que es lo que los beneficia”.
Esto, concluye el líder, genera crisis en la economía de los campesinos que en ocasiones no pueden ni sembrar cultivos de pancoger pese a que el consejo comunitario tiene un título colectivo de 107.064 hectáreas en las cuales hay 45 comunidades que albergan a 1.500 familias de las 3.000 que se desplazaron de este territorio a causa de la violencia.
Según datos del Cinep, el 51% de la tierra del consejo comunitario de La Larga Tumaradó actualmente está en manos de seis grandes ocupantes, algunos de ellos acusados de usurpación o despojo violento; el 43% corresponde a tierras inundables y por ende improductivas; el 3% se encuentra titulado individualmente a campesinos que llegaron antes de que se diera el título colectivo; y el 3% restante es apenas lo que tienen las comunidades afrodescendientes para sí. La investigación concluye que el 94% de la tierra productiva la tienen los ocupantes.
Luego de escuchar a las personas, la parlamentaria Tania González concluye que “la restitución de las tierras no está siendo efectiva todavía. En ese sentido entendemos que es fundamental el problema de las tierras, que es una de las causas estructurales, por no decir la fundamental en el conflicto en Colombia”.
De 150 mil hectáreas de tierras, que se calcula fueron despojadas o abandonadas en Urabá, hasta ahora la Unidad de Restitución de Tierras ha logrado restituir solo 8.420 hectáreas que representan el 5.6%, según datos de la Fundación Forjando Futuros.
Por ello, la europarlamentaria considera “fundamental que en este proceso en el que se está luchando por la paz, a los campesinos les sean restituidas sus tierras y que puedan volver a ellas con garantías para poder realizar su actividad de manera pacífica sin que lleguen a amenazarles y sin que nadie vuelva a echarles de ellas”.
La visita de la delegación europea continúa hasta este miércoles 2 de noviembre en Urabá, donde los delegados se reúnen con líderes de la comunidad de San José de Apartadó y con autoridades de la zona, como el alcalde de Apartadó, Eliécer Arteaga; concejales de la región; la Unidad de Atención para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras.
La visita de la delegación europea a Antioquia inició el pasado lunes 31 de octubre en Medellín y terminará mañana en Bogotá con una rueda de prensa. Allá las tres delegadas, sumadas a los delegados que están en Valle del Cauca y Cundinamarca, presentarán un balance de sus hallazgos en torno a la situación de derechos humanos y contexto de paz en estos tres departamentos del país.
*Para conocer más sobre la visita de la delegación europea, puede ir al siguiente enlace: https://goo.gl/Jjsvoi
